El TSJE

Hay suficientes elementos para pensar que está en marcha una conspiración política en contra de la justicia electoral con el fin de sembrar la duda en un terreno donde hasta hace poco no existía la desconfianza, por lo menos en un grado capaz de invalidar los procesos electorales de la transición.

La primera gran crisis de la justicia electoral se produjo en el 99 a raíz del marzo paraguayo, pero la sociedad política pudo recomponer el cuadro ajustado a un código de equilibrio de poderes e intereses sectarios, cuyo resultado se pudo percibir en el incremento del personal de la institución.

El arreglo de la cúpula política al problema del TSJE significó la libertad para cada cacique de los grupos con poderes de turno, de emplear a sus operadores. Al parecer, estos caciques optaron inclusive por “sacrificar” las finanzas de sus respectivos partidos a cambio de colocar a dichos operadores con sueldos fijos, pero sin renunciar a los derechos de los partidos de cobrar aportes y subsidios en mora del TSJE.

Hasta entonces, el equilibrio en la justicia electoral era una cuestión de las cúpulas partidarias, lo que en otras palabras significaba que los partidos eran los garantes del manejo aceptable de la institución, por lo menos para las mayorías parlamentarias (donde radica el péndulo) y para organismos internacionales, como por ejemplo la OEA.

La segunda crisis de la justicia electoral se produjo a raíz del uso de las urnas electrónicas; no por el uso en sí, sino a partir de la instalación de las dudas razonables con respecto al respaldo constitucional de las mismas y de la posibilidad de que sean manipuladas.

La tercera crisis tuvo lugar con el descrédito de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral a raíz de severas acusaciones sobre la integridad de los representantes del Partido Liberal y del Partido Colorado, quienes empeoraron la situación con una permanente rencilla, que llegaron a lesionar gravemente la institucionalidad.

Ante la renuncia de uno de los tres miembros del TSJE, el presidente colorado de turno no dudó en nombrar de manera permanente a una jueza en reemplazo del renunciante miembro, Dr. Rafael Dendia, quien al mismo tiempo se prestó al acto de convalidar tal decisión, resolviendo con su voto una situación que le involucra.

De hecho, el TSJE está en manos del Partido Colorado, que controla la situación a través de cupos de empleos a líderes del oficialismo y de la oposición que desde el Parlamento están en condiciones de sostener esta situación.

Naturalmente el interés del Partido Colorado es no solamente conservar su cupo en el superior tribunal, sino que el próximo miembro a ser elegido en reemplazo de Dendia sea un representante de Unace, de manera a actuar conjuntamente para frenar a los liberales en su afán de llegar al Poder Ejecutivo e impedir a los luguistas tener chance electoral alguna en el futuro.

En la conspiración participa activamente ahora el Consejo de la Magistratura, que casualmente está en manos del oviedista recalcitrante Gustavo Mussi. El mismo se niega a remitir al Senado la terna de candidatos a sustituir a Dendia, ante la posibilidad de que el candidato independiente Jorge Rolón Luna tenga mayores votos que la representante colorada Mirtha González y el oviedista Modesto Monges.

Los oviedistas y colorados podrían resolver favorablemente por uno de sus candidatos, pero la división interna les impide llegar a ese objetivo, por lo que la conspiración tiene un plan “B”, que consiste en desarticular la terna por algún motivo ilegal de manera a iniciar nuevamente el proceso sobre la base de nuevas negociaciones de paquetes que, además del TSJE, incluya la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía General, la Corte Suprema, entre otros. Conociendo la calaña de nuestros políticos, lo más probable es que se pacte sobre la muerte cívica de la justicia electoral y de la ordinaria.


Fuente: Diario ABC Color 25/10/2009