La variación consiste en que la evaluación de los magistrados judiciales, que concursen por sus respectivos cargos, sea una atribución exclusiva del Consejo de la Magistratura y excluya a la Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto reza en sus argumentos que “la institución competente para realizar este estudio acerca de las gestiones de los Magistrados es el Consejo de la Magistratura, por tratarse del órgano constitucional encargado de la selección de candidatos y de la elaboración de las ternas respectivas. En consecuencia, esta función es intransferible porque, de lo contrario, se desnaturalizaría su labor en el proceso de selección”.
Dice no obstante, que una vez integrada la terna con un magistrado en ejercicio del cargo, “entonces sí la Corte Suprema de Justicia, tiene en forma exclusiva y excluyente la competencia para estudiar el desempeño de ese magistrado para designarlo por un nuevo período constitucional”.
El proyecto estipula asimismo que estos magistrados judiciales sean sometidos a un examen diferenciado de aquellos que pretendan ingresar a la Magistratura o ascender a una instancia superior. En base a estas condiciones, se propone constituir para cada fuero en el que deban ser evaluados los citados magistrados concursantes, una Comisión Evaluadora que estaría integrada por un Miembro del Consejo y dos Profesores de la Escuela Judicial especialista en la materia respectiva.
Criterios de evaluación
En el citado proyecto se propone tener en cuenta como criterios de evaluación los siguientes aspectos. El cuantitativo, en el que se contarán las resoluciones dictadas y el grado de morosidad. A este aspecto se le asignará una calificación de hasta 70 puntos. El segundo aspecto a calificar es el cualitativo al cual se le otorgará un puntaje de hasta 40 puntos, y finalmente el aspecto más subjetivo, el que hace referencia a la conducta ético-moral del candidato a integrar la terna, tendrá un máximo de 90 puntos en la calificación.
Para mantenerse en concurso los postulantes deberán obtener un puntaje no menor de 120 puntos.
Decisión polémica
El Consejo de la Magistratura es el organismo que integra las ternas de candidatos para jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana estuvo en el ojo de la tormenta en la integración de la terna de candidatos para llenar vacancias a ser dejadas en el Ministerio Público. Los integrantes del organismo resolvieron dejar afuera al fiscal adjunto Marcos Alcaraz, y a Humberto Insfrán, generando una fuerte reacción de los agentes fiscales que cuestionaron la poca claridad en la selección de los candidatos.
Alcaraz, por su parte, denunció que fue decisión netamente política ya que le pasaron la factura los oviedistas porque él fue el que imputó a Lino Oviedo en el caso magnicidio de Luis María Argaña.
Fuente: La Nacion Digital 23/02/09
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