Hay 51 vacancias en el Ministerio de la Defensa Pública a raíz de que sus miembros fueron designados jueces o fiscales, con lo que existe un recargo de trabajo para los que quedaron con los expedientes.
Nada menos que 51 cargos vacantes existen actualmente en la Defensoría Pública a raíz de que 2 o 3 renunciaron, y el resto fueron nombrados jueces o fiscales. Con ello existe un recargo de trabajo, conforme explicó la defensora general, Noyme Yore.
El caso es que ya sea por ingresar a la magistratura, por aumentar el salario, por una superación personal o por otros motivos, varios defensores públicos se postulan para las ternas de los juzgados y fiscalías de todo el país.
Así, varios de los que se presentaron fueron nombrados como magistrados. Solo en la última elección realizada por la Corte Suprema de Justicia, de tres jueces, dos de ellos, Mario Camilo Torres Leguizamón y Norma Beatriz Ortega de Reyes, eran defensores públicos.
De la anterior elección de jueces, dos de los más experimentados miembros de la defensa pública, Miguel Bernardes y Alberto Peralta, entre otros muchos, fueron nombrados también magistrados de primera instancia, con lo que el Ministerio de la Defensa Pública quedó resentido.
MIGRACIÓN. La defensora General, Noyme Yore, señaló que le alegraba que los defensores públicos pudieran ascender a cargos de magistrados judiciales y a agentes fiscales, pero "nos quedamos con demasiadas vacantes", alegó.
Remarcó que ya hablaron con los miembros del Consejo de la Magistratura para que se les dé prioridad a las ternas para defensores públicos, de modo a llenar en la brevedad posible los cargos. Yore dice que hace mucha falta que se elijan nuevos para llenar vacantes.
"La defensora general y las dos adjuntas estamos bastante preocupadas por esta fuga masiva, por así decirlo, porque es mucha la gente que recurre a la defensoría pública para pedir ayuda", refirió Noyme Yore.
"Estamos cubriendo por ahora. Felizmente, los funcionarios que quedan conocen a cabalidad los casos llevados por la defensa pública. Entonces, el que viene a cubrir mientras tanto puede hacer bien su trabajo", alegó.
Explicó sí que existe un recargo de trabajo. "Estamos muy recargados. Tenemos muchísima afluencia de gente. Hay muchísimos casos que quedan sin abogado particular y pasan a la Defensa Pública y hace que nos apuremos un poco solicitando los nombramientos para los cargos creados", afirmó Yore.
DIFERENCIAS. El caso es que ser defensor público implica bastante trabajo. Le tocan a uno, según varios de los consultados, los casos que casi nadie quiere. Acusados de homicidios, de casos violación y de secuestros quedan a cargo de estos profesionales a cargo del Estado.
Sin embargo, hay que resaltar que los defensores públicos son los mejores preparados por la cantidad de cursos y seminarios que realizan, además de la práctica que tienen por los casos que llevan.
Es más, les tocan hasta causas de acción penal privada. El mismo Martín Almada, activista de los Derechos Humanos, fue defendido en su querella por difamación y calumnia por el defensor público Yamil Coluchi.
Aparte de todo esto, el salario comparado con los jueces y fiscales también tiene diferencias. Un defensor gana un poco más de 5 millones de guaraníes, mientras que los fiscales y jueces suman cerca de 9 millones de guaraníes.
Entre otras cosas, reciben por mes dos cupos de combustible de 40 mil guaraníes cada uno, con lo que tienen que ir a las prisiones a visitar a sus representados, y a las fiscalías, donde se llevan adelante otros. La infraestructura también es bastante pobre.
No olvidemos también que el Ministerio de la Defensa Pública no es sólo del área Penal. También existen defensores públicos para reos pobres y ausentes, en los fueros Civil y Comercial, del Trabajo, de la Niñez y Adolescencia, y Penal de la Adolescencia.
Estas áreas también están recargadas. Además, las defensoras de la Niñez y Adolescencia que defienden al niño juegan un papel muy importante en ese fuero. La suma de todos estos factores hace que exista fuga masiva de defensores.
El caso es que ya sea por ingresar a la magistratura, por aumentar el salario, por una superación personal o por otros motivos, varios defensores públicos se postulan para las ternas de los juzgados y fiscalías de todo el país.
Así, varios de los que se presentaron fueron nombrados como magistrados. Solo en la última elección realizada por la Corte Suprema de Justicia, de tres jueces, dos de ellos, Mario Camilo Torres Leguizamón y Norma Beatriz Ortega de Reyes, eran defensores públicos.
De la anterior elección de jueces, dos de los más experimentados miembros de la defensa pública, Miguel Bernardes y Alberto Peralta, entre otros muchos, fueron nombrados también magistrados de primera instancia, con lo que el Ministerio de la Defensa Pública quedó resentido.
MIGRACIÓN. La defensora General, Noyme Yore, señaló que le alegraba que los defensores públicos pudieran ascender a cargos de magistrados judiciales y a agentes fiscales, pero "nos quedamos con demasiadas vacantes", alegó.
Remarcó que ya hablaron con los miembros del Consejo de la Magistratura para que se les dé prioridad a las ternas para defensores públicos, de modo a llenar en la brevedad posible los cargos. Yore dice que hace mucha falta que se elijan nuevos para llenar vacantes.
"La defensora general y las dos adjuntas estamos bastante preocupadas por esta fuga masiva, por así decirlo, porque es mucha la gente que recurre a la defensoría pública para pedir ayuda", refirió Noyme Yore.
"Estamos cubriendo por ahora. Felizmente, los funcionarios que quedan conocen a cabalidad los casos llevados por la defensa pública. Entonces, el que viene a cubrir mientras tanto puede hacer bien su trabajo", alegó.
Explicó sí que existe un recargo de trabajo. "Estamos muy recargados. Tenemos muchísima afluencia de gente. Hay muchísimos casos que quedan sin abogado particular y pasan a la Defensa Pública y hace que nos apuremos un poco solicitando los nombramientos para los cargos creados", afirmó Yore.
DIFERENCIAS. El caso es que ser defensor público implica bastante trabajo. Le tocan a uno, según varios de los consultados, los casos que casi nadie quiere. Acusados de homicidios, de casos violación y de secuestros quedan a cargo de estos profesionales a cargo del Estado.
Sin embargo, hay que resaltar que los defensores públicos son los mejores preparados por la cantidad de cursos y seminarios que realizan, además de la práctica que tienen por los casos que llevan.
Es más, les tocan hasta causas de acción penal privada. El mismo Martín Almada, activista de los Derechos Humanos, fue defendido en su querella por difamación y calumnia por el defensor público Yamil Coluchi.
Aparte de todo esto, el salario comparado con los jueces y fiscales también tiene diferencias. Un defensor gana un poco más de 5 millones de guaraníes, mientras que los fiscales y jueces suman cerca de 9 millones de guaraníes.
Entre otras cosas, reciben por mes dos cupos de combustible de 40 mil guaraníes cada uno, con lo que tienen que ir a las prisiones a visitar a sus representados, y a las fiscalías, donde se llevan adelante otros. La infraestructura también es bastante pobre.
No olvidemos también que el Ministerio de la Defensa Pública no es sólo del área Penal. También existen defensores públicos para reos pobres y ausentes, en los fueros Civil y Comercial, del Trabajo, de la Niñez y Adolescencia, y Penal de la Adolescencia.
Estas áreas también están recargadas. Además, las defensoras de la Niñez y Adolescencia que defienden al niño juegan un papel muy importante en ese fuero. La suma de todos estos factores hace que exista fuga masiva de defensores.
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