Sin una renovación de la Administración de Justicia, el cambio será imposible. La corrupción, que se traduce en la venta de sentencias, la intromisión del poder político y otras formas de distorsión de la aplicación de las leyes, debe terminar. Para ello es necesario iniciar un proceso.
Una y otra vez, los nuevos gobernantes han expresado su deseo de tener una nueva Justicia. En realidad, hasta allí no es sino un lugar común al que recurren todos los que desean estructurar una Corte Suprema favorable a sus intereses particulares. El último ejemplo de ello es el del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien cambió a los ministros solo para colocar a sus leales.
La campaña política del hoy presidente Fernando Lugo comenzó con la bandera del cambio de los integrantes de la máxima instancia judicial por ser cómplices de la violación de la Constitución al permitir a Nicanor Duarte Frutos pasar por encima de su artículo 237, que prohíbe el ejercicio de dos cargos simultáneos.
Sin embargo, paradójicamente, el tema del Poder Judicial estuvo ausente en su discurso de asunción el pasado 15 de agosto.
Si bien comenzar por la cúpula de la Corte es un camino válido para la búsqueda de la transformación de las prácticas de los que forman parte del Poder Judicial, no hay que descartar otras vías.
En estos días nuestro diario publica un edicto para el llenado de cargos vacantes y de vacancias por fenecimiento de mandato. Sin esperar que se cambie la Corte, es necesario escoger mejor a los magistrados, fiscales, síndicos, jueces de Paz y de Justicia Letrada, defensores y otros cargos existentes.
El obstáculo a salvar es la estructura de selección: el Consejo de la Magistratura está hoy dominado por integrantes con una mentalidad clientelista y prebendaria que, en mayoría, responde al Partido Colorado. Mientras sigan usando el poder que se les otorgó legalmente para beneficio de unos pocos, será difícil avanzar hacia metas diferentes.
Las reglas del juego para elegir a los que van a ocupar los distintos puestos están dentro de una cultura donde valen más los argumentos políticos, las recomendaciones y los vínculos antes que los méritos y la institucionalidad. Esta es la causa por la que la calidad de los funcionarios judiciales deja mucho que desear, tanto en lo que atañe al desempeño profesional como al apego a las normas éticas.
El nuevo Gobierno debe acometer con fuerza, decisión y coraje la tarea de cambiar la mentalidad y el comportamiento de los que forman parte de la estructura judicial en todos los niveles. De ello depende la seguridad jurídica que pueda existir en el Paraguay, tanto para los compatriotas como para los extranjeros.
Sin una Justicia que garantice juicios y sentencias justos, cualquier cambio siempre será superficial. Si los gobernantes pretenden encabezar un proceso a largo plazo, tienen que poner ya manos a la obra. Cada día que pasa es un triunfo de los corruptos que desean que todo siga igual.
Fuente: UH digital
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