El presidente Fernando Lugo confirmó ayer las versiones y oficialmente comunicó su decisión de no prestar el acuerdo constitucional a Agustín Lovera Cañete para ministro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Wildo Rienzi, tal como lo adelantó ÚH.
La determinación representa una declaración de guerra a los partidos políticos y ahonda las diferencias con el Congreso.
Al mismo tiempo abre un clima de incertidumbre, ya que se genera un verdadero caos jurídico sobre el camino que la clase política debe tomar para llenar la vacancia en la Justicia (ver pág. 8). No existen antecedentes y es la primera vez que el Ejecutivo utiliza su facultad de no prestar el acuerdo a un candidato electo por el Senado para integrar la Corte.
El mensaje presidencial se dio minutos después de que Lugo realizara una visita sorpresiva a la Cámara de Diputados, en donde presentó la Agenda País.
El presidente argumentó su decisión política y pronunció un fuerte discurso contra la politización de la Justicia.
"Este Gobierno no va a aceptar la imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos. Me han pedido el acuerdo en mi calidad de titular del Ejecutivo. No lo voy a otorgar por las razones expuestas", explicó Lugo.
Apenas se supo la decisión, hubo fuertes reacciones en el Senado, especialmente de la bancada nicanorista, que abogó por la designación de Lovera. Interpretaron como una declaración de guerra e incluso Juan Carlos Galaverna habló de enjuiciar al presidente: "Tenemos que liquidarlos antes de que nos liquide", dijo.
ERROR POLÍTICO. El jefe de Estado dijo que si prestaba el acuerdo a la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia caería en contradicción con su propuesta de gobierno y con la voluntad del pueblo. "No conseguiríamos quitarnos de encima la rémora de la partidización de la Justicia, el cuoteo político y la dependencia de los más altos representantes judiciales de los intereses meramente políticos", fustigó.
Al tiempo de oficializar su rechazo a Lovera Cañete, invitó a los partidos políticos, la sociedad civil organizada y los otros poderes del Estado a buscar el diálogo a fin de consensuar el mecanismo para renovar la Corte.
Fuente: Diario última Hora 26/08/2009
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