El mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema y de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que estableció la Constitución de 1992, nunca funcionó como esperaban los integrantes de la Convención Constituyente.
Tal mecanismo partía de la premisa de que el Consejo de la Magistratura, encargado de formar las ternas de candidatos para los cargos judiciales en cuestión, elegiría a dichos candidatos basado en “la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes”, y que luego el Senado haría las correspondientes designaciones tomando en cuenta, además, que los elegidos gozasen “de notoria honorabilidad”. Al Presidente de la República, por fin, solo le quedaba la misión de dar o no dar su “acuerdo” a los designados por el Senado.
En los hechos, el sistema de designación referido fracasó desde el primer momento. Inicialmente, el Consejo de la Magistratura tomó bastante en cuenta el buen cumplimiento de su rol, pero el Senado solo pudo realizar las designaciones de integrantes de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Electoral tras un acuerdo político. Nació así el cuoteo político, que es actualmente el verdadero método para elegir a esos altos magistrados.
Por si acaso fuera necesaria una prueba más, ahí está la designación del magistrado que ocupe el cargo vacante existente en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El partido Unace –tercero más votado en las elecciones generales del 2008– estima que tal cargo le corresponde a un simpatizante suyo. El líder de bancada de Unace en el Senado, Jorge Oviedo Matto, lo acaba de repetir con toda naturalidad. El Unace, dijo, esperaba que los senadores colorados cumplieran el compromiso de votar al candidato oviedista, así como los del Unace cumplieron con el pacto de votar por un candidato colorado para la Corte Suprema, aunque este fue luego rechazado por el presidente Lugo.
El sistema de cuoteo político se ha instalado en el país, y preceptos constitucionales aparte, es el verdadero mecanismo de elección de los más altos magistrados judiciales del país. La idoneidad, los méritos y aptitudes, la notoria honorabilidad pueden o no existir, pero lo más importante, lo decisivo, es la lealtad política. No interesa un Poder Judicial realmente independiente. El cuoteo no es visto como un atentado contra la independencia del Poder Judicial, penado por la propia Constitución en su Art. 248.
Inevitablemente, también sigue en discusión el tiempo de duración en sus cargos de los ministros de la Corte Suprema. En su última designación de varios de ellos, el Senado estableció que eran nombrados por cinco años. Pero la propia Corte ha venido decidiendo que sus integrantes, salvo que sean removidos por juicio político, duran en sus cargos hasta cumplir 75 años de edad.
En suma, en lo referente al Poder Judicial, los intereses de los partidos políticos, por una parte, y los intereses personales de los más altos magistrados, por otra, se sobreponen al interés nacional de contar con una administración de justicia digna de confianza como base primordial de un estado de derecho.
Fuente: ABC Color 05/03/2010
Tal mecanismo partía de la premisa de que el Consejo de la Magistratura, encargado de formar las ternas de candidatos para los cargos judiciales en cuestión, elegiría a dichos candidatos basado en “la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes”, y que luego el Senado haría las correspondientes designaciones tomando en cuenta, además, que los elegidos gozasen “de notoria honorabilidad”. Al Presidente de la República, por fin, solo le quedaba la misión de dar o no dar su “acuerdo” a los designados por el Senado.
En los hechos, el sistema de designación referido fracasó desde el primer momento. Inicialmente, el Consejo de la Magistratura tomó bastante en cuenta el buen cumplimiento de su rol, pero el Senado solo pudo realizar las designaciones de integrantes de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Electoral tras un acuerdo político. Nació así el cuoteo político, que es actualmente el verdadero método para elegir a esos altos magistrados.
Por si acaso fuera necesaria una prueba más, ahí está la designación del magistrado que ocupe el cargo vacante existente en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El partido Unace –tercero más votado en las elecciones generales del 2008– estima que tal cargo le corresponde a un simpatizante suyo. El líder de bancada de Unace en el Senado, Jorge Oviedo Matto, lo acaba de repetir con toda naturalidad. El Unace, dijo, esperaba que los senadores colorados cumplieran el compromiso de votar al candidato oviedista, así como los del Unace cumplieron con el pacto de votar por un candidato colorado para la Corte Suprema, aunque este fue luego rechazado por el presidente Lugo.
El sistema de cuoteo político se ha instalado en el país, y preceptos constitucionales aparte, es el verdadero mecanismo de elección de los más altos magistrados judiciales del país. La idoneidad, los méritos y aptitudes, la notoria honorabilidad pueden o no existir, pero lo más importante, lo decisivo, es la lealtad política. No interesa un Poder Judicial realmente independiente. El cuoteo no es visto como un atentado contra la independencia del Poder Judicial, penado por la propia Constitución en su Art. 248.
Inevitablemente, también sigue en discusión el tiempo de duración en sus cargos de los ministros de la Corte Suprema. En su última designación de varios de ellos, el Senado estableció que eran nombrados por cinco años. Pero la propia Corte ha venido decidiendo que sus integrantes, salvo que sean removidos por juicio político, duran en sus cargos hasta cumplir 75 años de edad.
En suma, en lo referente al Poder Judicial, los intereses de los partidos políticos, por una parte, y los intereses personales de los más altos magistrados, por otra, se sobreponen al interés nacional de contar con una administración de justicia digna de confianza como base primordial de un estado de derecho.
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