¿Quién le pone freno a los fallos contradictorios?¿Son o no causales de juicio político? ¿Por qué solo la prensa y los abogados los denuncian?
Estas son algunas interrogantes que surgieron al conocer los resultados de una investigación realizada por Inecip-Py denominada “Acceso a la Justicia ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, que revela no solo el cambio de jurisprudencia –en muchos casos no es explicado–, sino también que los ministros que votan de un modo distinto en casos análogos no explican su proceder.
Alumnos de las facultades de Periodismo de la Universidad Americana y de la UNA, participantes del curso de Investigación Periodística llevada adelante por iniciativa de Inecip, con apoyo del CIRD, USAID y la UNP, tomaron en consideración dicho estudio, para conocer cuál es la posición que asumen los legisladores.
Se constató una vez más que mientras para los periodistas y abogados hay un alto contenido político y económico detrás de las motivaciones de estos tipos de fallos, y que son causales de juicio político, la mayoría de los parlamentarios buscan minimizar las implicancias de las sentencias contradictorias.
En algunos casos, hasta culpan a la prensa porque entienden que ejercen una presión que obliga a los ministros a dictar un fallo buscando quedar bien o evitar la crítica periodística.
Es difícil opinar sobre los fallos contradictorios”, dijo Justo Zacarías Irún, diputado colorado de la corriente castiglionista. “Habría que ver si son causales de juicio político… porque nosotros no podemos estar diciéndoles a los ministros qué hacen bien o mal… es inmiscuirse en otro poder del Estado. ¿La Cámara de Diputados puede tomar en consideración como motivo de juicio político? No sé, habría que ver. Si alguien acerca una denuncia se va a analizar con profundidad, y se va a juicio político… Pero no sé si denuncias de la prensa son motivos suficientes para el juicio”, contestó.
Con relación a los fallos contradictorios que se denuncian, agregó: “Desconozco, si conociese, estaría denunciando. Yo desconozco cualquier situación que haya escapado a lo estrictamente jurídico”.
Por su parte Oscar González Drákeford, del PLRA, del movimiento oficialista liderado por Blas Llano, prefiere seguir evaluando la actuación de los ministros de la Sala Penal. “Hay que evaluar si existen pruebas contundentes de fallos que violan nuestras leyes”, indicó.
El diputado de Unace, Oscar Tuma, considera que la prensa también tiene su cuota de responsabilidad en la actuación contradictoria tanto de los ministros de la Corte como de los magistrados. “Probablemente tenga la mayor influencia entre todos los factores externos que se puedan citar”, indicó, aunque no dio ejemplos concretos.
El diputado dejó una sugerencia para mejorar la calidad de ministros de la Corte: “No pasa por el cambio de hombres, sino por el cambio de sistema, los candidatos a miembros no pueden pasar por un mecanismo de exanimación. El puntaje que se puede obtener en el Consejo de la Magistratura no va con la realidad porque el papel aguanta cualquier cosa”, argumentó.
Para el diputado Salyn Buzarquis, del PLRA, el problema de fondo es el Código Procesal Penal. “Hay que hacer reforma profunda. Al entrar en interpretaciones, entramos en ambigüedades”, destacó.
“Estoy seguro que la justicia en Paraguay no es independiente. En ninguna parte del mundo hay una justicia absolutamente independiente. Hay factores que influyen en su accionar como el sesgo ideológico, la misma formación del jurista. Pero no hace falta ser abogado, pregunte a cualquier ciudadano común y corriente, se darán cuenta y les aseguro que hay grupos de poderes económico, político, hasta más filtrados en el tema”, reconoció.
Sebastián Acha, representante de Patria Querida en la Cámara Baja, enumeró tres situaciones diferentes que alimentan la inoperancia judicial. Primero habló de “una dependencia directa” de los jueces y ministros en relación a los actores políticos partidarios. “Se sienten comprometidos con el padrino, no con la responsabilidad del cargo. En segundo lugar, hay escasa información sobre los procesos judiciales. “Necesitamos que se escriba mucho más y se lea mucho más, así como conocer datos sobre los criterios que manejan”, precisó. En tercer lugar, citó la necesidad de que la misma ciudadanía se convenza de que para acceder al servicio de la justicia no hace falta tener un padrino”.
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