Abogados rechazan cuoteo político

Gremios de abogados pidieron ayer a las autoridades políticas designar cuanto antes al miembro de la Corte Suprema de Justicia que falta, pero sin recurrir a los cuoteos ni priorizar intereses sectoriales, según sendos comunicados emitidos por el Colegio de Abogados del Paraguay y la Asociación de Abogadas del Paraguay.

El Colegio solicita a las autoridades que tienen responsabilidades legales en la tarea de la renovación de la Corte a que cumplan sus obligaciones, “pues de lo contrario estaremos nuevamente en presencia de intentos de satisfacer intereses sectarios en perjuicio de los derechos y anhelos de la ciudadanía en general y del gremio en particular de contar con un Poder Judicial realmente independiente”.

Destaca que desde el 22 de octubre del 2007 está postergada “sin razón jurídica alguna” el tratamiento por la Cámara de Senadores de la terna de candidatos elevada por el Consejo de la Magistratura para llenar la vacancia producida en la máxima instancia judicial con la jubilación del miembro colorado Wildo Rienzi.

“La Cámara de Senadores carece de facultades legales para rechazar la terna y la falta de tratamiento importa un incumplimiento a sus obligaciones constitucionales”, enfatiza el gremio de los abogados. La terna pendiente en la Cámara Alta integran los jueces de origen colorado Emiliano Rolón Fernández, Irma Alfonso de Bogarín y Agustín Lovera Cañete. En enero último, se frustró la designación de Rolón Fernández porque la sesión del Senado convocada por el presidente Lugo no tuvo quórum. El nombramiento se iba a dar en base a un acuerdo entre el oficialismo y los castiglionistas, pero los nicanoristas, oviedistas y los franquistas evitaron la designación.

La Asociación de Abogadas del Paraguay sostiene que “es responsabilidad y atribución del Senado elegir a los mejores, a los más capaces para ocupar el ilustre cargo de ministro de la Corte” y rechaza “el sistema de cuotas de poder en la renovación de la Corte, sistema al que, a lo largo de nuestra existencia como nación. desean acostumbrarnos los políticos”.

Reconoce que la democracia como sistema de gobierno implica negociaciones y acuerdos políticos, pero que estos no deben darse “a costa de la seguridad jurídica, sino como garantía otorgada por el Estado al individuo al ejercer su poder político y jurídico”. Finalmente, dice que la justicia es prioridad nacional y que solo se logrará con jueces capaces y con “independencia de criterio y que carezcan de intereses mercantilistas”.

Fuente: Abc Digital 04/02/09