Se ha instalado el debate para cambiar la administración de justicia mediante el cambio de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia. También se habla de la Fiscalía General del Estado. Son cambios en las altas jerarquías institucionales, pasos que sin duda alguna son necesarios para cambiar instituciones. Sin embargo, conviene preguntarnos –a pesar que parezca obvia e innecesaria: ¿el cambio de los ministros de la CSJ garantiza por sí mismo los resultados planteados? Para responder y guiar el rumbo –pero también para mirar lo que fuimos capaces de aceptar– basta recordar el fracaso de la rimbombante “pulverización” de la Corte en el 2003, o el cambio de la Fiscalía General en el 2005, que con el mismo discurso de cambiar el Poder Judicial sólo sirvieron para sostener mejor al régimen corrupto anterior.
Para que el proceso de cambio actual resulte, se debe tener bien claro cuales son los fines que se van a perseguir y cuáles los medios que se van a utilizar. Para ayudar a ver mejor los caminos, siempre conviene hacer preguntas, tal vez como ésta: ¿Cómo se pretende reemplazar a ciertos ministros de la Corte Suprema de Justicia por otros con mejores perfiles para el cargo, sin cambiar al órgano que propone la terna de reemplazantes?
Urge agregar a la discusión pública sobre el cambio en la justicia a un órgano clave pero oculto por el silencio de los actores político-sociales: el Consejo de la Magistratura. ¿Sabe la ciudadanía quiénes son los miembros de esta institución encargada, nada menos, de realizar los procesos de selección de jueces y ministros de la Corte? ¿Sabe cuáles son los antecedentes de estas personas, procedencias políticas, méritos académicos o desméritos éticos? ¿Por qué los principales partidos políticos discuten los cambios en la Corte pero no en el Consejo? ¿No será porque así queda entre “pocos” la selección de los reemplazantes?
Hay que debatir la situación del Consejo de la Magistratura si se va discutir con seriedad el cambio en la administración de justicia, y seriamente significa incluir a distintos sectores, como la comunidad académica, jurídica, organizaciones ciudadanas, intelectuales y otros. No caigamos en los errores cometidos en el 2003, cuando el Ejecutivo legitimó su proceso con el involucramiento de otros actores, constituyendo una Corte a su medida, que entre varias cosas permitió violaciones a la Constitución Nacional, generando un conflicto político que aún no acaba.
El proceso de cambio que vive el país alcanza a varias de las viejas estructuras que han sostenido por décadas una realidad injusta para la mayoría de la población. Estas estructuras están siendo corroídas por la fuerza de una sociedad que actúa vía sus distintas organizaciones, políticas, sociales, ciudadanas, y otras. A cada uno le toca actuar responsablemente para que los cambios no fracasen nuevamente, porque hay que tener en cuenta que también actúan las fuerzas que quieren impedir los cambios reales.
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