La eficacia de las audiencias públicas es motivo de cuestionamientos.
La participación ciudadana es escasa, la difusión es poca y pese a las buenas intenciones de organizaciones de la sociedad civil, se corre el riesgo de convalidar elecciones de ternas en las cuales no están las mejores concursante.
Por el momento, se torna en una vía para expresar disconformidad, pero nada más.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura toma su propia decisión en la que priman los intereses políticos.
La primera terna cuestionada por un sector del Senado, así como también por el Poder Ejecutivo se realizó hace casi tres años.
Para la conformación de esta terna par la Corte Suprema, se tomó como requisito la participación en la audiencia pública.
Esta terna está conformada por Irma Alfonso de Bogarín, Emiliano Rolón Fernández y Agustín Lovera Cañete.
Hace un año, tras algunas maniobras políticas impulsadas por el senador Juan Carlos Galaverna, Lovera fue electo por el Senado como nuevo ministro.
Sin embargo, el Presidente de la República no prestó su acuerdo al nombramiento.
El Senado, hasta el momento, no sabe cómo resolver esta cuestión. Mientras, Lovera impulsa una acción de inconstitucionalidad.
La segunda terna conformada también con el sistema de audiencia pública es la de la Justicia Electoral. La integran Mirtha González, Modesto Monges y Jorge Rolón Luna.
Sin embargo, es el mismo presidente del Consejo, Gustavo Mussi, el que se niega a enviarla al senado, so pretexto de que hay acciones judiciales pendientes.
Pero la realidad es que los oviedistas no tienen los votos para que el Senado nombre a Monges como integrante del TSJE, en contrapartida a Rolón para quien cerrarían los números.
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