El ministro dijo que "una cosa es el cambio de hombres y otra cosa es buscar que la Justicia mejore. Si es así, bienvenido. De acuerdo. La reforma tiene que pasar por la participación de los operadores de la Justicia. Es impensable sin ellos", afirmó.
Blanco señaló que "la reforma del sistema judicial es la más importante y es la más deseada. ¿De qué vale el cambio si no se "aggiornan" el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Consejo de la Magistratura (CM), la Fiscalía General del Estado, los peritos, entre otros?, preguntó.
No quiso opinar sobre las declaraciones del presidente de la República, Fernando Lugo, de hacer una Corte Suprema de Justicia leal al pueblo. Sobre este caso, dijo que prefería que opine el presidente de la máxima instancia judicial, Raúl Torres Kirmser.
No obstante, señaló que "siempre es deseable que los organismos del Estado mejoren, perfeccionen el funcionamiento de todas las estructuras".
Insistió en que es una necesidad hacer la reforma del sistema judicial. "¿De qué vale un Poder Judicial funcionando a la perfección si los sistemas auxiliares de justicia (JEM, CM, Fiscalía, abogados, peritos) no establecen nuevas reglas de juego?, se preguntó.
Informó que los ministros actuales no pueden atender todos los requerimientos (hay dos vacancias) y que existen más de 500 expedientes que no pueden ser resueltos, porque la capacidad de absorción de los ministros que quedan ha sido superada ampliamente.
INNOVACIÓN. Blanco habló de un proyecto que los ministros están estudiando. Sobre la elaboración de un régimen disciplinario para los funcionarios, magistrados, abogados y demás auxiliares de Justicia, que servirá para eliminar las chicanas en los procesos. Para concluir el proyecto hace falta la redacción final y que sea sometida al pleno de la Corte. "Estamos trabajando, estamos produciendo con las limitaciones que supone la ausencia de dos ministros, que debe ser llenada urgentemente", dijo.
En defensa de sus colegas habló de que anualmente se registra superávit en el Poder Judicial y que el dinero que ingresa a las arcas del Estado se destina a la construcción de nuevos palacios de Justicia en el interior del país.
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