La situación creada por los mencionados fallos es evidentemente caótica y confusa, hasta el punto de ser incomprensible para la mayoría de los paraguayos. Esto me ha motivado a realizar algunas consideraciones de orden jurídico, pero con derivaciones obvias en lo político.
Está fuera de discusión que el Parlamento es el único Poder con facultades para tramitar y juzgar por vía del juicio político. En tal sentido, es acertada la resolución dictada, el 2 de enero de 2010, por el Congreso Nacional, en su Art. 1.
También es cierto que dicho Poder tiene plenas atribuciones para determinar el procedimiento a ser utilizado para tramitar el juicio político. Tanto es así que, en la práctica, el Parlamento ha dictado un reglamento que rige el procedimiento, los plazos, las etapas procesales, etc. Esto es así porque, evidentemente, la Constitución Nacional no podía establecer dicho procedimiento, quedando ello como materia de posterior reglamentación, tal como ha ocurrido.
Por tanto, no parece determinante el argumento de la Corte en el sentido de que un reglamento posterior a los hechos investigados y juzgados en el juicio político, sería causal de nulidad por vía de inconstitucionalidad.
También está fuera de discusión, y ello debe quedar bien en claro, que las consideraciones de fondo, los hechos y circunstancias que se juzgan en un juicio político, son esencialmente de ORDEN POLÍTICO y, en consecuencia, no justiciables.
No lo es para el Ejecutivo, como ya ha quedado demostrado numerosas veces, tanto en nuestro país como en el Derecho Constitucional y en la práctica política comparada.
Para ilustrar esto, podemos mencionar los casos en que diariamente el Poder Judicial (Tribunal de Cuentas) anula decretos del Presidente de la República (Poder Ejecutivo).
Más importante aún es el ejemplo de lo ocurrido con Cubas y Oviedo, por tener directas consecuencias en el orden institucional y, desde luego, en lo político: a los pocos días de asumir la presidencia, Cubas, vía decreto, indultó a Lino Oviedo. Este decreto fue atacado de inconstitucional por el Parlamento Nacional. Recordemos que fue este Poder, el Legislativo, el que accionó contra el decreto de indulto y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción disponiendo la nulidad del decreto. Al negarse Cubas a acatar lo resuelto por la Corte, se generó la situación que dio origen al juicio político del mismo. Como se sabe, el juicio no concluyó en Senadores porque Cubas renunció.
Es un caso palpable y evidente de intervención de un Poder (Judicial) en la actuación de otro (Ejecutivo).
Del mismo modo, se puede afirmar que no es absoluto el principio de no injerencia de otros Poderes en las actuaciones del Parlamento, como pretende establecer, en forma casi autoritaria, el Congreso en su resolución del 2 de enero.
Veamos algunos ejemplos: Una ley de expropiación que no reuniese los requisitos formales indispensables podría ser objeto de una acción de inconstitucionalidad.
Incluso en materia de juicio político, con tan graves consecuencias para el ordenamiento de la República, la violación flagrante de algunas cuestiones básicas de forma podría, a nuestro criterio, ocasionar su nulidad por vía de inconstitucionalidad. Claro, nos estamos refiriendo a cuestiones formales básicas y no al examen del fondo de la cuestión, que será siempre político.
Un ejemplo claro sería el de un juicio aprobado sin reunir los votos necesarios (mayoría absoluta de dos tercios, 30 votos, en Senadores), si se comprobase fehacientemente que solo hubo 29 votos a favor de la aprobación. O se comprobase que ha votado una persona simulando ser un parlamentario, que en ese momento estaba ausente. Son casos extremos que citamos a título ilustrativo, pero que nos muestran claramente que el principio de no justiciabilidad no es absoluto.
Los argumentos de la Corte, en sus resoluciones 951 y 952 se basan fundamentalmente en que no se garantizó debidamente el derecho a la defensa y que el procedimiento aplicado fue reglamentado con posterioridad a los hechos investigados. A nuestro criterio, no constituyen casos extremos como los que mencionamos más arriba y, en consecuencia, no son justiciables.
Se percibe claramente que el Poder Legislativo pretende erigirse en un Poder intocable y que sus actos, cualquiera sea la naturaleza de los mismos, estén totalmente exentos de cualquier juzgamiento. Esto ya ha ocurrido con anterioridad (caso banca de Nicanor, despojada por encima de la resolución de la Justicia Electoral y por simple imposición de la mayoría).
Ahora, nuevamente el Congreso, en tono amenazante, señala que el juicio político es una facultad exclusiva y excluyente (premisa fundamentalmente acertada). Pero luego se excede y advierte a los demás Ministros de la Corte, al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento y al Poder Ejecutivo sobre sus supuestas responsabilidades penales y su "complicidad" con los firmantes de las resoluciones 951 y 952. Incluso, en la intervención de la diputada Masi, se pretendió incluir a los demás Ministros de la Corte como cómplices por haberse inhibido en el caso, y, según ella, facilitar de este modo las precitadas resoluciones. La inhibición no es solo una atribución del magistrado, sino incluso un imperativo, cuando se dan las causales previstas en la ley.
De ningún modo podía la Corte, al hacer lugar a la inconstitucionalidad, disponer que Ríos Ávalos y Fernández Gadea ocupen los lugares vacantes en la Corte. Esto implica una contradicción con el mismo principio de nulidad, por cuanto que, al declarar nulo el juicio político, deberían ocupar el lugar de los que fueron nombrados en su reemplazo, ya que sería también nulo todo el procedimiento institucional (con intervención del Consejo de la Magistratura, Ejecutivo y Legislativo) que determinó el nombramiento de los reemplazantes.
Tampoco podrían haber dispuesto la suspensión del procedimiento de selección correspondiente para llenar los cargos vacantes de Rienzi y Altamirano.
Fuente: Última Hora 05/01/2010
viernes, 29 de enero de 2010
Ejecutivo sospecha de los oviedistas
Allegados al presidente Fernando Lugo sospechan que los oviedistas apoyaron el fallo de la Sala Constitucional, que anula la remoción vía juicio político contra los ministros de la Corte Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, y ordena su reposición. Sin embargo, el titular de Unace, Lino Oviedo, dijo que Lugo es el principal beneficiado con el fallo y se convierte en el “nuevo dictador”.
Lugo prosiguió su análisis ayer a la mañana del cuestionado fallo de la Corte del 30 de diciembre pasado junto a su asesor jurídico Emilio Camacho y el ministro del Interior, Rafael Filizzola.
Sectores cercanos a Lugo dirigen silenciosamente su dedo acusador a los oviedistas, que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia con conexiones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.
Sin dar nombres, Lugo denunció el sábado pasado al titular del Consejo de la Magistratura, Gustavo Mussi (diputado oviedista), de incumplir sus deberes y calificó su actuación de “inaceptable y escandalosa en un estado de derecho” al no remitir al Senado la terna de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, según el comunicado leído en Mburuvicha Róga una hora antes del inicio de la sesión del Congreso.
Visión de Camacho
Camacho se preguntó ayer ante los periodistas: “¿De qué filiación política son los tres magistrados”, refiriéndose a Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada, quienes firmaron el fallo del 30 de diciembre.
Camacho agregó también: “¿Quién los designó? ¿qué Consejo de la Magistratura les ternó? ¿qué Corte Suprema los designó?”. Añadió que el Poder Ejecutivo no participó en la designación de un solo ministro de la Corte. Rechazó de esta manera que el Ejecutivo esté detrás del fallo. Agregó incluso que la representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Amparo Samaniego viuda de Paciello, fue nombrada por el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos y se mantiene en el cargo.
Fuente: ABC Color 04/01/2010
Bajo presión del Parlamento, la Corte debe decidir sobre el fallo
Los ministros de la máxima instancia judicial tienen prevista una sesión especial mañana para tratar la resolución sobre la restitución de dos de sus ex integrantes. Está latente la amenaza de un juicio político.
Fuente: Última Hora 04/01/2010
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos dar una salida al fallo judicial que restituye a los ex ministros de la máxima instancia judicial Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Los actuales ministros se encuentran en una encrucijada, ya que están bajo la presión del Congreso que los amenaza con un juicio político y el dilema de tener que desautorizar una decisión judicial.
De acuerdo a fuentes judiciales, el presidente de la Corte Antonio Fretes convocó a sus colegas a una sesión extraordinaria para mañana, a las 9.30, para tratar el tema.
Es que por aplastante mayoría, el Congreso, que sesionó en forma extraordinaria el sábado pasado, dejó bien clara la película a los ministros: si aceptan el fallo se exponen a un juicio político, y quedó demostrado que tienen los números suficientes para hacerlo.
El pleno de los diputados y senadores presentes por unanimidad aprobó un proyecto de resolución de repudio y rechazo al fallo judicial firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Ynsfrán y Florencio Pedro Almada.
Se aprobó el rechazo de la resolución a la que se consideró nula y se advirtió a los ministros de la Corte, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al Consejo de la Magistratura e incluso al Ejecutivo que se exponían a un juicio político en el caso de que admitan la validez del fallo.
Se había decidido además enviar los antecedentes de los camaristas al Ministerio Público para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal y dar a conocer a la comunidad internacional el grave atentado contra el Estado de Derecho.
FUEGO CRUZADO. Los parlamentarios sobre todo de la oposición y algunos aliancistas, específicamente liberales, apuntan directamente su acusación contra el presidente Fernando Lugo.
Antes de que se dé la sesión extra el sábado pasado e incluso durante la misma se acusó abiertamente al mandatario de estar detrás del fallo judicial.
No sirvió de nada que Lugo horas antes de la sesión del Congreso haya emitido un comunicado en el que negaba su injerencia en el tema y anunciaba incluso la presentación de acciones legales.
Actualmente, el equipo jurídico del Ejecutivo, encabezado por el asesor Emilio Camacho y el procurador general de la República Enrique García, está trabajando sobre el documento.
El ministro del Interior, Rafael Filizzola, indicó ayer que los mismos estaban estudiando la medida legal más viable, pero no supo especificar cuándo se haría la presentación.
Los ex ministros de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea habían sido removidos mediante un juicio político en la era del ex presidente Nicanor Duarte Frutos.
Los camaristas en su resolución favorable hacia los mismos argumentan que no se realizó el debido proceso.
Sin embargo, los parlamentarios que fueron partícipes del juicio político, entre ellos el senador de País Solidario, Carlos Filizzola, sostienen que todo se hizo dentro del marco legal y del debido proceso.
MINISTROS INTOCABLES
Ante la latente amenaza de un juicio político dentro del marco del plan de renovación judicial, los actuales ministros de la Corte se hicieron el favor mutuamente para lograr su inamovilidad hasta los 75 años. Se aseguraron el cargo el actual presidente de la máxima instancia judicial, Antonio Fretes, y sus colegas Víctor Núñez, Alicia Pucheta de Correa, Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco, Miguel Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Este último fue beneficiado recientemente con su inamovilidad dentro del combo de fin de año de la Corte. Este paquete incluye además de esto último, el fallo judicial que restituye a los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, y la inamovilidad de Juan Manual Morales en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Fuente: Última Hora 04/01/2010
Séptimo ministro de la Corte Suprema declarado inamovible
Alcance del control de constitucionalidad propuesto por el participante en el caso concreto
La ación debe prosperar
El peticionante aduce que la norma del artículo 19 de la ley 609/95 colisiona directamente con la formulación constitucional del artículo 261, puesto que la norma madre determina que los ministros de la Corte Suprema de Justicia permanecerán en sus cargos hasta los setenta y cinco años... salvo remoción juicio político mediante. entre tanto, la norma de rango inferior propone que los ministros de la Corte Suprema de Justicia son designados por un período de cinco años, conforme al artículo 252 de la Constitución y 8° de las disposiciones finales y transitorias de la misma, luego de lo cual necesitan de una confirmación, de acuerdo a un procedimiento constitucional..
El artículo 261 de la CN dispone: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplido la edad de setenta y cinco años”. Por su parte el artículo 19 de la ley 609/95 determina: “Cumplido el período para el cual fueron designados, de acuerdo al artículo 252 de la Constitución Nacional y 8° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la misma, los ministros de la Corte Suprema de Justicia seguirán en el ejercicio de las funciones hasta tanto sean confirmados o nombrados sus sucesores conforme con el procedimiento constitucional”.
Descomponiendo estructuralmente la norma del art. 261 de la C.N. se tiene que 1) El adverbio “solo” incluido en la norma traduce que únicamente el juicio político es el mecanismo constitucional a través del cual son removidos de sus cargos los ministros de la Corte Suprema de Justicia; 2) Dejarán de desempeñar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia al cumplir los setenta y cinco años.
Como se puede notar no existe en la norma constitucional, referencia alguna a la confirmación quinquenal en el cargo como requisito para su permanencia, sencillamente se preven dos posibilidades para su retiro, de la función, la remoción por juicio político y la cesación por causa cronológicas. De una interpretación lógica de la misma se desprende que no se requieren confirmaciones quinquenales para ministro de la Corte Suprema de Justicia, tal como la norma de la ley 609/95 lo prescribe. Su inamovilidad en el cargo resulta manifiesta.
Apartado especial
La Constitución ha sido incluido una sección especial referente a la Corte Suprema de Justicia. “En dicha parte se regula lo concerniente a la integración y requisitos (art. 258); deberes y atribuciones (art. 259), deberes y atribuciones de la Sala Constitucional (art. 260) y remoción y cesación (art. 261). El citado art. 252, cuya aplicación se pretende para los ministros de la Corte suprema de Justicia se encuentra ubicado en la sección de disposiciones transitorias.
Si la Constitución hubiera querido que dicha norma le fuera aplicada también a los ministros de la Corte Suprema de Justicia hubiera remitido los requisitos de permanencia en el cargo a su texto. Posiblemente, en lugar del artículo 261, diría: “en lo concerniente a la permanencia en el cargo le será aplicable a los ministros de la Corte Suprema de justicia, lo dispuesto por el artículo 252”. La Constitución Nacional no contiene norma alguna con dicha prescripción. Se cuida muy bien en ubicar lo concerniente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia en cuanto sus requisitos, deberes, atribuciones, cesación, remoción y cesación bajo una sección específica. Dicha sistemática reglamentaria resulta absolutamente necesaria desde que el máximo órgano del Poder Judicial es precisamente la Corte Suprema de Justicia.
Sistemáticamente la norma del artículo 252 de la C.N. es inaplicable a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a sus requisitos de integración, facultades, obligaciones, cesación y remoción está ubicada en un apartado especial. Dicha norma es aplicable a los demás integrantes del Poder Judicial, no así a los ministros de al Corte. Como se ve, recurriendo a la interpretación sistemática de la misma, el resultado será el mismo: la inamovilidad de los ministros de la Corre Suprema de Justicia hasta los setenta y cinco años, salvo remoción por Juicio Político.
Consejo y Senado
En el caso del Consejo de la Magistratura, este tampoco tiene competencia para declarar vacantes cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia, fuera del procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
En esta cuestión tanto la resolución de la Cámara de Senadores, como las decisiones del Consejo de la Magistratura revisten la categoría de los actos de autoridad, puesto que han sido emitidos de órganos con competencias para determinadas materias.
Sin embargo, en este caso, al “no confirmar” a un ministro de la Corte (Senado) y declarar vacancias y convocar a postulantes para dicho cargo (Consejo de la Magistratura), actuaron fuera de sus competencia constitucionalmente establecida, con lo cual se constituyen simples actos de autoridad, mas no existe acto administrativo.
Fuente: ABC Color 04/01/2010
El Jurado analiza hoy si juzga o no a los tres camaristas
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, una vez iniciado el proceso de juzgamiento, tendrá la facultad de amonestar, destituir o absolver a los camaristas Meneleo Insfrán, Florencio Almada y Francisco Recalde.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sesionan en forma extraordinaria esta tarde, a partir de las 16, para analizar si tienen competencia o no en el juzgamiento de los camaristas Meneleo Insfrán, Florencio Almada y Juan Francisco Recalde, quienes mediante un fallo decidieron reincorporar en sus cargos a los ex ministros de la Corte Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos.
El JEM solicitó a la Corte Suprema de Justicia las resoluciones judiciales 951 y 952 emitidas el 30 de diciembre de 2009 por la Sala Constitucional, informó el presidente de aquel organismo juzgador, Enrique Bacchetta.
Dijo que también se pidió al Congreso Nacional el pronunciamiento que realizó contra el fallo, y que le remitan las documentaciones con que cuenta el Consejo de la Magistratura.
Bacchetta refirió que como primera medida deben analizar si tienen competencia o no en el juzgamiento de los camaristas, y "ver si es algo normal cuando se da este tipo de casos".
Dentro de las atribuciones que tiene el JEM, según su titular, puede amonestar a los camaristas como lograr que sean destituidos de sus cargos, o caso contrario, que sean absueltos. "Podemos no iniciar la investigación y de acuerdo a la gravedad se inicia el enjuiciamiento que tiene su proceso", enfatizó.
PROCEDIMIENTO. Una vez que los integrantes del JEM decidan abrir la investigación, se le corre traslado a los afectados, a partir de allí tienen un plazo para contestar y ejercer su defensa.
En caso de que existan hechos controvertidos, se abre la causa. Una vez que se diligencien todas las pruebas, se cierra el periodo probatorio, se llama a alegatos y luego el JEM resuelve.
Bacchetta sostiene que el proceso se iniciará una vez que existan indicios de mal desempeño en las funciones de los tres camaristas citados.
Señala que la decisión que tomen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, sobre la actuación de los camaristas, y declarar inconstitucional el juicio político de los dos ex ministros Ríos Ávalos y Fernández Gadea, es totalmente independiente a lo que resuelva el JEM.
Acerca de la amenaza del Parlamento de impulsar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, en caso de que admitan el fallo de la Sala Constitucional, Bacchetta dijo abstenerse de opinar alegando desconocer el repudio del Congreso.
EL CONSEJO ESPERA LA NOTIFICACIÓN
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Mussi, informó que una vez que sea notificado de los fallos 951 y 952 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, analizarán convocar a una sesión extraordinaria o en todo caso emitir un pronunciamiento.
"Una vez que tenga en mi poder (la notificación) voy a convocarle al vicepresidente Cristóbal Sánchez y probablemente después de haber analizado y consultado con los asesores veremos si amerita convocar a los miembros del Consejo o emitir un pronunciamiento", aseveró.
Indicó que si el Consejo de la Magistratura admite la sentencia serán pasibles de juicio político o sancionados, tal como lo advirtió el Congreso en su sesión conjunta del pasado sábado. "Respetamos lo que decida la Corte", consideró.
Otra de las consecuencias, en caso de que aprueben la sentencia, sería dejar sin efecto el llamado para cubrir la vacancia dejada por el ex ministro de la Corte José Altamirano.
martes 13. Mussi argumentó que hasta la fecha no remitió la terna del Tribunal Superior de Justicia Electoral a la Cámara de Senadores por temor a que ocurra un "nuevo martes 13", en alusión al fallo de reincorporación de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea como ministros de Corte.
ADVERTENCIA DEL CONGRESO SOBRE JUICIO POLÍTICO
En una sesión conjunta, el Congreso en su artículo 5º aprobó por unanimidad advertir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, que en caso de admitir la validez de la sentencia que repone en sus cargos a dos ex ministros de la Corte, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada. La resolución del Parlamento repudia el contenido y los términos de los acuerdos y sentencias 951 y 952 de la Corte.
Fuente: Última Hora 04/01/2010
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sesionan en forma extraordinaria esta tarde, a partir de las 16, para analizar si tienen competencia o no en el juzgamiento de los camaristas Meneleo Insfrán, Florencio Almada y Juan Francisco Recalde, quienes mediante un fallo decidieron reincorporar en sus cargos a los ex ministros de la Corte Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos.
El JEM solicitó a la Corte Suprema de Justicia las resoluciones judiciales 951 y 952 emitidas el 30 de diciembre de 2009 por la Sala Constitucional, informó el presidente de aquel organismo juzgador, Enrique Bacchetta.
Dijo que también se pidió al Congreso Nacional el pronunciamiento que realizó contra el fallo, y que le remitan las documentaciones con que cuenta el Consejo de la Magistratura.
Bacchetta refirió que como primera medida deben analizar si tienen competencia o no en el juzgamiento de los camaristas, y "ver si es algo normal cuando se da este tipo de casos".
Dentro de las atribuciones que tiene el JEM, según su titular, puede amonestar a los camaristas como lograr que sean destituidos de sus cargos, o caso contrario, que sean absueltos. "Podemos no iniciar la investigación y de acuerdo a la gravedad se inicia el enjuiciamiento que tiene su proceso", enfatizó.
PROCEDIMIENTO. Una vez que los integrantes del JEM decidan abrir la investigación, se le corre traslado a los afectados, a partir de allí tienen un plazo para contestar y ejercer su defensa.
En caso de que existan hechos controvertidos, se abre la causa. Una vez que se diligencien todas las pruebas, se cierra el periodo probatorio, se llama a alegatos y luego el JEM resuelve.
Bacchetta sostiene que el proceso se iniciará una vez que existan indicios de mal desempeño en las funciones de los tres camaristas citados.
Señala que la decisión que tomen la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, sobre la actuación de los camaristas, y declarar inconstitucional el juicio político de los dos ex ministros Ríos Ávalos y Fernández Gadea, es totalmente independiente a lo que resuelva el JEM.
Acerca de la amenaza del Parlamento de impulsar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento, en caso de que admitan el fallo de la Sala Constitucional, Bacchetta dijo abstenerse de opinar alegando desconocer el repudio del Congreso.
EL CONSEJO ESPERA LA NOTIFICACIÓN
El presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Mussi, informó que una vez que sea notificado de los fallos 951 y 952 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, analizarán convocar a una sesión extraordinaria o en todo caso emitir un pronunciamiento.
"Una vez que tenga en mi poder (la notificación) voy a convocarle al vicepresidente Cristóbal Sánchez y probablemente después de haber analizado y consultado con los asesores veremos si amerita convocar a los miembros del Consejo o emitir un pronunciamiento", aseveró.
Indicó que si el Consejo de la Magistratura admite la sentencia serán pasibles de juicio político o sancionados, tal como lo advirtió el Congreso en su sesión conjunta del pasado sábado. "Respetamos lo que decida la Corte", consideró.
Otra de las consecuencias, en caso de que aprueben la sentencia, sería dejar sin efecto el llamado para cubrir la vacancia dejada por el ex ministro de la Corte José Altamirano.
martes 13. Mussi argumentó que hasta la fecha no remitió la terna del Tribunal Superior de Justicia Electoral a la Cámara de Senadores por temor a que ocurra un "nuevo martes 13", en alusión al fallo de reincorporación de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea como ministros de Corte.
ADVERTENCIA DEL CONGRESO SOBRE JUICIO POLÍTICO
En una sesión conjunta, el Congreso en su artículo 5º aprobó por unanimidad advertir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, que en caso de admitir la validez de la sentencia que repone en sus cargos a dos ex ministros de la Corte, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada. La resolución del Parlamento repudia el contenido y los términos de los acuerdos y sentencias 951 y 952 de la Corte.
Fuente: Última Hora 04/01/2010
Congreso ignora fallo y amenaza con enjuiciar a la Corte y a Lugo
Con una exitosa convocatoria, senadores y diputados desconocieron la sentencia de la Sala Constitucional que repone a dos ex ministros de la Corte en sus cargos. Camaristas serán juzgados por el JEM mañana.
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
Congreso ignora fallo y amenaza con enjuiciar a la Corte y a Lugo
Con una exitosa convocatoria, senadores y diputados desconocieron la sentencia de la Sala Constitucional que repone a dos ex ministros de la Corte en sus cargos. Camaristas serán juzgados por el JEM mañana.
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
Con una exitosa convocatoria, senadores y diputados desconocieron la sentencia de la Sala Constitucional que repone a dos ex ministros de la Corte en sus cargos. Camaristas serán juzgados por el JEM mañana.
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
En una sesión extraordinaria conjunta y en pleno receso parlamentario, el Congreso sentó su postura y a través de una resolución con olor a declaración de guerra desconoció el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena la reposición en sus cargos de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Asimismo, advirtieron con enjuiciar a los ministros de la Corte, a los miembros del Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Ejecutivo, en caso de que admitan la validez de la sentencia.
Con más de media hora de retraso se inició la sesión, que congregó a 68 diputados y 44 senadores, en el salón bicameral del Congreso.
Los legisladores acordaron remitir los antecedentes del fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada a la Fiscalía, para la investigación de la posible comisión de hechos punibles tipificados en la legislación penal.
Los legisladores, sin disidencia alguna, hicieron una férrea defensa de la competencia exclusiva que tiene el Congreso en cuanto al juicio político.
En unísona voz sostuvieron que cualquier autoridad que invada la competencia constitucional será considerada como contraria al sistema democrático. También repudiaron enérgicamente los fallos 951 y 952 dictados por la Sala Constitucional, que declaran inconstitucional el juicio político a Ríos y a Fernández Gadea.
Instan a los representantes del Poder Legislativo ante el Jurado de Enjuiciamiento a que tomen las medidas correspondientes del caso.
También aprobaron denunciar ante la comunidad internacional ante el Mercosur y el Parlatino "el grave atentado contra el Estado de Derecho y alertar de la delicada crisis desatada".
Fuente: Última Hora 03/01/2010
Hoy se vería quién está detrás del golpe de Estado
El Jurado de Enjuiciamiento analizará este lunes el fallo que repuso a dos ministros de la Corte destituidos en el 2003 por juicio político. Los magistrados que lo suscribieron podrían ser suspendidos por violar el Art. 3 de la Constitución. La actitud de los miembros del Jurado, donde están representados los tres poderes, podría revelar quiénes están detrás del golpe institucional. La Corte Suprema prevé sesionar mañana en forma extraordinaria. Restitución habría sido asesorada desde el extranjero.El presidente del Congreso advierte sobre eventual estallido social.
Fuente: ABC Color 03/01/2010
La Corte habría violado el artículo 3 de la Constitución al atribuirse funciones del Legislativo. El Jurado analiza esta tarde el tema y los magistrados que firmaron el fallo de reincorporación serían suspendidos.
Los juristas coinciden en que la Corte tiene la potestad, por mandato constitucional, de expedirse con relación a acción de inconstitucionalidad. “Esto se funda en el derecho de petición a las autoridades y es básico para un Estado de derecho”, manifestaron los abogados.
Con relación a la justiciabilidad de un acto decisorio de otro órgano constitucional y especialmente cuando se trata de una facultad privativa, como sería el juicio político a cargo exclusivo del Poder Legislativo, la cuestión se torna más compleja porque lo que debe analizarse es si la violación de algún derecho o garantía, que se constate por vía de la inconstitucionalidad, constituye o no una invasión al ámbito del Poder Legislativo.
De cualquier manera, el abuso en el ejercicio del Poder Judicial se daría cuando el fallo repone a los ex ministros por vía de orden imperativa e inexcusable. Esto significa que se anula el juicio político por supuesta violación del derecho a la defensa y al mismo tiempo la Corte se subroga atribuciones privativas del Congreso, ya que directamente tiene por inexistente el juicio político, olvidando que hay una acusación de la Cámara de Diputados. Entonces, el fallo constituye una suerte de absolución, cuya consecuencia es la inmediata reposición de los removidos.
Los miembros del Tribunal de Cuentas, Meneleo Insfrán, Francisco Recalde y Florencia Almada, habrían violado la Constitución (artículo 3). Según los abogados, la naturaleza de este fallo (inédito) se manifiesta cuando cotejamos las típicas resoluciones de la Sala Constitucional, que cuando hace lugar a la acción, se limita a anular y reenviar la cuestión para el enjuiciamiento a cargo del órgano competente. En este caso no, y se ordenó la reposición en el cargo.
Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que la acusación no se anuló. En el fallo no se hizo referencia al tema. Entonces, la misma sigue vigente. El Jurado que analiza hoy el caso está presidido por el abogado Enrique Bacchetta e integrado por los ministros de la Corte Sindulfo Blanco (liberal) y Raúl Torres Kirmser (colorado); los senadores Jorge Oviedo Matto y Miguel Angel González Erico; los diputados José López Chávez y César López. También la abogada Amparo Vda. de Paciello, quien representa al Ejecutivo.
Los miembros van a analizar el fallo, que además ordena al Senado y al Poder Ejecutivo a proseguir con los trámites para llenar la vacancia que dejó en la Corte Wildo Rienzi. Este tema está en campo del Senado, que resolvió elegir entre Emiliano Rolón e Irma Alfonso, ya que Agustín Lovera Cañete no obtuvo el acuerdo del Ejecutivo. La sustitución del ex ministro José Altamirano está en trámite en el Consejo de la Magistratura.
LA CONSTITUCION
Artículo 3. Del Poder Público
El pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley.
Los magistrados Meneleo Insfrán, Francisco Recalde y Florencio Almada habrían violado la disposición constitucional señalada y por eso serían suspendidos hoy por el Jurado.
Fuente: ABC Color 03/01/2010
Lugo niega injerencia en la Corte y accionará contra la sentencia
El presidente de la República salió ayer a dar la cara para tomar distancia de las acusaciones que lo ubican como el ideólogo del "golpe judicial". Para ello, anunció acciones judiciales contra el polémico fallo.
El presidente Fernando Lugo niega toda responsabilidad o incidencia del Poder Ejecutivo en los fallos judiciales que reponen, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Calificó la situación como una "crisis entre los poderes Legislativo y Judicial".
En un comunicado leído por el mandatario en Mburuvicha Róga, el Ejecutivo tomó distancia del fallo que amenaza con un quiebre institucional en la República, tres días después de que los camaristas Juan Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada hayan dado a conocer la polémica sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ.
El presidente destacó que las resoluciones afectan la "vigencia del Estado de Derecho, la separación, equilibrio, coordinación y recíproco control de los poderes del Estado".
De esta manera, el jefe de Estado sale al paso de las especulaciones de políticos que lo sindican como el promotor de la reincorporación.
APELACIÓN Y DIÁLOGO. El mandatario ordenó acciones judiciales contra las resoluciones que cercenan las atribuciones del Ejecutivo.
También recordó que en su preocupación por la integración total de la CSJ, había llamado (el año pasado) a una sesión extra del Senado, hecho que no había prosperado.
Luego de manifestar su preocupación por la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial, el jefe de Estado señaló que la ocasión es propicia para reiniciar un diálogo con actores políticos y sociales, para llevar adelante "una profunda reforma del Poder Judicial".
Señaló que el mencionado cambio deberá tener bases institucionales, así como deberán estar ausentes el cuoteo político y los sectarismos políticos, a fin de garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Precisamente, la renovación judicial fue una de las bases del planteo político de Fernando Lugo durante la campaña electoral que lo llevó al sillón presidencial, desalojando del Palacio de Gobierno a la ANR.
Lugo criticó también la falta de remisión de la terna para la Justicia Electoral. Señaló que "el deliberado incumplimiento de deberes del presidente del Consejo de la Magistratura (Gustavo Mussi) es una situación inaceptable y escandalosa en un Estado de Derecho".
Lo acompañaron el ministro Rafael Filizzola, el procurador José García y los senadores Blas Llano y Sixto Pereira.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
El presidente Fernando Lugo niega toda responsabilidad o incidencia del Poder Ejecutivo en los fallos judiciales que reponen, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Calificó la situación como una "crisis entre los poderes Legislativo y Judicial".
En un comunicado leído por el mandatario en Mburuvicha Róga, el Ejecutivo tomó distancia del fallo que amenaza con un quiebre institucional en la República, tres días después de que los camaristas Juan Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada hayan dado a conocer la polémica sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ.
El presidente destacó que las resoluciones afectan la "vigencia del Estado de Derecho, la separación, equilibrio, coordinación y recíproco control de los poderes del Estado".
De esta manera, el jefe de Estado sale al paso de las especulaciones de políticos que lo sindican como el promotor de la reincorporación.
APELACIÓN Y DIÁLOGO. El mandatario ordenó acciones judiciales contra las resoluciones que cercenan las atribuciones del Ejecutivo.
También recordó que en su preocupación por la integración total de la CSJ, había llamado (el año pasado) a una sesión extra del Senado, hecho que no había prosperado.
Luego de manifestar su preocupación por la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial, el jefe de Estado señaló que la ocasión es propicia para reiniciar un diálogo con actores políticos y sociales, para llevar adelante "una profunda reforma del Poder Judicial".
Señaló que el mencionado cambio deberá tener bases institucionales, así como deberán estar ausentes el cuoteo político y los sectarismos políticos, a fin de garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Precisamente, la renovación judicial fue una de las bases del planteo político de Fernando Lugo durante la campaña electoral que lo llevó al sillón presidencial, desalojando del Palacio de Gobierno a la ANR.
Lugo criticó también la falta de remisión de la terna para la Justicia Electoral. Señaló que "el deliberado incumplimiento de deberes del presidente del Consejo de la Magistratura (Gustavo Mussi) es una situación inaceptable y escandalosa en un Estado de Derecho".
Lo acompañaron el ministro Rafael Filizzola, el procurador José García y los senadores Blas Llano y Sixto Pereira.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
El 2010 se abre con un doloroso parto institucional
Los días finales de diciembre suelen ser propicios para dar golpes en todos los sentidos. Pero suele ser el Poder Judicial el más prolífico en sus sentencias, aprovechando que la gente está más concentrada en su menú de fin de año que lo que hagan las instituciones.
Así, entre copas y fuegos artificiales, la Corte Suprema de Justicia emitió fallados fallos. Blanqueó al coronel Heriberto Galeano, el ex hombre fuerte de Nicanor Duarte Frutos, acusado de enriquecimiento ilícito. Declaró inamovible a César Garay Zuccolillo, el único de la Corte que tenía pendiente su carnet de ministro perpetuo. Ahora todos ellos dejarán la máxima instancia judicial cuando cumplan 75 años. La otra vía es el juicio político, institución devaluada al mínimo, gracias a otro golpe de fin de año de la misma Corte.
También declaró inamovible al ministro electoral Juan Manuel Morales.
Ambas decisiones salen al paso de intentos de renovación en los dos organismos, los únicos que siguen campantes en tiempos de cambio.
Pero, sin duda, el fallo más polémico y que desató una severa crisis institucional de finales impredecibles es la reincorporación a la Corte de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea. Ambos fueron destituidos en el 2003 por la vía constitucional del juicio político. Ya habían ganado una primera pulseada cuando lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita sus demandas.
CULPABLES. La crisis institucional instalada hoy y que enfrenta a la Justicia con el Parlamento tiene sus raíces en la irresponsabilidad de los políticos.
Actualmente, en la Corte Suprema hay dos vacancias, cuya indefinición lleva más de dos años por culpa de los partidos con representación parlamentaria. En el Senado hay una terna (de la que quedan solo dos) para cubrir la vacancia de Wildo Rienzi. El Poder Ejecutivo había vetado a Agustín Lovera Cañete (nicanorista) y los senadores no decidieron aún qué camino tomar.
La otra vacancia se generó con la renuncia de José Altamirano.
Esta situación facilitó el golpe judicial. La Corte está integrada por 9 miembros y por la indefinición política hoy funciona con 7. La reincorporación de Ríos y Fernández hubiese sido imposible si la Corte estaba completa, ya que por Constitución no puede aumentar la cantidad. "Justo" hay dos vacancias.
El Poder Ejecutivo tiene razón al apuntar al Congreso en esta eterna indefinición.
La sorpresiva sentencia de tres jueces de rango inferior que integraron la Sala Constitucional puso a Fernando Lugo en la mira. Colorados, oviedistas y liberales franquistas lo acusaron de estar detrás, ya que la anulación de un juicio político lo ubica como "futuro beneficiado". Al sentenciar la Corte que un juicio político es apelable, le saca al Congreso su arma más poderosa de control al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Lugo una vez más perdió la oportunidad de marcar posición en el momento preciso. Reaccionó tarde y con él se vino la sospecha. Eso lo obligó a sentar postura en un mesurado y prudente mensaje, desmarcándose del fallo y poniéndose en consonancia con el Congreso, que considera la resolución como un verdadero golpe de Estado del Poder Judicial.
DECLARACIÓN DE GUERRA. Ayer, el Congreso se reunió en forma urgente y extraordinaria. Hubo holgada mayoría, considerando que es tiempo de vacaciones. Allí hubo unanimidad y más allá de las sospechas y acusaciones mutuas con respecto a "quién es el padre de la criatura", colorados, oviedistas, socialistas luguistas y liberales desconocieron el fallo y amenazaron "a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Judicial que, en caso de admitir la validez de la sentencia, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada".
Si el 2009 fue el año del globo sonda de las amenazas de juicio político a Lugo, de la guerra mediática entre la derecha y la izquierda, el 2010 entra con una crisis institucional con el enfrentamiento directo del Congreso contra el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo bajo advertencia.
No se vislumbra una solución fácil. Está en manos de la Corte poner en carril nuevamente la institucionalidad. El martes deberá decidir qué hacer con la granada que la Sala Constitucional puso en sus manos. A partir de su decisión se aquietarán las aguas o abrirá las compuertas a un impetuoso torrente que podría llevar sus cabezas.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
Así, entre copas y fuegos artificiales, la Corte Suprema de Justicia emitió fallados fallos. Blanqueó al coronel Heriberto Galeano, el ex hombre fuerte de Nicanor Duarte Frutos, acusado de enriquecimiento ilícito. Declaró inamovible a César Garay Zuccolillo, el único de la Corte que tenía pendiente su carnet de ministro perpetuo. Ahora todos ellos dejarán la máxima instancia judicial cuando cumplan 75 años. La otra vía es el juicio político, institución devaluada al mínimo, gracias a otro golpe de fin de año de la misma Corte.
También declaró inamovible al ministro electoral Juan Manuel Morales.
Ambas decisiones salen al paso de intentos de renovación en los dos organismos, los únicos que siguen campantes en tiempos de cambio.
Pero, sin duda, el fallo más polémico y que desató una severa crisis institucional de finales impredecibles es la reincorporación a la Corte de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea. Ambos fueron destituidos en el 2003 por la vía constitucional del juicio político. Ya habían ganado una primera pulseada cuando lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita sus demandas.
CULPABLES. La crisis institucional instalada hoy y que enfrenta a la Justicia con el Parlamento tiene sus raíces en la irresponsabilidad de los políticos.
Actualmente, en la Corte Suprema hay dos vacancias, cuya indefinición lleva más de dos años por culpa de los partidos con representación parlamentaria. En el Senado hay una terna (de la que quedan solo dos) para cubrir la vacancia de Wildo Rienzi. El Poder Ejecutivo había vetado a Agustín Lovera Cañete (nicanorista) y los senadores no decidieron aún qué camino tomar.
La otra vacancia se generó con la renuncia de José Altamirano.
Esta situación facilitó el golpe judicial. La Corte está integrada por 9 miembros y por la indefinición política hoy funciona con 7. La reincorporación de Ríos y Fernández hubiese sido imposible si la Corte estaba completa, ya que por Constitución no puede aumentar la cantidad. "Justo" hay dos vacancias.
El Poder Ejecutivo tiene razón al apuntar al Congreso en esta eterna indefinición.
La sorpresiva sentencia de tres jueces de rango inferior que integraron la Sala Constitucional puso a Fernando Lugo en la mira. Colorados, oviedistas y liberales franquistas lo acusaron de estar detrás, ya que la anulación de un juicio político lo ubica como "futuro beneficiado". Al sentenciar la Corte que un juicio político es apelable, le saca al Congreso su arma más poderosa de control al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.
Lugo una vez más perdió la oportunidad de marcar posición en el momento preciso. Reaccionó tarde y con él se vino la sospecha. Eso lo obligó a sentar postura en un mesurado y prudente mensaje, desmarcándose del fallo y poniéndose en consonancia con el Congreso, que considera la resolución como un verdadero golpe de Estado del Poder Judicial.
DECLARACIÓN DE GUERRA. Ayer, el Congreso se reunió en forma urgente y extraordinaria. Hubo holgada mayoría, considerando que es tiempo de vacaciones. Allí hubo unanimidad y más allá de las sospechas y acusaciones mutuas con respecto a "quién es el padre de la criatura", colorados, oviedistas, socialistas luguistas y liberales desconocieron el fallo y amenazaron "a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Judicial que, en caso de admitir la validez de la sentencia, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada".
Si el 2009 fue el año del globo sonda de las amenazas de juicio político a Lugo, de la guerra mediática entre la derecha y la izquierda, el 2010 entra con una crisis institucional con el enfrentamiento directo del Congreso contra el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo bajo advertencia.
No se vislumbra una solución fácil. Está en manos de la Corte poner en carril nuevamente la institucionalidad. El martes deberá decidir qué hacer con la granada que la Sala Constitucional puso en sus manos. A partir de su decisión se aquietarán las aguas o abrirá las compuertas a un impetuoso torrente que podría llevar sus cabezas.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
Poderes del Estado compiten para saber cuál es el peor
Si es verdad que Fernando Lugo tuvo influencia en la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de reincorporar a los dos ex ministros destituidos mediante el juicio político, no podemos más que inclinar la cabeza en señal de respeto por su cinismo indiscutible. Se podrá decir que alguien le sugirió la idea, no importa. Tampoco importa el grado de moral que tenga; lo decisivo es que el primer mandatario habría dado su visto bueno al evidente golpe constitucional que el Poder Judicial cometió. Resulta que no fueron ministros de la Corte quienes firmaron la resolución, sino miembros del Tribunal de Cuentas 1ª Sala; por lo tanto, también se generan dudas de cómo el Congreso podría "corregir" a esos magistrados, ya que están en la jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –institución que, junto al Consejo de la Magistratura, tampoco ha brillado por su actuación a favor de la República–.
El supuesto pacto entre el Ejecutivo y la cúpula máxima del Judicial ya lleva casi un año; recordemos que esta época es la favorita de los "zares" de la Justicia para evacuar sus deposiciones, como las de declararse a sí mismos inamovibles o la dudosa elección de su mesa directiva, primero condenada y luego sospechosamente felicitada por el presidente. Ya se habla del cupo luguista en la Corte, lo que le permitiría mayor juego, debido a la falta de bancas en el Legislativo. Vale recordar que justamente la causal de remoción de Ríos y Fernández ya había sido por una puja de fuerza entre los tres poderes, que data del año 2000, aunque el juicio político se materializó en 2003.
Precisamente eso de no tener respaldo en el Congreso es lo que más llama la atención sobre los hechos ocurridos. Los "sospechosos de siempre", el Partido Colorado y UNACE, se apresuraron en despegarse de lo que a primera vista parecía una maniobra que les favorecería. El PLRA también demostró firmeza en el rechazo. Pero también lo hicieron los del círculo más cercano a FL, salvo él mismo y sus voceros oficiales. Esto implica que los aliados del presidente no estaban enterados, lo supieron después de consumados los hechos; por lo tanto, con el transcurso de los días no nos sorprenderá escuchar contradecirse a muchos que hasta hace unas horas protestaban, que pasarán a argumentar que no se puede interferir con otros poderes, que hay que consensuar, que tuvieron tiempo de analizar con la mente fría y que lo mejor será dejar que se reajuste el orden natural de las cosas –lo que sea que eso signifique–, mientras les haga quedar como menos tontos o traicionados, una vez más, por su propio presidente.
El jefe de Estado expresó su desaprobación a la resolución de los camaristas en funciones de ministros de la Corte; incluso mencionó una acción de nulidad. Es difícil ya creerle. Si no lo hizo inmediatamente es porque sabe algo más que sus adversarios y que sus propios allegados.
Una vez más es el Congreso el que precipitó todo este embrollo; de nada sirvieron sus tentáculos en la Justicia o en el Consejo de la Magistratura; mientras sigan más preocupados los legisladores en asuntos sectarios, más se debilitan y desgastan sus atribuciones constitucionales en beneficio de una Corte y de un presidente que, en circunstancias normales, serían fácilmente constreñidos a ajustarse a la Carta Magna y no a modificarla de facto.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
El supuesto pacto entre el Ejecutivo y la cúpula máxima del Judicial ya lleva casi un año; recordemos que esta época es la favorita de los "zares" de la Justicia para evacuar sus deposiciones, como las de declararse a sí mismos inamovibles o la dudosa elección de su mesa directiva, primero condenada y luego sospechosamente felicitada por el presidente. Ya se habla del cupo luguista en la Corte, lo que le permitiría mayor juego, debido a la falta de bancas en el Legislativo. Vale recordar que justamente la causal de remoción de Ríos y Fernández ya había sido por una puja de fuerza entre los tres poderes, que data del año 2000, aunque el juicio político se materializó en 2003.
Precisamente eso de no tener respaldo en el Congreso es lo que más llama la atención sobre los hechos ocurridos. Los "sospechosos de siempre", el Partido Colorado y UNACE, se apresuraron en despegarse de lo que a primera vista parecía una maniobra que les favorecería. El PLRA también demostró firmeza en el rechazo. Pero también lo hicieron los del círculo más cercano a FL, salvo él mismo y sus voceros oficiales. Esto implica que los aliados del presidente no estaban enterados, lo supieron después de consumados los hechos; por lo tanto, con el transcurso de los días no nos sorprenderá escuchar contradecirse a muchos que hasta hace unas horas protestaban, que pasarán a argumentar que no se puede interferir con otros poderes, que hay que consensuar, que tuvieron tiempo de analizar con la mente fría y que lo mejor será dejar que se reajuste el orden natural de las cosas –lo que sea que eso signifique–, mientras les haga quedar como menos tontos o traicionados, una vez más, por su propio presidente.
El jefe de Estado expresó su desaprobación a la resolución de los camaristas en funciones de ministros de la Corte; incluso mencionó una acción de nulidad. Es difícil ya creerle. Si no lo hizo inmediatamente es porque sabe algo más que sus adversarios y que sus propios allegados.
Una vez más es el Congreso el que precipitó todo este embrollo; de nada sirvieron sus tentáculos en la Justicia o en el Consejo de la Magistratura; mientras sigan más preocupados los legisladores en asuntos sectarios, más se debilitan y desgastan sus atribuciones constitucionales en beneficio de una Corte y de un presidente que, en circunstancias normales, serían fácilmente constreñidos a ajustarse a la Carta Magna y no a modificarla de facto.
Fuente: Última Hora 03/01/2010
El fallo
La crisis creada con el fallo de la Corte ingresa bruscamente a los escenarios político y judicial y se presenta con su peor rostro, ya que nadie puede prever las reales consecuencias inmediatas, que no sean las que lógicamente se esperan, como la del Congreso, de los partidos políticos y de los referentes prestigiosos de la judicatura.
A raíz del hecho consumado es previsible que se planteen los siguientes escenarios:
1. Que la Corte Suprema de Justicia se atrinchere en su condición de “última instancia” para las cuestiones judiciales partiendo de la base de que todo es judiciable, inclusive las facultades exclusivas de los otros poderes. Para el efecto, pondrá en marcha la inamovilidad de todos los miembros que aún no gocen de tal privilegio y los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de manera que los beneficiados se vean obligados a actuar solidariamente frente a la “injerencia” de los otros poderes.
El argumento a ser esgrimido será que la independencia del Poder Judicial pasa por la inamovilidad de los magistrados y ministros, con lo cual se evita la injerencia política en la justicia.
2. Que el Congreso se sienta motivado a tomar represalias contra la Corte Suprema o contra algunos de sus miembros, y en sus reacciones cometa similares extralimitaciones a las que tuvo la Corte con respecto a la división de los poderes y la vigencia del Estado de Derecho.
Para el efecto, el Parlamento difícilmente resista la tentación de utilizar sus tentáculos políticos en otros organismos, como por ejemplo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y de paso tal vez desconozca partes del fallo judicial.
3. Que el Poder Ejecutivo aproveche la situación realizando sus propias movidas en el contexto de la crisis para consolidarse o para debilitar instituciones, como el juicio político, por ejemplo, que puede poner en riesgo su continuidad.
Tres elementos llamaron mi atención en este problema planteado.
Uno. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dado curso a una acción planteada por los ex ministros destituidos por juicio político, sin que estos hayan agotado las instancias nacionales. Primero salió (en el exterior) la advertencia de la CIDH de que si no hay un arreglo, el Estado paraguayo tendrá que vérselas con la Comisión Interamericana, y luego salió (en Paraguay) la inconstitucionalidad favorable a los dos ex ministros. O sea, al revés.
Dos. Que las tres personas que hicieron el fallo en nombre de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no son ministros y dieron mucho más de lo que se pidió, lo que ubica a la Corte en una actitud de provocación a los demás poderes del Estado. ¿Es casual?
Tres. Que el Poder Ejecutivo tuvo una tibia reacción frente a este atropello a la Constitución, aún cuando el fallo cercena una de sus facultades, en este caso la de dar acuerdo a los ministros elegidos por el Senado, sobre la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura. ¿Es por conveniencia?
En situaciones como esta lo que se espera es que el conductor de la nación tenga la lucidez y el liderazgo necesarios para reencauzar al país por los senderos de la institucionalidad democrática, por lo que honestamente esperaba mucho más del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, debemos resignarnos a comenzar y terminar este año con turbulencias políticas, ya que a las efervescencias electorales de los comicios municipales se vienen a sumar las disputas de poderes, con los primeros resultados que ya están a la vista, como la libertad de cuestionados personajes, la inamovilidad y quién sabe qué otras perlas. Estimados lectores, que el Año Nuevo les sea leve.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
A raíz del hecho consumado es previsible que se planteen los siguientes escenarios:
1. Que la Corte Suprema de Justicia se atrinchere en su condición de “última instancia” para las cuestiones judiciales partiendo de la base de que todo es judiciable, inclusive las facultades exclusivas de los otros poderes. Para el efecto, pondrá en marcha la inamovilidad de todos los miembros que aún no gocen de tal privilegio y los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de manera que los beneficiados se vean obligados a actuar solidariamente frente a la “injerencia” de los otros poderes.
El argumento a ser esgrimido será que la independencia del Poder Judicial pasa por la inamovilidad de los magistrados y ministros, con lo cual se evita la injerencia política en la justicia.
2. Que el Congreso se sienta motivado a tomar represalias contra la Corte Suprema o contra algunos de sus miembros, y en sus reacciones cometa similares extralimitaciones a las que tuvo la Corte con respecto a la división de los poderes y la vigencia del Estado de Derecho.
Para el efecto, el Parlamento difícilmente resista la tentación de utilizar sus tentáculos políticos en otros organismos, como por ejemplo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y de paso tal vez desconozca partes del fallo judicial.
3. Que el Poder Ejecutivo aproveche la situación realizando sus propias movidas en el contexto de la crisis para consolidarse o para debilitar instituciones, como el juicio político, por ejemplo, que puede poner en riesgo su continuidad.
Tres elementos llamaron mi atención en este problema planteado.
Uno. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dado curso a una acción planteada por los ex ministros destituidos por juicio político, sin que estos hayan agotado las instancias nacionales. Primero salió (en el exterior) la advertencia de la CIDH de que si no hay un arreglo, el Estado paraguayo tendrá que vérselas con la Comisión Interamericana, y luego salió (en Paraguay) la inconstitucionalidad favorable a los dos ex ministros. O sea, al revés.
Dos. Que las tres personas que hicieron el fallo en nombre de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no son ministros y dieron mucho más de lo que se pidió, lo que ubica a la Corte en una actitud de provocación a los demás poderes del Estado. ¿Es casual?
Tres. Que el Poder Ejecutivo tuvo una tibia reacción frente a este atropello a la Constitución, aún cuando el fallo cercena una de sus facultades, en este caso la de dar acuerdo a los ministros elegidos por el Senado, sobre la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura. ¿Es por conveniencia?
En situaciones como esta lo que se espera es que el conductor de la nación tenga la lucidez y el liderazgo necesarios para reencauzar al país por los senderos de la institucionalidad democrática, por lo que honestamente esperaba mucho más del Poder Ejecutivo.
En consecuencia, debemos resignarnos a comenzar y terminar este año con turbulencias políticas, ya que a las efervescencias electorales de los comicios municipales se vienen a sumar las disputas de poderes, con los primeros resultados que ya están a la vista, como la libertad de cuestionados personajes, la inamovilidad y quién sabe qué otras perlas. Estimados lectores, que el Año Nuevo les sea leve.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
El TSJE arrastra conflicto por la falta de un miembro
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también inicia el año con un cargo vacante por la indefinición del Consejo de la Magistratura que cajoneó la terna electa en su momento. En tanto, los ministros Juan Manuel Morales (inamovible) y Alberto Ramírez Zambonini mantienen un conflicto permanente desde hace tres años.
En un año electoral, el TSJE se inicia con la presidencia interina de una jueza de menor rango, Mirian Cristaldo. Esta fue designada por Juan Manuel Morales para reemplazar a Rafael Dendia al inicio del año pasado.
Morales, además, recibió como regalo de fin de año su inamovilidad, con lo que seguirá en funciones hasta el 2014, cuando cumpla los 75 años.
El ministro colorado también fue reelecto el año pasado para presidir el máximo tribunal electoral, precisamente con voto de Cristaldo. Considerando que el otro ministro, Alberto Ramírez Zambonini, posee el mismo rango que Morales, hubiera sido el que interine la presidencia del tribunal durante el periodo de receso. Sin embargo, por un conflicto que se viene arrastrando hace varios años entre ambos ministros, Morales hace de las suyas cada vez que puede para dejar de lado a Ramírez Zambonini. A este, al parecer, mucho no le afecta que pase el tiempo sin participar de las decisiones del TSJE.
La única vez que salió de su despacho fue para operar en todos los frentes a fin de salvarse del juicio político que le promovieron en el Congreso el año pasado.
A pesar del apoyo que le dieron algunos liberales y el Poder Ejecutivo, de la mano del ministro Rafael Filizzola, el juicio tiene media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado.
A Ramírez Zambonini le descubrieron y fue denunciado por haber plagiado su tesis doctoral y su caso fue suficientemente ventilado, lo que lo dejó con una credibilidad muy reducida para el ejercicio de sus funciones.
El ministro liberal había pedido su inamovilidad, mediante una aclaratoria que planteó ante la Corte Suprema de Justicia. Esta le denegó y se mantiene en su cargo hasta que se cumpla su mandato.
También averiado
El ministro colorado no está menos averiado que el liberal. Morales fue acusado de ser soplón (pyrague) durante el régimen del presidente Alfredo Stroessner (1954-1989). Esto, además de mantener un esquema ideado por Ramírez Zambonini de repartir cargos a los parlamentarios a cambio de su permanencia en el cargo.
Con la administración de ambos, la Justicia Electoral tiene actualmente más de siete mil funcionarios, entre contratados y nombrados. Más de la mitad está dispersa en distintas entidades, partidarias y ministerios en calidad de comisionados.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
En un año electoral, el TSJE se inicia con la presidencia interina de una jueza de menor rango, Mirian Cristaldo. Esta fue designada por Juan Manuel Morales para reemplazar a Rafael Dendia al inicio del año pasado.
Morales, además, recibió como regalo de fin de año su inamovilidad, con lo que seguirá en funciones hasta el 2014, cuando cumpla los 75 años.
El ministro colorado también fue reelecto el año pasado para presidir el máximo tribunal electoral, precisamente con voto de Cristaldo. Considerando que el otro ministro, Alberto Ramírez Zambonini, posee el mismo rango que Morales, hubiera sido el que interine la presidencia del tribunal durante el periodo de receso. Sin embargo, por un conflicto que se viene arrastrando hace varios años entre ambos ministros, Morales hace de las suyas cada vez que puede para dejar de lado a Ramírez Zambonini. A este, al parecer, mucho no le afecta que pase el tiempo sin participar de las decisiones del TSJE.
La única vez que salió de su despacho fue para operar en todos los frentes a fin de salvarse del juicio político que le promovieron en el Congreso el año pasado.
A pesar del apoyo que le dieron algunos liberales y el Poder Ejecutivo, de la mano del ministro Rafael Filizzola, el juicio tiene media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado.
A Ramírez Zambonini le descubrieron y fue denunciado por haber plagiado su tesis doctoral y su caso fue suficientemente ventilado, lo que lo dejó con una credibilidad muy reducida para el ejercicio de sus funciones.
El ministro liberal había pedido su inamovilidad, mediante una aclaratoria que planteó ante la Corte Suprema de Justicia. Esta le denegó y se mantiene en su cargo hasta que se cumpla su mandato.
También averiado
El ministro colorado no está menos averiado que el liberal. Morales fue acusado de ser soplón (pyrague) durante el régimen del presidente Alfredo Stroessner (1954-1989). Esto, además de mantener un esquema ideado por Ramírez Zambonini de repartir cargos a los parlamentarios a cambio de su permanencia en el cargo.
Con la administración de ambos, la Justicia Electoral tiene actualmente más de siete mil funcionarios, entre contratados y nombrados. Más de la mitad está dispersa en distintas entidades, partidarias y ministerios en calidad de comisionados.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Lugo califica de escándalo no remisión de terna para TSJE
El presidente Fernando Lugo calificó ayer de “inaceptable y escandaloso en un estado de derecho” el deliberado incumplimiento del titular del Consejo de la Magistratura (Gustavo Mussi, diputado oviedista) de no enviar la terna de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Lugo instó públicamente ayer a la mañana al Consejo de la Magistratura que remita al Senado la terna de candidatos para llenar la vacancia dejada por Rafael Dendia, quien renunció en noviembre de 2008.
Actualmente el TSJE tiene como ministros a Juan Manuel Morales (colorado) y Alberto Ramírez Zambonini (liberal) e interina el cargo vacante desde que renunció Dendia la camarista Myriam Cristaldo.
Dendia ejercía la presidencia del TSJE, pero tras su renuncia se apoderó de la titularidad Manuel Morales, quien ahora cedió el cargo a Cristaldo.
Festival de aberraciones
El ministro del Interior Filizzola declaró también ayer en Mburuvicha Róga que la situación en el TSJE se suma al festival de aberraciones jurídicas que se vivieron en los últimos días del 2009 como el caso del ex presidente González Macchi, quien fue declarado inocente de hechos de corrupción.
Añadió que la situación es más “escandalosa” en el TSJE porque Morales nombró a Cristaldo sin pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Congreso ni por ninguno de los procedimientos constitucionales, y ejerce el cargo de una manera inconstitucional.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Lugo instó públicamente ayer a la mañana al Consejo de la Magistratura que remita al Senado la terna de candidatos para llenar la vacancia dejada por Rafael Dendia, quien renunció en noviembre de 2008.
Actualmente el TSJE tiene como ministros a Juan Manuel Morales (colorado) y Alberto Ramírez Zambonini (liberal) e interina el cargo vacante desde que renunció Dendia la camarista Myriam Cristaldo.
Dendia ejercía la presidencia del TSJE, pero tras su renuncia se apoderó de la titularidad Manuel Morales, quien ahora cedió el cargo a Cristaldo.
Festival de aberraciones
El ministro del Interior Filizzola declaró también ayer en Mburuvicha Róga que la situación en el TSJE se suma al festival de aberraciones jurídicas que se vivieron en los últimos días del 2009 como el caso del ex presidente González Macchi, quien fue declarado inocente de hechos de corrupción.
Añadió que la situación es más “escandalosa” en el TSJE porque Morales nombró a Cristaldo sin pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Congreso ni por ninguno de los procedimientos constitucionales, y ejerce el cargo de una manera inconstitucional.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Se extralimitaron al ordenar al Poder Ejecutivo y Senado
Los miembros del Tribunal de Cuentas, que integraron la Sala Constitucional, se habrían extralimitado en sus funciones al ordenar a Ejecutivo y al Senado para se abstengan de seguir con los procesos para llenar la vacancia dejada por Wildo Rienzi y José Altamirano.
Los magistrados Francisco Recalde, Emiliano Rolón y Florencio Almada no solo anularon el juicio político en el cual se removió a los ex ministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos, sino además resolvieron que los mismos ocupen las vacancias.
¿Tiene atribuciones la Corte para ordenar que se llene la vacancia? Muchos abogados dicen que es una evidente extralimitación en la sentencia dictada.
También se ofició al presidente del Consejo de la Magistratura para que no siga con los trámites.
En el caso de la vacancia dejada por Rienzi, todo está en manos del Senado, cuya comisión constitucional aconsejó que se debe elegir entre los doctores Emiliano Rolón Fernández e Irma Alfonso de Bogarín. El Ejecutivo había negado su acuerdo a Agustín Lovera Cañete, quien fue en principio designado por la Cámara Alta.
En cuanto a la vacancia que dejó Altamirano, los trámites están en el Consejo de la Magistratura.
Los magistrados declararon la nulidad del juicio político, alegando que se violaron derechos de Ríos Avalos y Fernández Gadea.
Señalaron que en el reglamento interino que dictó el Senado se apuntó que las defensas tienen tres horas para exponer. Los jueces aseguran que esto se contradice con lo que establece la Constitución Nacional.
Mencionan además que se prohibió presentar incidentes, ni recusar.
El juicio político es una potestad del Congreso y el proceso es distinto a una causa ordinaria.
Existen 45 senadores. ¿Pueden los afectados recusar a los mismos? ¿Quiénes los sustituirían en caso de aceptarse la recusación? ¿Cuánto tiempo llevaría el juicio?
Para algunos el juicio político no puede ser revisado por la Corte. Sin embargo, para muchos es justiciable.
En este caso, los miembros del Tribunal de Cuentas dijeron que sí y además declararon la nulidad de todo el proceso de remoción de los ex ministros.
El fallo puede valer el enjuiciamiento y la suspensión de los tres magistrados que lo firmaron.
El procesamiento de los mismos puede ser abierto de oficio, con base en denuncia, por el Consejo de la Magistratura, presidido por el oviedista Enrique Bacchetta.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Los magistrados Francisco Recalde, Emiliano Rolón y Florencio Almada no solo anularon el juicio político en el cual se removió a los ex ministros Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos, sino además resolvieron que los mismos ocupen las vacancias.
¿Tiene atribuciones la Corte para ordenar que se llene la vacancia? Muchos abogados dicen que es una evidente extralimitación en la sentencia dictada.
También se ofició al presidente del Consejo de la Magistratura para que no siga con los trámites.
En el caso de la vacancia dejada por Rienzi, todo está en manos del Senado, cuya comisión constitucional aconsejó que se debe elegir entre los doctores Emiliano Rolón Fernández e Irma Alfonso de Bogarín. El Ejecutivo había negado su acuerdo a Agustín Lovera Cañete, quien fue en principio designado por la Cámara Alta.
En cuanto a la vacancia que dejó Altamirano, los trámites están en el Consejo de la Magistratura.
Los magistrados declararon la nulidad del juicio político, alegando que se violaron derechos de Ríos Avalos y Fernández Gadea.
Señalaron que en el reglamento interino que dictó el Senado se apuntó que las defensas tienen tres horas para exponer. Los jueces aseguran que esto se contradice con lo que establece la Constitución Nacional.
Mencionan además que se prohibió presentar incidentes, ni recusar.
El juicio político es una potestad del Congreso y el proceso es distinto a una causa ordinaria.
Existen 45 senadores. ¿Pueden los afectados recusar a los mismos? ¿Quiénes los sustituirían en caso de aceptarse la recusación? ¿Cuánto tiempo llevaría el juicio?
Para algunos el juicio político no puede ser revisado por la Corte. Sin embargo, para muchos es justiciable.
En este caso, los miembros del Tribunal de Cuentas dijeron que sí y además declararon la nulidad de todo el proceso de remoción de los ex ministros.
El fallo puede valer el enjuiciamiento y la suspensión de los tres magistrados que lo firmaron.
El procesamiento de los mismos puede ser abierto de oficio, con base en denuncia, por el Consejo de la Magistratura, presidido por el oviedista Enrique Bacchetta.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Congreso rechazó el fallo de la Corte y lo considera de nulidad absoluta
Por unanimidad, ambas cámaras reunidas en congreso rechazaron enérgicamente ayer el fallo que repone en sus cargos en la Corte a los ex ministros Ríos Avalos y Fernández Gadea. Advirtieron también a los miembros de la Corte, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento y al Ejecutivo que se exponen al juicio político en caso de admitir la validez del fallo.
Tal como se esperaba, el Congreso en pleno, sin fisuras, rechazó el fallo de la Corte que reincorporó al máximo tribunal a los miembros de ese organismo que fueron destituidos por juicio político en 2003. Según indicaron fuentes legislativas, ahora se aguardará cuál es la reacción de la Corte que tiene previsto reunirse el próximo martes para analizar el fallo.
Aunque durante el debate hubo acusaciones de algunos opositores en el sentido de que el Poder Ejecutivo estaría detrás del fallo, nada de eso menciona el documento aprobado finalmente por los miembros del Congreso.
La sesión se realizó en una colmada sala bicameral y con una desacostumbrada puntualidad, dándose inicio a la misma apenas 20 minutos después de la hora fijada para el efecto. Estuvieron presentes 44 de los 45 senadores (solo faltó la colorada nicanorista María Digna Roa) y 69 de los 80 diputados, en una muestra del interés que despertó el tema para los congresistas.
El texto aprobado de la resolución señala que el juicio político por el que fueron destituidos Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos en el 2003 no es justiciable.
El documento sostiene también que la resolución de la Corte es “nula de nulidad absoluta” y que esa institución se extralimitó en sus funciones, ya que es atribución exclusiva del Congreso la destitución por juicio político de altas autoridades del Estado.
En otro artículo advierten a la Corte, al Consejo, al Ejecutivo y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que si admiten la validez de la sentencia serán pasibles de ser sometidos a juicio político.
Otro punto destacado es la decisión de remitir los antecedentes de este caso al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos por parte de los camaristas.
Igualmente resolvieron comunicar a la comunidad internacional, a la OEA, el Mercosur, el Parlasur y el Parlatino “el grave atentado contra el estado de derecho perpetrado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Artículo eliminado
Un artículo que figuraba en el proyecto original, que facultaba al presidente del Congreso a designar representes ante los organismos judiciales, fue finalmente eliminado, ya que consideraron que se prestaba a entender que el Congreso iba a accionar contra el fallo de la Corte, lo cual era una forma de reconocimiento a su validez.
Frustración
Cuando ya habían hablado 8 legisladores y estaban inscriptos para hacerlo unos 26 más, los argumentos contra el fallo de la Corte se repetían. Sorpresivamente, el senador liberal Alfredo Jaeggli hizo una moción de orden para dar por terminado el debate y pasar a aprobar la resolución. Esto motivó la reacción airada de algunos que querían hablar, pero la moción fue aprobada por amplia mayoría.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Tal como se esperaba, el Congreso en pleno, sin fisuras, rechazó el fallo de la Corte que reincorporó al máximo tribunal a los miembros de ese organismo que fueron destituidos por juicio político en 2003. Según indicaron fuentes legislativas, ahora se aguardará cuál es la reacción de la Corte que tiene previsto reunirse el próximo martes para analizar el fallo.
Aunque durante el debate hubo acusaciones de algunos opositores en el sentido de que el Poder Ejecutivo estaría detrás del fallo, nada de eso menciona el documento aprobado finalmente por los miembros del Congreso.
La sesión se realizó en una colmada sala bicameral y con una desacostumbrada puntualidad, dándose inicio a la misma apenas 20 minutos después de la hora fijada para el efecto. Estuvieron presentes 44 de los 45 senadores (solo faltó la colorada nicanorista María Digna Roa) y 69 de los 80 diputados, en una muestra del interés que despertó el tema para los congresistas.
El texto aprobado de la resolución señala que el juicio político por el que fueron destituidos Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos en el 2003 no es justiciable.
El documento sostiene también que la resolución de la Corte es “nula de nulidad absoluta” y que esa institución se extralimitó en sus funciones, ya que es atribución exclusiva del Congreso la destitución por juicio político de altas autoridades del Estado.
En otro artículo advierten a la Corte, al Consejo, al Ejecutivo y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que si admiten la validez de la sentencia serán pasibles de ser sometidos a juicio político.
Otro punto destacado es la decisión de remitir los antecedentes de este caso al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos por parte de los camaristas.
Igualmente resolvieron comunicar a la comunidad internacional, a la OEA, el Mercosur, el Parlasur y el Parlatino “el grave atentado contra el estado de derecho perpetrado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Artículo eliminado
Un artículo que figuraba en el proyecto original, que facultaba al presidente del Congreso a designar representes ante los organismos judiciales, fue finalmente eliminado, ya que consideraron que se prestaba a entender que el Congreso iba a accionar contra el fallo de la Corte, lo cual era una forma de reconocimiento a su validez.
Frustración
Cuando ya habían hablado 8 legisladores y estaban inscriptos para hacerlo unos 26 más, los argumentos contra el fallo de la Corte se repetían. Sorpresivamente, el senador liberal Alfredo Jaeggli hizo una moción de orden para dar por terminado el debate y pasar a aprobar la resolución. Esto motivó la reacción airada de algunos que querían hablar, pero la moción fue aprobada por amplia mayoría.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Congreso amenaza con juicio político a Lugo y ministros de la Corte
El pleno del Congreso advirtió que llevaran a juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al presidente Fernando Lugo, a los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento si admiten el fallo de la máxima instancia judicial que ordena la reposición de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Según lo resuelto por los legisladores, los mismos incurrirán en causales de juicio político además de responsabilidades penales, ya que actuarían en calidad de cómplices de los magistrados que firmaron la resolución polémica.
La sesión extraordinaria se llevó a cabo está mañana en el Sala Bicameral del Congreso con la presencia de los parlamentarios de ambas cámaras. Los mismos rechazaron el fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Florencio Pedro Almada y Meneleo Insfrán.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Según lo resuelto por los legisladores, los mismos incurrirán en causales de juicio político además de responsabilidades penales, ya que actuarían en calidad de cómplices de los magistrados que firmaron la resolución polémica.
La sesión extraordinaria se llevó a cabo está mañana en el Sala Bicameral del Congreso con la presencia de los parlamentarios de ambas cámaras. Los mismos rechazaron el fallo firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Florencio Pedro Almada y Meneleo Insfrán.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Jurado de Enjuiciamiento fue convocado para el lunes
El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, convocó para el próximo lunes a las 16 horas a una sesión extraordinaria del organismo, informó este sábado a ABC Digital el citado titular de la institución.
Durante la sesión se analizará la situación de los jueces que firmaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual ordenaron la reposición como ministros de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, indicó Bacchetta.
El titular del tribunal que juzga a los jueces dijo que solicitó a la máxima instancia judicial los antecedentes del caso.
También reveló haber solicitado al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Oscar González Daher, una copia del diario de la sesión extraordinaria del 31 de diciembre pasado.
Indicó además que el Consejo de la Magistratura deberá informar al Jurado si fue notificado sobre la resolución de la máxima instancia judicial.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Durante la sesión se analizará la situación de los jueces que firmaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el cual ordenaron la reposición como ministros de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, indicó Bacchetta.
El titular del tribunal que juzga a los jueces dijo que solicitó a la máxima instancia judicial los antecedentes del caso.
También reveló haber solicitado al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el senador Oscar González Daher, una copia del diario de la sesión extraordinaria del 31 de diciembre pasado.
Indicó además que el Consejo de la Magistratura deberá informar al Jurado si fue notificado sobre la resolución de la máxima instancia judicial.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Lugo niega injerencia de su gobierno en polémico fallo
El presidente Fernando Lugo desmintió toda injerencia de su gobierno en el fallo judicial que ordenó reponer en la Corte Suprema a dos ex ministros destituidos hace seis años. El primer mandatario expresó preocupación por la situación que creó la cuestionada sentencia y llamó al diálogo político.
"Desmiento categóricamente cualquier tipo de insinuación de intromisión del Poder Ejecutivo en competencia de otros poderes del Estado, en particular con relación a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que pretende reincorporar a dos magistrados removidos por el procedimiento constitucional del juicio político", manifestó el presidente Lugo durante un mensaje que ofreció esta mañana en la residencia presidencial o Mburuvicha Roga, ocasión en que no permitió preguntas a los periodistas.
Al reiterar su compromiso con el estado de derecho en el país, el Presidente de la República expresó su preocupación por la situación creada tras la firma del fallo que ordenó la reposición de dos ex altos magistrados a la Corte Suprema.
"Reitero mi total compromiso con la vigencia del estado de derecho, a la separación y el equilibrio recíproco" de los poderes, puntualizó el Primer Mandatario al revelr que encargó a sus asesores legales la presentación de las acciones destinadas a proteger las resoluciones y atribuciones del Ejecutivo, debido a que en la resolución existe una orden para el Presidente de abstenerse de llamar a concurso para los cargos vacantes existentes en la Corte Suprema.
Lugo señaló además que está pendiente la remisión al Senado de la terna de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Acusó de deliberado el incumplimiento del presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Mussi, al retrasar el nombramiento de los candidatos.
"Considero propicia la ocasión para reiniciar el diálogo necesario con los actores políticos y sociales para llevar adelante una profunda reforma en el Poder Judicial sobre bases institucionales sin cuoteo y sectarismo político que no garantizan autonomía independiente del Poder Judicial, y al mismo tiempo se privilegie la honorabilidad y la trayectoria de los postulantes", culminó el Jefe de Estado.
Durante a lectura del mensaje de Lugo estuvieron presentes el ministro del Interior, Rafael Filizzola; el asesor jurídico presidencial, Emilio Camacho, el senador liberal radical Blas Llano y su colega Sixto Pereira, del Partido Tekojoja.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
"Desmiento categóricamente cualquier tipo de insinuación de intromisión del Poder Ejecutivo en competencia de otros poderes del Estado, en particular con relación a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que pretende reincorporar a dos magistrados removidos por el procedimiento constitucional del juicio político", manifestó el presidente Lugo durante un mensaje que ofreció esta mañana en la residencia presidencial o Mburuvicha Roga, ocasión en que no permitió preguntas a los periodistas.
Al reiterar su compromiso con el estado de derecho en el país, el Presidente de la República expresó su preocupación por la situación creada tras la firma del fallo que ordenó la reposición de dos ex altos magistrados a la Corte Suprema.
"Reitero mi total compromiso con la vigencia del estado de derecho, a la separación y el equilibrio recíproco" de los poderes, puntualizó el Primer Mandatario al revelr que encargó a sus asesores legales la presentación de las acciones destinadas a proteger las resoluciones y atribuciones del Ejecutivo, debido a que en la resolución existe una orden para el Presidente de abstenerse de llamar a concurso para los cargos vacantes existentes en la Corte Suprema.
Lugo señaló además que está pendiente la remisión al Senado de la terna de candidatos para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Acusó de deliberado el incumplimiento del presidente del Consejo de la Magistratura, Gustavo Mussi, al retrasar el nombramiento de los candidatos.
"Considero propicia la ocasión para reiniciar el diálogo necesario con los actores políticos y sociales para llevar adelante una profunda reforma en el Poder Judicial sobre bases institucionales sin cuoteo y sectarismo político que no garantizan autonomía independiente del Poder Judicial, y al mismo tiempo se privilegie la honorabilidad y la trayectoria de los postulantes", culminó el Jefe de Estado.
Durante a lectura del mensaje de Lugo estuvieron presentes el ministro del Interior, Rafael Filizzola; el asesor jurídico presidencial, Emilio Camacho, el senador liberal radical Blas Llano y su colega Sixto Pereira, del Partido Tekojoja.
Fuente: ABC Color 02/01/2010
Congreso rechaza fallo y advierte enjuiciar a ministros de la Corte
En una sesión extraordinaria conjunta, los parlamentarios rechazaron el fallo de la Sala Constitucional de la Corte que dispuso la reposición de dos ex ministros. Advirtieron con enjuiciar a los ministros de la máxima instancia judicial en caso de admitir dicha disposición.
Fuente: Última Hora 02/01/2010
El Legislativo rechazó las resoluciones 951 y 952 firmadas por los camaristas Juan Francisco Almada, Florencio Almada y Meneleo Insfrán, que ordena la reposición de los ex ministros de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
Advirtieron que si la Corte no rectifica rumbos, desechando dichos fallos, los ministros que la integran serán pasibles de juicio político.
Los diputados y senadores, en sesión extraordinaria este sábado, resolvieron también remitir los antecedentes de los citados camaristas ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Ministerio Público.
Durante la sesión los oradores advirtieron además que podrían ser enjuiciados todos aquellos involucrados, en caso de que se dé cumplimiento al fallo de la Corte, incluidos el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el propio poder Ejecutivo.
Los parlamentarios decidieron también denunciar ante los organismos internacionales la situación desatada en el país.
Participaron de la sesión 63 diputados y 43 senadores.
Fuente: Última Hora 02/01/2010
El ministro de la Corte César Garay fue declarado inamovible
El ministro César Garay Zuccolillo es otro ministro de la Corte Suprema de Justicia declarado inamovible.
El fallo fue firmado por sus colegas Antonio Fretes, Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco el pasado miércoles, pero recién se dio a conocer en el último día del año.
La Corte hace alusión a la resolución del Senado de no confirmar a Garay en el cargo y el llamado a concurso por el Consejo de la Magistratura “En el caso del Consejo de la Magistratura, tampoco tiene competencia para declarar vacantes cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia fuera del procedimiento establecido en la Constitución Nacional”, dice una parte del fallo.
Agrega: “Al carecer de competencia para ello, los actos emanados por los mismos no tienen el carácter de actos administrativos susceptibles de producir efectos jurídicos por cuanto al haber sido dictados en abierta contravención a lo dispuesto por la carta magna, carecen de legalidad en razón de su incompetencia”
Agrega: “En esta cuestión tanto la resolución de la Cámara de Senadores, como las decisiones del Consejo de la Magistratura revisten la categoría de los actos de autoridad, puesto que han sido emitidos de órganos con competencias para determinadas materias. Sin embargo, en este caso, al “no confirmar” a un ministro de la Corte (Senado) y declarar vacancias y convocar a postulantes para dicho cargo (Consejo de la Magistratura) actuaron fuera de su competencia constitucionalmente establecida, con lo cual se constituyen en simples actos de autoridad, mas no existe acto administrativo”.
Luego se refiere que la Carta Magna establece que solo el artículo 261 es aplicable para los ministros
“Sistemáticamente la norma del artículo 252 de la CN es inaplicable a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a sus requisitos de integración, facultades, obligaciones, cesación y remoción está ubicada en un apartado especial. Dicha norma es aplicable a los demás integrantes del Poder Judicial, no así a los Ministros de al Corte. Como se ve, recurriendo a la interpretación sistemática de la misma, el resultado será el mismo: la inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema hasta los setenta y cinco años, salvo remoción por Juicio Político.”
Fuente: ABC Color 01/01/2010
El fallo fue firmado por sus colegas Antonio Fretes, Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco el pasado miércoles, pero recién se dio a conocer en el último día del año.
La Corte hace alusión a la resolución del Senado de no confirmar a Garay en el cargo y el llamado a concurso por el Consejo de la Magistratura “En el caso del Consejo de la Magistratura, tampoco tiene competencia para declarar vacantes cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia fuera del procedimiento establecido en la Constitución Nacional”, dice una parte del fallo.
Agrega: “Al carecer de competencia para ello, los actos emanados por los mismos no tienen el carácter de actos administrativos susceptibles de producir efectos jurídicos por cuanto al haber sido dictados en abierta contravención a lo dispuesto por la carta magna, carecen de legalidad en razón de su incompetencia”
Agrega: “En esta cuestión tanto la resolución de la Cámara de Senadores, como las decisiones del Consejo de la Magistratura revisten la categoría de los actos de autoridad, puesto que han sido emitidos de órganos con competencias para determinadas materias. Sin embargo, en este caso, al “no confirmar” a un ministro de la Corte (Senado) y declarar vacancias y convocar a postulantes para dicho cargo (Consejo de la Magistratura) actuaron fuera de su competencia constitucionalmente establecida, con lo cual se constituyen en simples actos de autoridad, mas no existe acto administrativo”.
Luego se refiere que la Carta Magna establece que solo el artículo 261 es aplicable para los ministros
“Sistemáticamente la norma del artículo 252 de la CN es inaplicable a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a sus requisitos de integración, facultades, obligaciones, cesación y remoción está ubicada en un apartado especial. Dicha norma es aplicable a los demás integrantes del Poder Judicial, no así a los Ministros de al Corte. Como se ve, recurriendo a la interpretación sistemática de la misma, el resultado será el mismo: la inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema hasta los setenta y cinco años, salvo remoción por Juicio Político.”
Fuente: ABC Color 01/01/2010
Golpe de Estado contra el Poder Legislativo
Juristas y referentes políticos coincidieron en calificar como un golpe de Estado de un poder a otro el fallo que anula el juicio político a Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea y ordena reponerlos en la Corte Suprema de Justicia. Federico Callizo, ex presidente del Consejo de la Magistratura, considera que “representa el mayor absurdo posible que se haya dado en el Poder Judicial” y que “existe una quiebra institucional y del estado de derecho”. Hoy a las 11:00 se reúne en sesión extraordinaria el Congreso Nacional que desconocería la medida por avasallar facultades exclusivas del Poder Legislativo.
Está en manos del Parlamento salvar la República, la democracia y el estado de derecho, afirma el doctor Federico Callizo Nicora, respecto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. El Partido Democrático Progresista pide movilizarse ante la evidencia de un golpe de Estado y quiebra institucional.
El constitucionalista, convencional constituyente y ex presidente del Consejo de la Magistratura, Federico Callizo Nicora, considera que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que repuso en el cargo a Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes habían sido enjuiciados políticamente y destituidos, “representa el mayor absurdo posible que se haya dado en el Poder Judicial” y que cabe pensar en una segunda intención.
A su criterio, no es fácil en el entramado político que existe en el país, pensar por dónde viene y a quién beneficiará la medida. Señaló que el Partido Colorado, derrotado en elecciones limpias, se alza (con la resolución de la Corte) con un Poder Judicial totalmente coloradizado y que se puede pensar que no desaprovechará la ocasión para que siga fallando a favor de sus intereses. Sostuvo que cuando el Poder Judicial interviene y se inmiscuye en atribuciones exclusivas de otro poder, como el juicio político, “existe una quiebra institucional, una quiebra del estado de derecho”. “La esperanza es que el Parlamento tenga una posición firme. Creo que es necesario que esa posición sea firme y decidida a tomar medidas necesarias como para que los culpables sean castigados. Sinceramente, creo que estos señores que firmaron la sentencia deben ser sometidos a juicio político o enviados sus antecedentes al Jurado para su juzgamiento”, apuntó.
Insistió en que el papel que cumplirá hoy el Parlamento será de salvación de la República, la democracia y el estado de derecho en el país. “Ojalá el Parlamento tenga una sola voz, porque si el Parlamento llegara a tener dos voces: una correcta y otra que encuentre motivo para apoyar la resolución de la Corte, este país no tiene solución, ni con Lugo ni con el Papa. Es una aberración tremenda”, recalcó Callizo.
Al jurista le llama también la atención que la sentencia de reposición de dos ex ministros enjuiciados se dé en año nuevo. “Como si fuese un broche de oro, un regalo que hace la Corte a alguien que maniobra en contra del equilibrio de poderes y la institucionalidad del país”.
Callizo Nicora no cree que el presidente Fernando Lugo esté detrás de lo ocurrido. “Lugo tendrá sus errores, pero de llegar al extremo a ser parte de esta maquiavélica medida creo que no. Además hay un ministro del Interior (Rafael Filizzola) que tiene garantía democrática, no va a deponer sus principios democráticos en la división de poderes del Estado”, dijo.
Criticó también la inamovilidad declarada por la Corte a favor de Juan Manuel Morales en el TSJE y la confirmación de César Garay Zuccolillo como inamovible en la Corte. “El Poder Judicial está haciendo atrocidades jurídicas y no sé cómo toleramos y cómo el pueblo no reacciona. No hay posibilidad de libertad y democracia sin un Poder Judicial entero, claro e imparcial”, dijo y concluyó en que lo que se está haciendo “no tiene nombre, traspasa todo lo que se puede hacer en barbaridades jurídicas”.
Fuente: ABC Color 01/01/2010
Está en manos del Parlamento salvar la República, la democracia y el estado de derecho, afirma el doctor Federico Callizo Nicora, respecto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. El Partido Democrático Progresista pide movilizarse ante la evidencia de un golpe de Estado y quiebra institucional.
El constitucionalista, convencional constituyente y ex presidente del Consejo de la Magistratura, Federico Callizo Nicora, considera que la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que repuso en el cargo a Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes habían sido enjuiciados políticamente y destituidos, “representa el mayor absurdo posible que se haya dado en el Poder Judicial” y que cabe pensar en una segunda intención.
A su criterio, no es fácil en el entramado político que existe en el país, pensar por dónde viene y a quién beneficiará la medida. Señaló que el Partido Colorado, derrotado en elecciones limpias, se alza (con la resolución de la Corte) con un Poder Judicial totalmente coloradizado y que se puede pensar que no desaprovechará la ocasión para que siga fallando a favor de sus intereses. Sostuvo que cuando el Poder Judicial interviene y se inmiscuye en atribuciones exclusivas de otro poder, como el juicio político, “existe una quiebra institucional, una quiebra del estado de derecho”. “La esperanza es que el Parlamento tenga una posición firme. Creo que es necesario que esa posición sea firme y decidida a tomar medidas necesarias como para que los culpables sean castigados. Sinceramente, creo que estos señores que firmaron la sentencia deben ser sometidos a juicio político o enviados sus antecedentes al Jurado para su juzgamiento”, apuntó.
Insistió en que el papel que cumplirá hoy el Parlamento será de salvación de la República, la democracia y el estado de derecho en el país. “Ojalá el Parlamento tenga una sola voz, porque si el Parlamento llegara a tener dos voces: una correcta y otra que encuentre motivo para apoyar la resolución de la Corte, este país no tiene solución, ni con Lugo ni con el Papa. Es una aberración tremenda”, recalcó Callizo.
Al jurista le llama también la atención que la sentencia de reposición de dos ex ministros enjuiciados se dé en año nuevo. “Como si fuese un broche de oro, un regalo que hace la Corte a alguien que maniobra en contra del equilibrio de poderes y la institucionalidad del país”.
Callizo Nicora no cree que el presidente Fernando Lugo esté detrás de lo ocurrido. “Lugo tendrá sus errores, pero de llegar al extremo a ser parte de esta maquiavélica medida creo que no. Además hay un ministro del Interior (Rafael Filizzola) que tiene garantía democrática, no va a deponer sus principios democráticos en la división de poderes del Estado”, dijo.
Criticó también la inamovilidad declarada por la Corte a favor de Juan Manuel Morales en el TSJE y la confirmación de César Garay Zuccolillo como inamovible en la Corte. “El Poder Judicial está haciendo atrocidades jurídicas y no sé cómo toleramos y cómo el pueblo no reacciona. No hay posibilidad de libertad y democracia sin un Poder Judicial entero, claro e imparcial”, dijo y concluyó en que lo que se está haciendo “no tiene nombre, traspasa todo lo que se puede hacer en barbaridades jurídicas”.
Fuente: ABC Color 01/01/2010
jueves, 28 de enero de 2010
Una sala de la Corte ordena la reposición de dos ex ministros
Los fallos favorecen a Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos, destituidos por juicio político en el 2003. Las resoluciones dicen que no hubo garantía para la defensa y ley que califique el mal desempeño.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres camaristas, ordenó la reposición inmediata en el cargo de los doctores Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea; destituidos por juicio político el 12 de diciembre de 2003.
Ríos y Fernández promovieron una acción de inconstitucionalidad el 27 de noviembre de 2003 contra la resolución del Senado por la cual fueron removidos por juicio político y contra la resolución que establece el procedimiento del citado juicio. Sorpresivamente, la máxima instancia judicial dictó ayer las sentencias al respecto.
Ante la inhibición de todos los ministros de la Corte, la Sala Constitucional estuvo integrada por los camaristas Meneleo Insfrán Riveros, Juan Francisco Recalde y Florencio Almada, quieres firmaron los fallos a favor de Ríos y Fernández.
Los fallos, que son idénticos para ambos casos, ordenan la suspensión de todo trámite para llenar las dos vacancias existentes en la Corte.
Por un lado, hay una terna pendiente en el Senado para la designación del reemplazante del ex ministro Wildo Rienzi, y, por otro, el Consejo de la Magistratura convocó a audiencias públicas con los aspirantes a sustituir al ex ministro José Altamirano. Los dos trámites deben suspenderse.
Los fallos ordenan también al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, a prever en el presupuesto los salarios y jubilaciones que le correspondieron a Ríos y Fernández.
VIOLACIONES. La máxima instancia judicial considera que las remociones por juicio político de Ríos y Avalos fueron inconstitucionales, porque violaron las garantías previstas en el artículo 17 de la Carta Magna, y el principio de la supremacía constitucional, previsto en el artículo 137 de la Constitución.
Los camaristas firmantes sostienen que el Senado, aún cuando realiza un juicio político, no tiene la discrecionalidad absoluta para dictar sus resoluciones y que debió dar garantías a Ríos y a Fernández, como a cualquier otro procesado, como el derecho a la defensa, la oportunidad de contar con magistrados imparciales y el derecho de ser condenado por una ley anterior al hecho.
Los magistrados sostienen que al momento del juicio no había una ley que califique el mal desempeño en las funciones y que las tres horas que se les concedió a Ríos y Fernández para defenderse no fueron suficientes.
FISCALÍA SE OPUSO. La Fiscalía General del Estado dictaminó en contra. Dice que Ríos y Fernández tuvieron todas las garantías y ejercieron su defensa ampliamente. Tuvieron tres horas para defenderse mientras la parte acusadora solamente tenía una hora y media para su presentación, dice el dictamen fiscal.
Fuente: Última Hora 31/12/2009
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres camaristas, ordenó la reposición inmediata en el cargo de los doctores Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea; destituidos por juicio político el 12 de diciembre de 2003.
Ríos y Fernández promovieron una acción de inconstitucionalidad el 27 de noviembre de 2003 contra la resolución del Senado por la cual fueron removidos por juicio político y contra la resolución que establece el procedimiento del citado juicio. Sorpresivamente, la máxima instancia judicial dictó ayer las sentencias al respecto.
Ante la inhibición de todos los ministros de la Corte, la Sala Constitucional estuvo integrada por los camaristas Meneleo Insfrán Riveros, Juan Francisco Recalde y Florencio Almada, quieres firmaron los fallos a favor de Ríos y Fernández.
Los fallos, que son idénticos para ambos casos, ordenan la suspensión de todo trámite para llenar las dos vacancias existentes en la Corte.
Por un lado, hay una terna pendiente en el Senado para la designación del reemplazante del ex ministro Wildo Rienzi, y, por otro, el Consejo de la Magistratura convocó a audiencias públicas con los aspirantes a sustituir al ex ministro José Altamirano. Los dos trámites deben suspenderse.
Los fallos ordenan también al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, a prever en el presupuesto los salarios y jubilaciones que le correspondieron a Ríos y Fernández.
VIOLACIONES. La máxima instancia judicial considera que las remociones por juicio político de Ríos y Avalos fueron inconstitucionales, porque violaron las garantías previstas en el artículo 17 de la Carta Magna, y el principio de la supremacía constitucional, previsto en el artículo 137 de la Constitución.
Los camaristas firmantes sostienen que el Senado, aún cuando realiza un juicio político, no tiene la discrecionalidad absoluta para dictar sus resoluciones y que debió dar garantías a Ríos y a Fernández, como a cualquier otro procesado, como el derecho a la defensa, la oportunidad de contar con magistrados imparciales y el derecho de ser condenado por una ley anterior al hecho.
Los magistrados sostienen que al momento del juicio no había una ley que califique el mal desempeño en las funciones y que las tres horas que se les concedió a Ríos y Fernández para defenderse no fueron suficientes.
FISCALÍA SE OPUSO. La Fiscalía General del Estado dictaminó en contra. Dice que Ríos y Fernández tuvieron todas las garantías y ejercieron su defensa ampliamente. Tuvieron tres horas para defenderse mientras la parte acusadora solamente tenía una hora y media para su presentación, dice el dictamen fiscal.
Fuente: Última Hora 31/12/2009
Congreso debatirá fallo judicial que desató crisis de poderes
La convocatoria de una sesión del pleno del Congreso para debatir el sábado la restitución de dos jueces del Tribunal Supremo destituidos en juicio político parlamentario abrió hoy la primera crisis de poderes del actual Gobierno.
Ese hecho marca la primera desavenencia entre esos dos poderes aunque son reiterativos los roces del Ejecutivo con el Legislativo, controlado por la oposición, que amenaza enjuiciar políticamente al jefe de Estado, Fernando Lugo, por presunto mal desempeño en sus funciones, cuando apenas lleva 16 meses en el cargo.
La Comisión Permanente del Congreso, que se ocupa de los trámites legislativos durante el receso parlamentario que se inició el día 21 pasado y que se extenderá hasta marzo próximo, convocó esa reunión para debatir sobre un fallo emitido en la víspera por el Supremo.
La Sala Constitucional del Supremo, integrada por los jueces de segunda instancia Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada, falló en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea contra sendos juicios políticos que derivaron en su destitución, a finales de 2003.
Además, resolvió que Ríos y Fernández Gadea, que fueron relevados en la anterior legislatura como parte de un amplio acuerdo político impulsado entonces por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008) , ocupen los cargos que han quedado vacantes tras el alejamiento de los ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
Rienzi se retiró en julio de 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, mientras que Altamirano renunció en agosto de 2009.
El fallo judicial, que causó sorpresa y generó todo tipo de críticas, también emplaza al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir esos dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.
En ese sentido, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Carrizosa, calificó la medida judicial como un “ verdadero golpe jurídico ” y consideró que es llamativo que el exhorto fue emitido en momentos en que el Poder Judicial y el Legislativo se encuentran en el receso veraniego.
Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) , principal fuerza en la coalición que llevó a Lugo al poder, repudió la resolución del Supremo y exhortó a sus legisladores a participar en la sesión del sábado.
Entretanto, el Gobierno expresó su preocupación, recomendó a las partes a iniciar un diálogo para buscar una salida favorable y ordenó que se “ recaben las opiniones jurídicas de profesionales de derecho ” para obrar en torno al Estado de Derecho.
El polémico asunto será analizado por el pleno del Congreso bicameral, de 45 senadores y 80 diputados.
“ Esperamos debatir esto que consideramos como un golpe de Estado ” , afirmó a periodistas el diputado Sebastián Acha, del PPQ, quien sostuvo que “ aquí hay responsabilidades políticas y penales de estos tres jueces que cometieron una aberración jurídica sin precedentes ” .
La Corte dictaminó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar hoy la inamovilidad de uno de sus miembros y ayer la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.
Sin embargo, un dirigente campesino, Belarmino Balbuena, afín al Gobierno, dijo que la decisión del Supremo deja precedente de que los juicios parlamentarios sin argumentos válidos no prosperan en momentos en que algunos detractores de Lugo insisten en que hay que enjuiciarlo.
Fuente: ABC Color 31/12/2009
Ese hecho marca la primera desavenencia entre esos dos poderes aunque son reiterativos los roces del Ejecutivo con el Legislativo, controlado por la oposición, que amenaza enjuiciar políticamente al jefe de Estado, Fernando Lugo, por presunto mal desempeño en sus funciones, cuando apenas lleva 16 meses en el cargo.
La Comisión Permanente del Congreso, que se ocupa de los trámites legislativos durante el receso parlamentario que se inició el día 21 pasado y que se extenderá hasta marzo próximo, convocó esa reunión para debatir sobre un fallo emitido en la víspera por el Supremo.
La Sala Constitucional del Supremo, integrada por los jueces de segunda instancia Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada, falló en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea contra sendos juicios políticos que derivaron en su destitución, a finales de 2003.
Además, resolvió que Ríos y Fernández Gadea, que fueron relevados en la anterior legislatura como parte de un amplio acuerdo político impulsado entonces por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008) , ocupen los cargos que han quedado vacantes tras el alejamiento de los ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
Rienzi se retiró en julio de 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, mientras que Altamirano renunció en agosto de 2009.
El fallo judicial, que causó sorpresa y generó todo tipo de críticas, también emplaza al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir esos dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.
En ese sentido, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Carrizosa, calificó la medida judicial como un “ verdadero golpe jurídico ” y consideró que es llamativo que el exhorto fue emitido en momentos en que el Poder Judicial y el Legislativo se encuentran en el receso veraniego.
Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) , principal fuerza en la coalición que llevó a Lugo al poder, repudió la resolución del Supremo y exhortó a sus legisladores a participar en la sesión del sábado.
Entretanto, el Gobierno expresó su preocupación, recomendó a las partes a iniciar un diálogo para buscar una salida favorable y ordenó que se “ recaben las opiniones jurídicas de profesionales de derecho ” para obrar en torno al Estado de Derecho.
El polémico asunto será analizado por el pleno del Congreso bicameral, de 45 senadores y 80 diputados.
“ Esperamos debatir esto que consideramos como un golpe de Estado ” , afirmó a periodistas el diputado Sebastián Acha, del PPQ, quien sostuvo que “ aquí hay responsabilidades políticas y penales de estos tres jueces que cometieron una aberración jurídica sin precedentes ” .
La Corte dictaminó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar hoy la inamovilidad de uno de sus miembros y ayer la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.
Sin embargo, un dirigente campesino, Belarmino Balbuena, afín al Gobierno, dijo que la decisión del Supremo deja precedente de que los juicios parlamentarios sin argumentos válidos no prosperan en momentos en que algunos detractores de Lugo insisten en que hay que enjuiciarlo.
Fuente: ABC Color 31/12/2009
Ríos Ávalos califica de histórico el fallo judicial
Bonifacio Ríos Ávalos calificó de histórico el fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió reponerlo en el cargo de ministro.
Apuntó que la resolución "lavó el rostro de la República, de la vergüenza a la que fue sometida en el año 2003 por un gobierno con pensamiento autoritario que quería extinguir el Poder Judicial", expresó al referirse al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien hizo que él como Carlos Fernández Gadea fueron destituidos de sus cargos.
Indicó que el juicio político al que fue sometido fue un atropello a la independencia del Poder Judicial y un atentado contra el Estado de Derecho.
Mencionó que el Estado paraguayo es el principal responsable de lo ocurrido.
En la resolución se ordena la reposición inmediata de los magistrados en sus cargos luego de notificarse al presidente del Senado. También al Consejo de la Magistratura, quienes deberán abstenerse de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes. Estos espacios fueron dejados por los ex ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
"Esta resolución viene felizmente a poner orden para regir nuevamente el rumbo de la institucionalidad que debe regir dentro de un Estado de Derecho", aseguró Ríos Ávalos.
Dijo que, hasta ayer, no fue notificado y por ello no piensa ocupar aún su oficina en la sede de la Corte Suprema.
Alegó que no pasarán muchos días para que vuelva a la Corte y especuló que ese día podría ser este lunes.
Fuente: Última Hora 31/12/2009
Apuntó que la resolución "lavó el rostro de la República, de la vergüenza a la que fue sometida en el año 2003 por un gobierno con pensamiento autoritario que quería extinguir el Poder Judicial", expresó al referirse al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien hizo que él como Carlos Fernández Gadea fueron destituidos de sus cargos.
Indicó que el juicio político al que fue sometido fue un atropello a la independencia del Poder Judicial y un atentado contra el Estado de Derecho.
Mencionó que el Estado paraguayo es el principal responsable de lo ocurrido.
En la resolución se ordena la reposición inmediata de los magistrados en sus cargos luego de notificarse al presidente del Senado. También al Consejo de la Magistratura, quienes deberán abstenerse de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes. Estos espacios fueron dejados por los ex ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
"Esta resolución viene felizmente a poner orden para regir nuevamente el rumbo de la institucionalidad que debe regir dentro de un Estado de Derecho", aseguró Ríos Ávalos.
Dijo que, hasta ayer, no fue notificado y por ello no piensa ocupar aún su oficina en la sede de la Corte Suprema.
Alegó que no pasarán muchos días para que vuelva a la Corte y especuló que ese día podría ser este lunes.
Fuente: Última Hora 31/12/2009
Pedirán no detener proceso para llenar vacancias
El senador Miguel Abdón Saguier, miembro del Consejo de la Magistratura, dijo que planteará a la entidad judicial que no detenga los trámites para llenar las vacancias que dejaron en la Corte los ministros Wildo Rienzi y José Altamirano. El parlamentario dijo que el fallo que ordena que Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea ocupen estos cargos es totalmente inconstitucional.
Miguel Saguier representa al Senado en el Consejo de la Magistratura, organismo que se encarga de confeccionar ternas para llenar puestos vacantes en el Poder Judicial. Una resolución de la Sala Constitucional dispuso este miércoles que el proceso para reemplazar a los ministros Wildo Rienzi, jubilado, y José Altamirano, no confirmado por el Senado, sea suspendido y que estos lugares sean ocupados por Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, quienes habían sido destituidos del máximo tribunal a fines de 2003.
La resolución de la Sala Penal no solamente ordena la reincorporación de estas personas, sino que menciona en lugar de quienes deben reasumir.
Miguel Abdón Saguier reiteró este jueves que la disposición viola la Constitución Nacional y que por ello nadie está obligado a cumplirla.
El parlamentario subrayó que la medida es nula. Sostuvo que la Constitución indica que no son justiciables las cuestiones políticas. Recordó que los ministros Ríos y Fernández habían sido destituidos por un juicio político, atribución exclusiva del Congreso.
“Están todos chiflados estos tipos, es elemental, las cuestiones no justiciables deben ser rechazadas in limine”, subrayó el parlamentario.
Según Saguier, el fallo de la Sala Constitucional de la Corte usurpa funciones de varias instituciones, entre ellas el Congreso, que debe dar su acuerdo para la designación de ministros, y del Consejo de la Magistratura, encargado de enviar las ternas.
“Son cavernícolas y no juristas”, sentenció.
Saguier, por otro lado, adelantó que un grupo de legisladores planteará que sesione la Comisión Permanente del Congreso, en funciones actualmente, para que se pronuncie sobre la decisión adoptada este miércoles por la Corte. Recordó que el grupo legislativo, que trabaja durante el receso legislativo, tiene entre sus principales obligaciones “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
El senador liberal indicó que la sentencia en cuestión es claramente nula y sin valor.
El fallo fue firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada.
La resolución también dispone que la reincorporación también sea notificada al Poder Ejecutivo y al Parlamento, instituciones que también participan en la selección de magistrados.
Fuente: ABC Color 31/12/2009
Miguel Saguier representa al Senado en el Consejo de la Magistratura, organismo que se encarga de confeccionar ternas para llenar puestos vacantes en el Poder Judicial. Una resolución de la Sala Constitucional dispuso este miércoles que el proceso para reemplazar a los ministros Wildo Rienzi, jubilado, y José Altamirano, no confirmado por el Senado, sea suspendido y que estos lugares sean ocupados por Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, quienes habían sido destituidos del máximo tribunal a fines de 2003.
La resolución de la Sala Penal no solamente ordena la reincorporación de estas personas, sino que menciona en lugar de quienes deben reasumir.
Miguel Abdón Saguier reiteró este jueves que la disposición viola la Constitución Nacional y que por ello nadie está obligado a cumplirla.
El parlamentario subrayó que la medida es nula. Sostuvo que la Constitución indica que no son justiciables las cuestiones políticas. Recordó que los ministros Ríos y Fernández habían sido destituidos por un juicio político, atribución exclusiva del Congreso.
“Están todos chiflados estos tipos, es elemental, las cuestiones no justiciables deben ser rechazadas in limine”, subrayó el parlamentario.
Según Saguier, el fallo de la Sala Constitucional de la Corte usurpa funciones de varias instituciones, entre ellas el Congreso, que debe dar su acuerdo para la designación de ministros, y del Consejo de la Magistratura, encargado de enviar las ternas.
“Son cavernícolas y no juristas”, sentenció.
Saguier, por otro lado, adelantó que un grupo de legisladores planteará que sesione la Comisión Permanente del Congreso, en funciones actualmente, para que se pronuncie sobre la decisión adoptada este miércoles por la Corte. Recordó que el grupo legislativo, que trabaja durante el receso legislativo, tiene entre sus principales obligaciones “cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
El senador liberal indicó que la sentencia en cuestión es claramente nula y sin valor.
El fallo fue firmado por los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada.
La resolución también dispone que la reincorporación también sea notificada al Poder Ejecutivo y al Parlamento, instituciones que también participan en la selección de magistrados.
Fuente: ABC Color 31/12/2009
Fallo ordena cese de proceso de selección
La resolución de la Corte Suprema de Justicia que anula la destitución de los entonces ministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea dispone además el cese de los procedimientos realizados para llenar los cargos vacantes tras la salida de los ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
Específicamente, los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada ordenan notificar su decisión al Presidente de la República y a los presidentes de la Cámara de Senadores y del Consejo de la Magistratura, para que se abstengan de implementar o continuar los procedimientos de selección. Asimismo, el fallo establece que el Ministerio de Hacienda deberá ordenar la regularización de los aportes jubilatorios correspondientes a los beneficiados con la reposición.
Entre los principales fundamentos esgrimidos para aceptar las acciones de los ministros depuestos, la Corte alega violación del derecho a la defensa. “La aquí impugnada resolución N° 122 estableció un procedimiento para la tramitación del juicio político a los entonces ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude y Bonifacio Ríos (Art. 1), circunstancia que no se compadece con la disposición constitucional que prohíbe el establecimiento de ley especial de juzgamiento; es decir, ley o norma jurídica aplicada al juzgamiento de persona determinada, admitida por el Derecho Internacional Público y acogida en el marco del Orden Jurídico Supranacional prescripto por el Art. 145 de nuestra Carta Magna”, señala el fallo. “La prohibición –para oponer incidentes, recusaciones, cuestiones previas y recursos alguno– establecida en el artículo 2° de la citada resolución administrativa del Senado, notoriamente conculca la garantía de defensa de ser juzgado por magistrados imparciales (Art. 16 de la CN), así como el derecho de petición consagrado en el artículo 40, también de nuestra Carta Magna”, refiere la sentencia.
Fuente: ABC Color 30/12/2009
Específicamente, los camaristas Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada ordenan notificar su decisión al Presidente de la República y a los presidentes de la Cámara de Senadores y del Consejo de la Magistratura, para que se abstengan de implementar o continuar los procedimientos de selección. Asimismo, el fallo establece que el Ministerio de Hacienda deberá ordenar la regularización de los aportes jubilatorios correspondientes a los beneficiados con la reposición.
Entre los principales fundamentos esgrimidos para aceptar las acciones de los ministros depuestos, la Corte alega violación del derecho a la defensa. “La aquí impugnada resolución N° 122 estableció un procedimiento para la tramitación del juicio político a los entonces ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude y Bonifacio Ríos (Art. 1), circunstancia que no se compadece con la disposición constitucional que prohíbe el establecimiento de ley especial de juzgamiento; es decir, ley o norma jurídica aplicada al juzgamiento de persona determinada, admitida por el Derecho Internacional Público y acogida en el marco del Orden Jurídico Supranacional prescripto por el Art. 145 de nuestra Carta Magna”, señala el fallo. “La prohibición –para oponer incidentes, recusaciones, cuestiones previas y recursos alguno– establecida en el artículo 2° de la citada resolución administrativa del Senado, notoriamente conculca la garantía de defensa de ser juzgado por magistrados imparciales (Art. 16 de la CN), así como el derecho de petición consagrado en el artículo 40, también de nuestra Carta Magna”, refiere la sentencia.
Fuente: ABC Color 30/12/2009
Ordenan que Ríos y Fernández llenen vacancias
Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea ocuparán los cargos de los ex ministros Wildo Rienzi y José Altamirano, según la resolución de la Corte Suprema de Justicia emitida este miércoles. El fallo dispone que la sentencia sea comunicada al presidente de la República, del Congreso y del Consejo de la Magistratura para que se detengan los procedimientos para selección de candidatos para los cargos que estaban vacantes.
El Consejo de la Magistratura debía llamar a concurso para cubrir los puestos de los ex ministros Rienzi y Altamirano, en la Corte Suprema de Justicia.
El ex ministro José Altamirano cumplió su mandato el 19 de marzo de este año. El mismo renunció a su cargo, al no ser confirmado por la Cámara de Senadores.
Por su parte, Wildo Rienzi abandonó el puesto de ministro cuando cumplió los 75 años de edad, obedeciendo a su jubilación.
La sentencia que repuso a Bonifacio Ríos Avalos y a Carlos Fernández Gadea fue firmada por los camaristas Meneleo Insfrán, Juan Francisco Recalde y Florencio Pedro Almada.
Lea las partes más importantes de la sentencia de la Sala Constitucional.
Fuente: ABC Color 30/12/2009
El ex ministro José Altamirano cumplió su mandato el 19 de marzo de este año. El mismo renunció a su cargo, al no ser confirmado por la Cámara de Senadores.
Por su parte, Wildo Rienzi abandonó el puesto de ministro cuando cumplió los 75 años de edad, obedeciendo a su jubilación.
La sentencia que repuso a Bonifacio Ríos Avalos y a Carlos Fernández Gadea fue firmada por los camaristas Meneleo Insfrán, Juan Francisco Recalde y Florencio Pedro Almada.
Lea las partes más importantes de la sentencia de la Sala Constitucional.
Altamirano critica el fallo favorable a los ex ministros
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Altamirano, afirmó que el fallo que repone a Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea implica desconocimiento total del ordenamiento jurídico de la República.
El juicio político en el Paraguay tiene el alcance de una censura contra el funcionario afectado y a través del cual se hace su remoción; no es igual que un juicio jurídico, indicó.
No es un proceso judicial normal contra el cual puede reclamarse, insistió.
También señaló que el fallo implica un desconocimiento total del funcionamiento de las instituciones, como el Consejo de la Magistratura y el siguiente procedimiento constitucional para la designación de los ministros.
Altamirano dijo además que actualmente en la Corte no hay ni un ministro con legitimidad para ejercer el cargo que ostenta, porque todos tienen mandatos vencidos.
LEZCANO CLAUDE. Por su parte, el ex ministro de la Corte Luis Lezcano Claude dijo que habiendo dos vacancias tendrán que asumir directamente, una vez que quede firme la resolución.
Sentenció que entre los que pretenden tener alguna preponderancia sobre conocimiento jurídico varios tienen nula preparación.
Fuente: Última Hora 31/12/20009)
El juicio político en el Paraguay tiene el alcance de una censura contra el funcionario afectado y a través del cual se hace su remoción; no es igual que un juicio jurídico, indicó.
No es un proceso judicial normal contra el cual puede reclamarse, insistió.
También señaló que el fallo implica un desconocimiento total del funcionamiento de las instituciones, como el Consejo de la Magistratura y el siguiente procedimiento constitucional para la designación de los ministros.
Altamirano dijo además que actualmente en la Corte no hay ni un ministro con legitimidad para ejercer el cargo que ostenta, porque todos tienen mandatos vencidos.
LEZCANO CLAUDE. Por su parte, el ex ministro de la Corte Luis Lezcano Claude dijo que habiendo dos vacancias tendrán que asumir directamente, una vez que quede firme la resolución.
Sentenció que entre los que pretenden tener alguna preponderancia sobre conocimiento jurídico varios tienen nula preparación.
Fuente: Última Hora 31/12/20009)
"Es un fallo histórico", dice Bonifacio Ríos Avalos
Bonifacio Ríos Avalos, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia cuya reposición en el cargo fue ordenada en la tarde del miércoles a través de la Sala Constitucional del máximo organismo de justicia, señaló a la 970 AM que "es un fallo histórico para lavar el rostro de la República de la vergüenza a la que fue sometida en el 2003".
Indicó que la Corte Interamericana admitió en julio pasado la denuncia contra el Estado paraguayo que realizó junto a Carlos Fernández Gadea. Ríos Avalos afirma que el juicio político al que fue sometido junto a su colega en el año 2003 es un "atropello a la independencia del Poder Judicial y un atentado contra el Estado de Derecho" y que considera esta resolución el fruto de esta admisión.
En la resolución se ordena la reposición inmediata de los magistrados en sus cargos luego de notificarse al presidente de la Cámara de Senadores, al Presidente de la República y al presidente del Consejo de la Magistratura, quienes deberán abstenerse de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes dejados por los ex ministros de la Corte Wildo Rienzi y José Altamirano.
Ríos también mencionó que el Estado paraguayo es el principal responsable de lo ocurrido a pesar de que intentó con todos sus abogados impedir la reposición. Citó a los procuradores de la era Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) como los principales responsables.
Fuente: ABC Color 30/12/2009
Indicó que la Corte Interamericana admitió en julio pasado la denuncia contra el Estado paraguayo que realizó junto a Carlos Fernández Gadea. Ríos Avalos afirma que el juicio político al que fue sometido junto a su colega en el año 2003 es un "atropello a la independencia del Poder Judicial y un atentado contra el Estado de Derecho" y que considera esta resolución el fruto de esta admisión.
En la resolución se ordena la reposición inmediata de los magistrados en sus cargos luego de notificarse al presidente de la Cámara de Senadores, al Presidente de la República y al presidente del Consejo de la Magistratura, quienes deberán abstenerse de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes dejados por los ex ministros de la Corte Wildo Rienzi y José Altamirano.
Ríos también mencionó que el Estado paraguayo es el principal responsable de lo ocurrido a pesar de que intentó con todos sus abogados impedir la reposición. Citó a los procuradores de la era Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) como los principales responsables.
Fuente: ABC Color 30/12/2009
El Consejo mejorará con más control
El organismo selector de magistrados aprobó nuevo reglamento para las audiencias públicas con candidatos a ministros de la Corte, fiscal general y Tribunal Superior de Justicia Electo- ral. La novedad es la mayor publicidad.
El Consejo de la Magistratura mejorará su función con una fuerte publicidad de los datos de los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y en la Fiscalía y con la amplia participación de la sociedad civil, afirmó el doctor Cristóbal Sánchez, uno de los integrantes de la citada institución.
Fuente: Última hora 27/12/2009
El Consejo de la Magistratura mejorará su función con una fuerte publicidad de los datos de los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y en la Fiscalía y con la amplia participación de la sociedad civil, afirmó el doctor Cristóbal Sánchez, uno de los integrantes de la citada institución.
Fuente: Última hora 27/12/2009
Lugo cierra otro año de fracaso para cambiar a la Corte Suprema
Los ministros de la máxima instancia judicial, instalados por el gobierno anterior, se atrincheraron en sus puestos y el presidente de la República se resignó ante la imposibilidad de cambiarlos.
La promesa electoral del presidente Lugo de cambiar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, instalados por el gobierno anterior, de nuevo quedó en la nada este año. Al contrario, esa Corte se atrincheró y agregó más ministros inamovibles en su seno. La mayoría de las sentencias de inamovilidad se produjo este año y Lugo se encontró con un fuerte muro para poder cumplir su cometido. Al final, el jefe de Estado se resignó y el cambio en la Corte ya no figura en su agenda como prioridad.
En marzo del presente año, el ministro Sindulfo Blanco fue declarado inamovible por la Sala Constitucional integrada por Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Víctor Núñez. En el mismo mes, la Corte dio a conocer el fallo que en noviembre del año anterior favoreció al ministro Víctor Núñez.
Así, los ministros se iban quedando en sus puestos sin que nadie pueda sacarlos. El primer inamovible fue Antonio Fretes, en el 2007; luego Núñez, en el 2008, pero el resto de los fallos sobre la inamovilidad se produjo en el presente año. En febrero del 2009, la Corte declaró inamovible a Alicia Pucheta de Correa, por una simple resolución administrativa del pleno y, luego, en el mismo mes, a Raúl Torres Kirmser. Bajac fue declarado inamovible en junio, por votos de sus colegas Víctor Núñez y Sindulfo Blanco y del camarista Carlos Bray Maurice. Así, se completó el sexto inamo-vible.
Como broche de oro, la Sala Constitucional, integrada por Antonio Fretes, José Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco, hizo lugar, en setiembre del 2009, a la solicitud de medida cautelar planteada por el ministro César Garay Zuccolillo y suspendió el llamado a concurso que el Consejo de la Magistratura estaba haciendo para seleccionar candidatos a reemplazarlo. Garay sigue en el puesto mediante esa medida cautelar.
OPERATIVO BLANQUEO. Desde otra perspectiva, se puede observar la administración de justicia en el presente año llevando a cabo un operativo blanqueo de muchos procesados y acusados por enriquecimiento ilícito o delitos parecidos. La gran excusa es el fin del plazo para dictar la sentencia. Los procesos judiciales se dilatan hasta cumplir los cuatro años; entonces, se archivan los expedientes. Así funciona el sistema.
La administración de justicia va limpiando expedientes donde estaban investigados y acusados algunos exponentes del gobierno anterior o del Partido Colorado, como el ex presidente de la República Luis González Macchi (1999-2003), quien había sido acusado por enriquecimiento ilícito.
En otros casos, dilata la resolución, como el del ex mandatario Nicanor Duarte Frutos. El expediente está parado en la Sala Constitucional desde junio.
Hay una impunidad en puerta, en el caso del ex gobernador de presidente Hayes, Eugenio Escobar Catebeke por desvío de fondos de G. 1.300 millones. Este fin de mes, se cumple el plazo para la sentencia.
Otro caso de volumen es el de Víctor Bernal, ex director de Itaipú Binacional en la era Nicanor Duarte Frutos. Hace más de un año que el expediente está cajoneado en un tribunal de Apelaciones.
Fuente: Última Hora 26/12/2009
La promesa electoral del presidente Lugo de cambiar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, instalados por el gobierno anterior, de nuevo quedó en la nada este año. Al contrario, esa Corte se atrincheró y agregó más ministros inamovibles en su seno. La mayoría de las sentencias de inamovilidad se produjo este año y Lugo se encontró con un fuerte muro para poder cumplir su cometido. Al final, el jefe de Estado se resignó y el cambio en la Corte ya no figura en su agenda como prioridad.
En marzo del presente año, el ministro Sindulfo Blanco fue declarado inamovible por la Sala Constitucional integrada por Antonio Fretes, Alicia Pucheta de Correa y Víctor Núñez. En el mismo mes, la Corte dio a conocer el fallo que en noviembre del año anterior favoreció al ministro Víctor Núñez.
Así, los ministros se iban quedando en sus puestos sin que nadie pueda sacarlos. El primer inamovible fue Antonio Fretes, en el 2007; luego Núñez, en el 2008, pero el resto de los fallos sobre la inamovilidad se produjo en el presente año. En febrero del 2009, la Corte declaró inamovible a Alicia Pucheta de Correa, por una simple resolución administrativa del pleno y, luego, en el mismo mes, a Raúl Torres Kirmser. Bajac fue declarado inamovible en junio, por votos de sus colegas Víctor Núñez y Sindulfo Blanco y del camarista Carlos Bray Maurice. Así, se completó el sexto inamo-vible.
Como broche de oro, la Sala Constitucional, integrada por Antonio Fretes, José Raúl Torres Kirmser y Sindulfo Blanco, hizo lugar, en setiembre del 2009, a la solicitud de medida cautelar planteada por el ministro César Garay Zuccolillo y suspendió el llamado a concurso que el Consejo de la Magistratura estaba haciendo para seleccionar candidatos a reemplazarlo. Garay sigue en el puesto mediante esa medida cautelar.
OPERATIVO BLANQUEO. Desde otra perspectiva, se puede observar la administración de justicia en el presente año llevando a cabo un operativo blanqueo de muchos procesados y acusados por enriquecimiento ilícito o delitos parecidos. La gran excusa es el fin del plazo para dictar la sentencia. Los procesos judiciales se dilatan hasta cumplir los cuatro años; entonces, se archivan los expedientes. Así funciona el sistema.
La administración de justicia va limpiando expedientes donde estaban investigados y acusados algunos exponentes del gobierno anterior o del Partido Colorado, como el ex presidente de la República Luis González Macchi (1999-2003), quien había sido acusado por enriquecimiento ilícito.
En otros casos, dilata la resolución, como el del ex mandatario Nicanor Duarte Frutos. El expediente está parado en la Sala Constitucional desde junio.
Hay una impunidad en puerta, en el caso del ex gobernador de presidente Hayes, Eugenio Escobar Catebeke por desvío de fondos de G. 1.300 millones. Este fin de mes, se cumple el plazo para la sentencia.
Otro caso de volumen es el de Víctor Bernal, ex director de Itaipú Binacional en la era Nicanor Duarte Frutos. Hace más de un año que el expediente está cajoneado en un tribunal de Apelaciones.
Fuente: Última Hora 26/12/2009
Negociación por vacancia se definiría en el 2010
El año próximo, el Senado tendrá a su cargo definir de una buena vez al reemplazante de Wildo Rienzi en la Corte Suprema de Justicia, vacancia pendiente hace casi tres años.
Ya se cuenta con un dictamen que marca la tendencia de lo que sucederá, además de las negociaciones donde el trueque sería colocar en este espacio al candidato de Vanguardia Colorada Emiliano Rolón, a cambio de la elección del candidato Jorge Rolón Luna para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Sin embargo, las negociaciones se complicaron a última hora, por lo que a pedido de los legisladores, el tema pasó para el reinicio del periodo de sesiones el año próximo.
Otro inconveniente es el estancamiento que sufre en el Consejo de la Magistratura la terna de candidatos para el TSJE, ya que el presidente de la institución, el diputado oviedista Gustavo Mussi, es consciente que el candidato de su partido no tiene los votos.
Los colorados de la bancada "A", nicanoristas y ex nicanoristas, se unen a la causa de los del Unace, ya que su candidato electo para la Corte, Agustín Lovera Cañete, no obtuvo el acuerdo de Lugo, por lo que están sin candidatos.
NEGOCIACIÓN. Los sectores políticos definirán en el 2010 una serie de vacancias, además de las mencionadas, ya que en la Corte también debe llenarse la vacancia de José Altamirano, así como se dará en otras instituciones claves, como la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, por mencionar las más apetecidas por los sectores políticos.
El año próximo, necesariamente, deben definirse estos cupos que marcarán la configuración del futuro tablero político.
Fuente: Última Hora 26/12/2009
Ya se cuenta con un dictamen que marca la tendencia de lo que sucederá, además de las negociaciones donde el trueque sería colocar en este espacio al candidato de Vanguardia Colorada Emiliano Rolón, a cambio de la elección del candidato Jorge Rolón Luna para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Sin embargo, las negociaciones se complicaron a última hora, por lo que a pedido de los legisladores, el tema pasó para el reinicio del periodo de sesiones el año próximo.
Otro inconveniente es el estancamiento que sufre en el Consejo de la Magistratura la terna de candidatos para el TSJE, ya que el presidente de la institución, el diputado oviedista Gustavo Mussi, es consciente que el candidato de su partido no tiene los votos.
Los colorados de la bancada "A", nicanoristas y ex nicanoristas, se unen a la causa de los del Unace, ya que su candidato electo para la Corte, Agustín Lovera Cañete, no obtuvo el acuerdo de Lugo, por lo que están sin candidatos.
NEGOCIACIÓN. Los sectores políticos definirán en el 2010 una serie de vacancias, además de las mencionadas, ya que en la Corte también debe llenarse la vacancia de José Altamirano, así como se dará en otras instituciones claves, como la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, por mencionar las más apetecidas por los sectores políticos.
El año próximo, necesariamente, deben definirse estos cupos que marcarán la configuración del futuro tablero político.
Fuente: Última Hora 26/12/2009
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