El senador liberal Ramón Gómez Verlangieri dijo ayer que la decisión de la Sala Constitucional de la Corte de aceptar estudiar la medida de inconstitucionalidad presentada por Agustín Lovera Cañete “ya raya la locura”. Afirmó que con estos antecedentes, cualquier militar o policía que no asciende de grado podrá hacerlo por vía judicial. El legislador apuntó que solamente falta que sea la Corte la que elija a partir de ahora al presidente de la República.Gómez Verlangieri dijo que los miembros de la Corte se están extralimitando claramente en sus atribuciones y la última decisión de la Sala Constitucional ya entra en el terreno de la locura o está muy cerca de ello.
Indicó que el día de mañana cualquier policía o militar que no sea ascendido, por falta de acuerdo del Senado, y se sienta lesionado en sus derechos va a recurrir a la Corte Suprema y esta le va dar curso.
Gómez dijo, irónicamente, que deberíamos dejar ya que la Corte Suprema elija al presidente y vicepresidente de la República y a los miembros del Parlamento y que ellos solos dominen el país.
El legislador dijo que la Corte Suprema se está equivocando y la clase política debe comenzar a tomar interés en esta cuestión y que se debe, de una vez, “cortar por lo sano”.
Indicó que si la Corte va a elegir a sus propios integrantes debería elegir los de otros poderes del Estado y asumir la suma del poder en la República. Consideró que la decisión de la Sala Constitucional del máximo tribunal deja de lado la institucionalidad de la República y es una “osadía”.
Puntualizó también que no hay dudas de que está violando la Constitución y es una clara causal de juicio político.
Gómez Verlangieri reiteró que esta situación debería alertar a la clase política, ya que es evidente que vamos hacia una quiebra institucional.
Antecedentes
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Lovera Cañete en setiembre del año 2009. En la misma, solicitó que se declare inaplicable el decreto del Poder Ejecutivo N° 2780 del 25 de agosto de 2009 que denegó el acuerdo para su designación, luego de que fuera elegido por el Senado para ese cargo. Lovera Cañete adujo en su presentación que la denegación no fue fundamentada por parte del Ejecutivo.
Uno de los antecedentes que citó Lovera fue la inconstitucionalidad presentada por el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos contra las resoluciones de la Cámara de Senadores que habilitaron el juramento como senador activo a Jorge Céspedes en lugar de él. En ese caso, la Corte falló favorablemente al pedido, declarando nulo el juramento. Sin embargo, Duarte Frutos no pudo jurar por falta de quórum en el Senado.
Respecto a la no fundamentación de la denegación por el Ejecutivo, representantes del oficialismo, como el senador Carlos Filizzola, indicaron que en ninguna parte de la Constitución dice que la decisión deba ser fundamentada.
Lovera Cañete es señalado como candidato “apadrinado” por el senador colorado Juan Carlos Galaverna.
Este senador fue quien, tras la denegación del acuerdo por el Ejecutivo, sostuvo que la Cámara de Senadores podía ratificarse en su decisión, como si se tratara de un veto presidencial. Sin embargo, legisladores del oficialismo rechazaron esta postura, señalando que el acuerdo entre ambos poderes es imprescindible, porque así lo establece la Constitución y no puede darse el caso de que uno de los poderes imponga un candidato al otro.
Lovera Cañete también recibió en su momento para ser designado en el Senado el respaldo de senadores oviedistas y liberales, en el marco de una negociación, por la cual a Unace le sería cedido un cupo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En tanto que el PLRA se quedaría con la vacancia de José Altamirano en la Corte Suprema. Sin embargo, esta negociación se hizo a espaldas del Ejecutivo, que resolvió no dar el acuerdo.
La postura de algunos senadores es que el Senado debe elegir ahora de los integrantes que quedan de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura.
Postura oficial
Senadores oficialistas tienen intenciones de impulsar la aprobación sobre tablas en la sesión de esta mañana de un proyecto de declaración que rechace la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Sin embargo, es casi un hecho que la propuesta no tendrá mayoría en el pleno, ya que gran parte de la bancada colorada está a favor de que Agustín Lovera Cañete sea elegido para integrar el máximo tribunal de la República.
Para que cualquier proyecto que no tenga dictamen de comisión sea tratado en el pleno es necesario una mayoría absoluta de dos tercios de votos, del total de presentes en la sala de sesiones.
En caso de que el proyecto de declaración se presente, los oficialistas pedirán que el mismo sea incluido como moción de preferencia en la sesión de la próxima semana, previo dictamen de la comisión de Peticiones y reglamento.
Insisten en renovar la Justicia
Dirigentes de izquierda volvieron a insistir en la necesidad de renovar la Justicia. Este tema “volvió al tapete” luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema corriera traslado al Poder Ejecutivo de la acción de inconstitucionalidad que promovió el camarista Agustín Lovera Cañete.
“Es una locura más de la Corte, pues hace una intervención directa a una función que le compete exclusivamente a Fernando Lugo. Recordemos que el Presidente tiene una facultad privativa que consiste en presentar o no el acuerdo al candidato elegido por la Cámara de Senadores para ocupar la vacancia en la Corte de una terna que conformó el Consejo de la Magistratura”, explicó Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista y dirigente del Frente Guasu.
Agregó que esta cuestión dejó de ser un tema jurídico y se convirtió en algo político. “Esto es una muestra del cáncer político que va matando a nuestro sistema democrático con el apoyo de un sector conservador de la ultraderecha”, manifestó.
Dirigentes de Tekojoja también vienen insistiendo desde hace meses en la renovación total de la Corte Suprema de Justicia mediante un juicio político a sus miembros. “A todo su accionar inmoral, corporativo en el enriquecimiento personal, la corrupción y la protección de ladrones de los bienes públicos, como la tierra, y de los personajes más comprometidos con la represión, la tortura y la desaparición de compatriotas durante las últimas siete décadas, los miembros de la Corte Suprema acaban de enriquecer su descrédito popular, haciéndose merecedores de un juicio político que termine con su mandato, sustituidos por juristas probos”, manifestó el partido oficialista en un comunicado.
En la nota hacen énfasis en que los ministros de la Corte son “reconocidos enemigos del pueblo”.
Advierten posible inestabilidad
El senador colorado Rogelio Benítez advirtió ayer que se avecina una nueva crisis entre poderes por la judicialización de la vacancia en la Corte Suprema y sus consecuencias son imprevisibles. Apuntó que esta situación puede afectar “terriblemente” la estabilidad y la gobernabilidad.
Indicó que cuando se iba en camino hacia el cumplimiento del acuerdo de junio pasado, este tema vino a “enturbiar” el ambiente.
Apuntó que ante esta puja de poderes y ante la frágil institucionalidad de la República, alguien pueda creer que esto se puede resolver a través de la presión política.
Benítez reivindicó una salida política, más allá de los resultados del proceso judicial.
Indicó que este enfrentamiento “casi sin precedentes” entre poderes se da por “una mala jugada del Ejecutivo”. Recordó que la designación de Lovera Cañete se dio por una mayoría “casi aplastante” de senadores que debió ser aceptada por el Ejecutivo.
Consultado si la Corte, con su decisión, no está interviniendo en la designación de sus integrantes, dijo que lo que hace la Corte ahora es precautelar los derechos de un ciudadano que se siente lesionado. Dijo que la Corte no está dentro del circuito de elección de sus miembros, pero “tiene potestades constitucionales para reparar el circuito”. Sostuvo además que la Corte es la única que puede interpretar la Constitución.
Benítez dijo que ignoraba en qué puede concluir esta situación, dado que el proceso no tiene precedentes y “nos va a hacer caminar por la cornisa”.
En cuanto a la responsabilidad por esta situación, el senador colorado insistió en que hubo “una mala lectura política” por parte del Ejecutivo, aunque admitió que tenía la plena potestad de prestar o no el acuerdo constitucional.
Fuente: ABC Color (18 de Noviembre de 2010)
No hay comentarios:
Publicar un comentario