 El fallo se dictó justo en el día en que según varios miembros del Congreso y el mismo presidente Fernando Lugo, dijo que fenece el mandato de cinco años de ministro de la Corte Suprema de Justicia, ya que juraron en el cargo el 19 de marzo del 2004. Incluso, podría ser interpretado como una reafirmación de sus posturas ya que saben que no existen los votos necesarios para sacarlos por juicio político. El contrasentido es que Blanco pertenece al PLRA, por lo que es el primero de la misma agrupación que llevó con la Alianza Patriótica a la presidencia al ex obispo. Sin embargo, no es el único ya que su colega liberal, el ministro Óscar Bajac, también pide lo mismo. EL FALLO. El ministro Víctor Núñez fue el preopinante en la acción de declaración de certeza constitucional. Su voto fue casi calcado de la acción planteada por el ministro José Raúl Torres Kirmser, donde también se había requerido lo mismo. Núñez hace un análisis de la acción de declaración de certeza, donde indica su necesidad para la reafirmación de un derecho, ante la duda existente. Cita al jurista Germán Bidart Campos para argumentar esta posición. También habla de la jurisprudencia existente en la Argentina. Refiere el caso del ex presidente Luis Ángel González Macchi, como antecedente a una declaración de certeza constitucional en nuestro país. Después, hace un análisis de la acción Blanco. Alega que en reiterados fallos "esta Corte ha sostenido que un ministro de la Corte Suprema de Justicia es inamovible en su cargo desde su designación hasta el límite de edad ya citado". Argumenta en su voto de doce páginas su postura de que la inamovilidad es por el simple hecho de su designación como ministro de la Corte. Esto, aunque Blanco basa su pedido en que fue confirmado dos veces como magistrado por lo que por esta razón es inamovible en el cargo. Luego, el ministro Antonio Fretes -actual presidente de la Corte-, en una página y media, analiza el pedido de Blanco. Indica que en las constancias de autos, su colega ya es inamovible por las dos confirmaciones, pero de nuevo afirma su postura de que un ministro es inamovible hasta los 75 años por el solo hecho de ser nombrado en el cargo. Finalmente, la ministra Alicia Pucheta de Correa sustenta su posición en una página y media. Para ella, el ministro Blanco es inamovible porque fue confirmado dos veces como magistrado judicial, por lo que ya adquirió la inamovilidad. Sin embargo, todos entendieron que había que hacer lugar a la acción planteada. SUMAN CINCO Y AÚN FALTA ACCIÓN DE BAJAC Con la declaración de inamovilidad del ministro Sindulfo Blanco, por la acción de certeza constitucional, ya son cinco los ministros de la Corte que estarán en el cargo hasta los 75 años. Aún falta resolver la acción similar del ministro Óscar Bajac. El primero de ellos fue el actual titular de la Corte, Antonio Fretes, quien planteó una inconstitucionalidad. Le siguió su colega Víctor Núñez, aunque este ocultó su fallo por más de tres meses, hasta que se filtró por una exclusiva de este diario. Después, la ministra Alicia Pucheta de Correa, con una acción administrativa, el pleno la declaró inamovible, por sus dos confirmaciones anteriores. Finalmente, José Raúl Torres Kirmser, que pidió la declaración de certeza constitucional, por sus dos confirmaciones. Todos ellos eran colorados. Ahora, se le suma un liberal. Fuente: UH digital 20/03/09 |
viernes, 20 de marzo de 2009
Blanco es el primer ministro liberal inamovible en la Corte
Fallo fue dictado ayer por la Sala Constitucional. Con ello, ya son cinco los que tienen este privilegio. Ayer feneció el mandato de varios, según opinan legisladores del oficialismo y el mismo presidente Lugo.
martes, 17 de marzo de 2009
Senado no define su postura ante el conflicto con la Corte
| La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado analizó ayer la propuesta de realizar una ley nueva para interpretar los periodos de los ministros de la Corte Suprema o rechazar las inamovilidades que ellos proclaman. El senador Miguel Carrizosa explicó que la primera propuesta implica la intervención de un organismo internacional en el caso de no haber un acuerdo entre los poderes del Estado en cuanto a la interpretación de la ley. Según detalló el senador, durante el análisis de la Comisión, los constitucionalistas Miguel Abdón Saguier y Hugo Estigarribia manifestaron que la intención de la Carta Magna es que los ministros de la Corte necesiten dos confirmaciones para ser inamovibles, independientemente de sus confirmaciones previas al máximo cargo en el Poder Judicial. "Lo correcto es que, si todos interpretamos que así es la Constitución y la ley, actuemos así. Por qué habríamos de actuar de otra manera por enfrentamiento de Poderes o falta de gobernabilidad", opinó Carrizosa, quien sostiene que el Senado debe rechazar las inamovilidades y que al menos debe haber un debate para tomar una decisión. CONTINUIDAD. "Yo siento que la mayoría de mis compañeros de las otras bancadas quieren que todo siga como está ahora, incluidos los de la Alianza", dijo Carrizosa sobre la continuidad de los ministros de la Corte, poniendo como ejemplo los pedidos de confirmación. El senador Carlos Filizzola sostuvo que los ministros no pueden autoconfirmarse y que se presentará un proyecto para declarar inválido eso. Con respecto de la terna para el reemplazante de Wildo Rienzi en la Corte, el senador Juan Darío Monges sostuvo que no se puede modificar, salvo que el Ejecutivo vete. VENCIMIENTOS. Desde este jueves 19 todos los ministros de la Corte estarán con mandato vencido, pero la única terna existente (desde el 4 de noviembre del 2007) corresponde a la vacancia del ya jubilado Wildo Rienzi, cuyos intentos de selección han fracasado. Los pedidos de confirmación pendientes en el Senado son de los ministros Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco, ambos con resolución de inamovilidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También están los pedidos para los ministros César Garay Zuccolillo y José Altamirano, este último con ingreso la semana pasada a pedido del senador liberal "franquista" Amancio López. Sin embargo, este jueves no se tratará ninguna de estas confirmaciones y solo se escucharán nuevamente las exposiciones de posturas en el espacio de oradores, ya que no hay un acuerdo. Fuente: UH Digital 17/03/09 |
lunes, 16 de marzo de 2009
El reino de la impunidad es tan peligroso como la más cruel de las dictaduras
La inmoralidad en el Paraguay goza de buena salud. La élite de poder (política, empresarial, judicial, etcétera) tiene que pasar por la opinión pública y el control objetivo de la prensa, para que tengamos algún atisbo de contrapoder y para permitir algún matiz de republicanismo.
La impunidad es la regla y, como una crónica anunciada de una frustración, está en un progreso constante e ininterrumpido en nuestra sociedad. Ni la celebrada alternancia del 20 de abril logró detener su predominio.
Todos saben que a mayor transparencia, mayor democracia; y tenemos democracia cuando funcionan no solo las libertades públicas. A su esencia hace un juego constitucional con sus actores legítimos, sus reglas pactadas reconocidas y aplicadas por todos, sus instituciones y sus estabilizadores naturales.
Éste es justamente el caso que consterna al país. En el Estado Social de Derecho, cuando el Derecho y la Justicia son parciales y vacilan, tiembla la sociedad y huele a confrontación social de un modo casi irresistible y de una envergadura casi inmanejable.
En esta semana que concluye, una pregunta crucial sacude a la ciudadanía: ¿Cómo tener confianza en una Corte Suprema de Justicia que "regala" entre uno a once millones de dólares a abogados que renunciaron a sus honorarios, o que confirma a uno de sus miembros en noviembre del 2008 y oculta su decisión por cuatro meses?
Una Corte Suprema donde, en el caso del "regalo" de fondos públicos, está claramente como protagonista un ministro de extracción liberal (Miguel Bajac) y en la maniobra de ocultamiento, otro de extracción colorada (Víctor Núñez).
Cómo confiar en las instituciones en el Paraguay, si aquella que tiene la máxima responsabilidad de equilibrar el accionar libertario de ciudadanos e instituciones, al ser cabeza de la Justicia, cae protagonista y víctima de una mezcla evidente y repugnante de presiones crematísticas, prebendas individuales y connivencias institucionales.
Nuestra sociedad es el reino de la impunidad, y eso es tan deleznable y peligroso como la más cruel de las dictaduras. El miedo y la inseguridad, de proseguir tan campantes, nuevamente formarán parte del ser paraguayo.
Un ciudadano que carece de confianza en el Poder Judicial y en unos fiscales con poderes casi omnímodos, con el tiempo vivirá con miedo y estará inseguro sobre su futuro y de las garantías mínimas que requiere una economía.
Si los máximos jueces de la República regalan dinero del Estado, impunemente, o se autoconfirman como inamovibles, sin escuchar ni respetar a los otros poderes del Estado, es preocupante. Además evidencia el precario funcionamiento de las instituciones.
Mantener el actual estilo de la Corte Suprema de Justicia será un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia, pero también será una seria valla para el desarrollo económico y social.
La democracia no puede convivir con quienes tan irresponsablemente juegan con el futuro de la República. La ciudadanía, a través de sus representantes, o por sí misma, debe tomar la responsabilidad de revertir esta ignominia para salvar a la República.
Fuente: Editorial - Diario Ultima Hora (15/03/09)
La impunidad es la regla y, como una crónica anunciada de una frustración, está en un progreso constante e ininterrumpido en nuestra sociedad. Ni la celebrada alternancia del 20 de abril logró detener su predominio.
Todos saben que a mayor transparencia, mayor democracia; y tenemos democracia cuando funcionan no solo las libertades públicas. A su esencia hace un juego constitucional con sus actores legítimos, sus reglas pactadas reconocidas y aplicadas por todos, sus instituciones y sus estabilizadores naturales.
Éste es justamente el caso que consterna al país. En el Estado Social de Derecho, cuando el Derecho y la Justicia son parciales y vacilan, tiembla la sociedad y huele a confrontación social de un modo casi irresistible y de una envergadura casi inmanejable.
En esta semana que concluye, una pregunta crucial sacude a la ciudadanía: ¿Cómo tener confianza en una Corte Suprema de Justicia que "regala" entre uno a once millones de dólares a abogados que renunciaron a sus honorarios, o que confirma a uno de sus miembros en noviembre del 2008 y oculta su decisión por cuatro meses?
Una Corte Suprema donde, en el caso del "regalo" de fondos públicos, está claramente como protagonista un ministro de extracción liberal (Miguel Bajac) y en la maniobra de ocultamiento, otro de extracción colorada (Víctor Núñez).
Cómo confiar en las instituciones en el Paraguay, si aquella que tiene la máxima responsabilidad de equilibrar el accionar libertario de ciudadanos e instituciones, al ser cabeza de la Justicia, cae protagonista y víctima de una mezcla evidente y repugnante de presiones crematísticas, prebendas individuales y connivencias institucionales.
Nuestra sociedad es el reino de la impunidad, y eso es tan deleznable y peligroso como la más cruel de las dictaduras. El miedo y la inseguridad, de proseguir tan campantes, nuevamente formarán parte del ser paraguayo.
Un ciudadano que carece de confianza en el Poder Judicial y en unos fiscales con poderes casi omnímodos, con el tiempo vivirá con miedo y estará inseguro sobre su futuro y de las garantías mínimas que requiere una economía.
Si los máximos jueces de la República regalan dinero del Estado, impunemente, o se autoconfirman como inamovibles, sin escuchar ni respetar a los otros poderes del Estado, es preocupante. Además evidencia el precario funcionamiento de las instituciones.
Mantener el actual estilo de la Corte Suprema de Justicia será un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia, pero también será una seria valla para el desarrollo económico y social.
La democracia no puede convivir con quienes tan irresponsablemente juegan con el futuro de la República. La ciudadanía, a través de sus representantes, o por sí misma, debe tomar la responsabilidad de revertir esta ignominia para salvar a la República.
Fuente: Editorial - Diario Ultima Hora (15/03/09)
jueves, 5 de marzo de 2009
Ecuador castiga malas prácticas
Karina Peralta, viceministra de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, afirma que los jueces deben ser sancionados por sus malas prácticas mediante un código judicial.
La misma relató que en el Ecuador buscan que los jueces sean sancionados por una autoridad imparcial, no por el Colegio de Abogados, sino por el Consejo de la Magistratura.
Indicó que dentro del código también se plantea la creación de escuelas para jueces, a fin de que los servidores de la Justicia tengan una formación técnica común para tener criterios profesionales.
Otro de los puntos de los cuales dio detalles se trata de los programas académicos, que deben tener en sus áreas un perfil especializado para jueces, fiscales y magistrados.
Considera que los jóvenes universitarios deben realizar prácticas como servidores de la Justicia. Peralta añade que se debe capacitar en forma constante a estos servidores.
La especialista afirma que en cuanto al servicio notarial, el cual se convierte en un servicio público, también se deben establecer exámenes mínimos de eficiencia así como el control de ingresos de los notarios.
Fuente: Diario UH (04/03/09)
La misma relató que en el Ecuador buscan que los jueces sean sancionados por una autoridad imparcial, no por el Colegio de Abogados, sino por el Consejo de la Magistratura.
Indicó que dentro del código también se plantea la creación de escuelas para jueces, a fin de que los servidores de la Justicia tengan una formación técnica común para tener criterios profesionales.
Otro de los puntos de los cuales dio detalles se trata de los programas académicos, que deben tener en sus áreas un perfil especializado para jueces, fiscales y magistrados.
Considera que los jóvenes universitarios deben realizar prácticas como servidores de la Justicia. Peralta añade que se debe capacitar en forma constante a estos servidores.
La especialista afirma que en cuanto al servicio notarial, el cual se convierte en un servicio público, también se deben establecer exámenes mínimos de eficiencia así como el control de ingresos de los notarios.
Fuente: Diario UH (04/03/09)
Analista habla de acuerdo nacional
Diego García Sayan relató la experiencia del Perú mediante un acuerdo nacional con la Justicia creada en el 2003-2004, mediante el Ceriajus, mecanismo de reforma de la Justicia creada por una ley en su país.
Indicó que el acuerdo nacional con la Justicia fue una iniciativa de la Corte Suprema abierta a la sociedad civil, que se puso en mano de un grupo impulsor integrado por cinco juristas, para que promovieran un debate nacional y espacios de discusión pública.
García Sayan dijo que el Ceriajus no fue una instancia creada por la Corte Suprema, sino por el Congreso mediante un proceso crítico iniciado en la sociedad civil y por los medios de comunicación, quienes denunciaron la lentitud en los procesos judiciales sobre la corrupción y dificultad de acceso a la justicia.
Recordó que en el Congreso existió un gran acuerdo político que tuvo la participación de la ciudadanía, no sólo para la reforma judicial, sino para el Consejo de la Magistratura.
Alegó que el acuerdo nacional estuvo integrado por las centrales sindicales, los empresarios, las iglesias de la cual se creó una secretaría. "Se dejaron atrás los temores para establecer un acuerdo", acotó.
Fuente: Diario Ultima Hora (04/03/09)
Indicó que el acuerdo nacional con la Justicia fue una iniciativa de la Corte Suprema abierta a la sociedad civil, que se puso en mano de un grupo impulsor integrado por cinco juristas, para que promovieran un debate nacional y espacios de discusión pública.
García Sayan dijo que el Ceriajus no fue una instancia creada por la Corte Suprema, sino por el Congreso mediante un proceso crítico iniciado en la sociedad civil y por los medios de comunicación, quienes denunciaron la lentitud en los procesos judiciales sobre la corrupción y dificultad de acceso a la justicia.
Recordó que en el Congreso existió un gran acuerdo político que tuvo la participación de la ciudadanía, no sólo para la reforma judicial, sino para el Consejo de la Magistratura.
Alegó que el acuerdo nacional estuvo integrado por las centrales sindicales, los empresarios, las iglesias de la cual se creó una secretaría. "Se dejaron atrás los temores para establecer un acuerdo", acotó.
Fuente: Diario Ultima Hora (04/03/09)
Mack recuerda la mafia organizada
Helen Mack, ex coordinadora de la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, recordó que la mafia organizada se consolidó en el procedimiento rutinario de la Justicia.
Mack afirmó que la delincuencia organizada se dio específicamente en preponderancia en el narcotráfico.
"Los narcos y seguidores vieron a la política partidaria y en las instituciones el beneficio del poder público y nuevos espacios por conquistar."
Indicó que para estos grupos organizados sin duda uno de los lugares claves que buscan ocupar es la Administración de Justicia.
"El tener fueros magistrados, fiscales y personas a su favor constituye un escenario de impunidad asegurada", enfatizó tras su ponencia.
La especialista sostuvo que a medida que surgía el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales, representantes de los grupos del crimen organizado empezaron a arribar a puestos públicos de alcaldes, concejales, diputados y paulatinamente tuvieron fuerza e influencia hasta convertirse en verdaderos flujos de poder económico y político.
Fuente: Diario Ultima Hora (05/03/09)
Mack afirmó que la delincuencia organizada se dio específicamente en preponderancia en el narcotráfico.
"Los narcos y seguidores vieron a la política partidaria y en las instituciones el beneficio del poder público y nuevos espacios por conquistar."
Indicó que para estos grupos organizados sin duda uno de los lugares claves que buscan ocupar es la Administración de Justicia.
"El tener fueros magistrados, fiscales y personas a su favor constituye un escenario de impunidad asegurada", enfatizó tras su ponencia.
La especialista sostuvo que a medida que surgía el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales, representantes de los grupos del crimen organizado empezaron a arribar a puestos públicos de alcaldes, concejales, diputados y paulatinamente tuvieron fuerza e influencia hasta convertirse en verdaderos flujos de poder económico y político.
Fuente: Diario Ultima Hora (05/03/09)
Especialistas alertan sobre fracasos en la reforma judicial
Una serie de recomendaciones fueron detalladas por los profesionales extranjeros a fin de evitar el "fracaso y desgaste" en el proceso de reforma de la Justicia en nuestro país.
Las consideraciones fueron lanzadas en el marco de un foro sobre "Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la Región", realizado en el Centro de Convenciones del Banco Central que fue organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las experiencias vividas por el Perú, Guatemala y Ecuador fueron escuchadas por un escaso auditorio que no llegó a reunir unas 50 personas.
Diego García Sayan, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia del Perú, citó las limitaciones que encontró su país en un proceso de 40 años en reforma de la Justicia.
Indicó que las propuestas que fueron impulsadas por la Comisión Especial de Reforma de la Justicia fracasaron por la falta de liderazgo político del Ejecutivo.
"Si alguien no asume el liderazgo, las propuestas de reforma judicial se van diluyendo", afirmó.
García Sayan consideró que otra traba fue la percepción cooperativista de autarquía por parte de la Corte en la que se sentía y decía que los cambios solo les competen a ellos y no a las demás instancias del Estado y mucho menos a la sociedad civil.
Helen Mack, ex coordinadora nacional de apoyo y seguimiento al fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, recomendó que será importante "mover y conmover a la conciencia ciudadana, a los sectores vivos de este país, a los dirigentes políticos, de manera a evitar la experiencia guatemalteca", consideró.
ENTEREZA. Recomendó a los dirigentes del país a "guardar la entereza en las instituciones de la Justicia y las bases fundamentales del Estado de Derecho, así como promover la transparencia y objetividad en la selección de funcionarios", sostuvo al señalar que deben buscar el perfil adecuado.
Sugirió a la sociedad civil a tener la participación plena en la selección de los perfiles idóneos y que denuncie a los aspirantes que no tienen legitimidad ética.
Karina Peralta, viceministra de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, afirmó que una Justicia independiente se garantiza con jueces, fiscales y defensores que desempeñen sus funciones "sin interferencias políticas o de cualquier tipo".
Indicó que los servidores de la Justicia tienen como único fin servir a la comunidad y garantizar los derechos de las personas.
Enrique Sosa Elizeche, ex presidente y ministro de la Corte de nuestro país, actuó de comentarista allí y dijo que, según las experiencias, "existe una crisis mundial de la Justicia".
Fuente: Diario Ultima Hora (05/03/09)
Las consideraciones fueron lanzadas en el marco de un foro sobre "Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la Región", realizado en el Centro de Convenciones del Banco Central que fue organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las experiencias vividas por el Perú, Guatemala y Ecuador fueron escuchadas por un escaso auditorio que no llegó a reunir unas 50 personas.
Diego García Sayan, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia del Perú, citó las limitaciones que encontró su país en un proceso de 40 años en reforma de la Justicia.
Indicó que las propuestas que fueron impulsadas por la Comisión Especial de Reforma de la Justicia fracasaron por la falta de liderazgo político del Ejecutivo.
"Si alguien no asume el liderazgo, las propuestas de reforma judicial se van diluyendo", afirmó.
García Sayan consideró que otra traba fue la percepción cooperativista de autarquía por parte de la Corte en la que se sentía y decía que los cambios solo les competen a ellos y no a las demás instancias del Estado y mucho menos a la sociedad civil.
Helen Mack, ex coordinadora nacional de apoyo y seguimiento al fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, recomendó que será importante "mover y conmover a la conciencia ciudadana, a los sectores vivos de este país, a los dirigentes políticos, de manera a evitar la experiencia guatemalteca", consideró.
ENTEREZA. Recomendó a los dirigentes del país a "guardar la entereza en las instituciones de la Justicia y las bases fundamentales del Estado de Derecho, así como promover la transparencia y objetividad en la selección de funcionarios", sostuvo al señalar que deben buscar el perfil adecuado.
Sugirió a la sociedad civil a tener la participación plena en la selección de los perfiles idóneos y que denuncie a los aspirantes que no tienen legitimidad ética.
Karina Peralta, viceministra de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, afirmó que una Justicia independiente se garantiza con jueces, fiscales y defensores que desempeñen sus funciones "sin interferencias políticas o de cualquier tipo".
Indicó que los servidores de la Justicia tienen como único fin servir a la comunidad y garantizar los derechos de las personas.
Enrique Sosa Elizeche, ex presidente y ministro de la Corte de nuestro país, actuó de comentarista allí y dijo que, según las experiencias, "existe una crisis mundial de la Justicia".
Fuente: Diario Ultima Hora (05/03/09)
OEA presenta “Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la Región” en Paraguay
Mañana, martes 3 de marzo a las 8:00, el Presidente de la República del Paraguay Fernando Lugo junto con el Secretario general de la OEA José Miguel Insulza darán apertura al Seminario “Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la región” a realizarse en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay.
El evento esta organizado por la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos a través del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) de la Secretaria de Asuntos Políticos y contará con la participación de un importante grupo de expertos.
Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al debate sobre la renovación del poder Judicial en Paraguay, analizar las experiencias realizadas en otros países de la región en esta materia, presentando las lecciones aprendidas en estos procesos, debatiendo sobre los factores que inciden en el proceso de renovación del Poder Judicial además del análisis de las oportunidades, los desafíos y las perspectivas a futuro que derivan de este esfuerzo político.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha desarrollado un rol esencial en el cumplimiento de los mandatos hemisféricos de los Estados Miembros para la conducción de iniciativas sobre el fortalecimiento de la democracia. La SG/OEA brinda apoyo en este ámbito a los países que lo solicitan por medio de misiones especiales y otros instrumentos en el marco de los mandatos de la Carta de la OEA, la Carta democrática Interamericana, resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Permanente y de la Cumbres de las Américas.
En este contexto, la función central del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) de la Subsecretaria de Asuntos Políticos es apoyar al Secretario General de la OEA y al Secretario de Asuntos Políticos en el análisis político de situaciones que pudieran afectar el desarrollo de los procesos democráticos.
El Foro “Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la región” se realiza en seguimiento a los esfuerzos de la Secretaria General de la OEA para contribuir a la sustentabilidad democrática en el hemisferio. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al debate sobre la reforma del Poder Judicial, tema central para la sustentabilidad democrática, y brindar la experiencia regional y de la OEA en la materia.
Este evento se lleva a cabo en seguimiento a otros Foros organizados por el DSDME en la región como el Foro “La Estabilidad Democrática en la Américas: El Rol Institucional de la OEA” realizado en junio de 2006 en el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el Foro “La Dimensión Política de la Gobernabilidad Democrática” realizado en enero de 2007 en Santiago de Chile, y el Foro “Un Estado para la Ciudadanía Plena y la Estabilidad Democrática: Perspectiva de Actores Estratégicos” celebrado en diciembre de 2007 en Lima, Perú. Durante estos eventos se presentan para análisis y discusión, distintos temas, situaciones y experiencias regionales sobre asuntos relacionados con la institucionalidad y la gobernabilidad democrática de países del hemisferio.
Fuente: OEA
El evento esta organizado por la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos a través del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) de la Secretaria de Asuntos Políticos y contará con la participación de un importante grupo de expertos.
Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al debate sobre la renovación del poder Judicial en Paraguay, analizar las experiencias realizadas en otros países de la región en esta materia, presentando las lecciones aprendidas en estos procesos, debatiendo sobre los factores que inciden en el proceso de renovación del Poder Judicial además del análisis de las oportunidades, los desafíos y las perspectivas a futuro que derivan de este esfuerzo político.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha desarrollado un rol esencial en el cumplimiento de los mandatos hemisféricos de los Estados Miembros para la conducción de iniciativas sobre el fortalecimiento de la democracia. La SG/OEA brinda apoyo en este ámbito a los países que lo solicitan por medio de misiones especiales y otros instrumentos en el marco de los mandatos de la Carta de la OEA, la Carta democrática Interamericana, resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Permanente y de la Cumbres de las Américas.
En este contexto, la función central del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) de la Subsecretaria de Asuntos Políticos es apoyar al Secretario General de la OEA y al Secretario de Asuntos Políticos en el análisis político de situaciones que pudieran afectar el desarrollo de los procesos democráticos.
El Foro “Experiencias de Reforma del Poder Judicial en la región” se realiza en seguimiento a los esfuerzos de la Secretaria General de la OEA para contribuir a la sustentabilidad democrática en el hemisferio. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir al debate sobre la reforma del Poder Judicial, tema central para la sustentabilidad democrática, y brindar la experiencia regional y de la OEA en la materia.
Este evento se lleva a cabo en seguimiento a otros Foros organizados por el DSDME en la región como el Foro “La Estabilidad Democrática en la Américas: El Rol Institucional de la OEA” realizado en junio de 2006 en el marco de la Asamblea General de la OEA celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, el Foro “La Dimensión Política de la Gobernabilidad Democrática” realizado en enero de 2007 en Santiago de Chile, y el Foro “Un Estado para la Ciudadanía Plena y la Estabilidad Democrática: Perspectiva de Actores Estratégicos” celebrado en diciembre de 2007 en Lima, Perú. Durante estos eventos se presentan para análisis y discusión, distintos temas, situaciones y experiencias regionales sobre asuntos relacionados con la institucionalidad y la gobernabilidad democrática de países del hemisferio.
Fuente: OEA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
