La convocatoria de una sesión del pleno del Congreso para debatir el sábado la restitución de dos jueces del Tribunal Supremo destituidos en juicio político parlamentario abrió hoy la primera crisis de poderes del actual Gobierno.
Ese hecho marca la primera desavenencia entre esos dos poderes aunque son reiterativos los roces del Ejecutivo con el Legislativo, controlado por la oposición, que amenaza enjuiciar políticamente al jefe de Estado, Fernando Lugo, por presunto mal desempeño en sus funciones, cuando apenas lleva 16 meses en el cargo.
La Comisión Permanente del Congreso, que se ocupa de los trámites legislativos durante el receso parlamentario que se inició el día 21 pasado y que se extenderá hasta marzo próximo, convocó esa reunión para debatir sobre un fallo emitido en la víspera por el Supremo.
La Sala Constitucional del Supremo, integrada por los jueces de segunda instancia Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Almada, falló en respuesta a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ex magistrados Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea contra sendos juicios políticos que derivaron en su destitución, a finales de 2003.
Además, resolvió que Ríos y Fernández Gadea, que fueron relevados en la anterior legislatura como parte de un amplio acuerdo político impulsado entonces por el presidente Nicanor Duarte (2003-2008) , ocupen los cargos que han quedado vacantes tras el alejamiento de los ministros Wildo Rienzi y José Altamirano.
Rienzi se retiró en julio de 2007 por haber cumplido la edad máxima de 75 años para ejercer ese cargo, mientras que Altamirano renunció en agosto de 2009.
El fallo judicial, que causó sorpresa y generó todo tipo de críticas, también emplaza al Consejo de la Magistratura para que suspenda el proceso de selección que realiza para cubrir esos dos lugares vacantes en el Supremo, de nueve miembros.
En ese sentido, el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Carrizosa, calificó la medida judicial como un “ verdadero golpe jurídico ” y consideró que es llamativo que el exhorto fue emitido en momentos en que el Poder Judicial y el Legislativo se encuentran en el receso veraniego.
Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) , principal fuerza en la coalición que llevó a Lugo al poder, repudió la resolución del Supremo y exhortó a sus legisladores a participar en la sesión del sábado.
Entretanto, el Gobierno expresó su preocupación, recomendó a las partes a iniciar un diálogo para buscar una salida favorable y ordenó que se “ recaben las opiniones jurídicas de profesionales de derecho ” para obrar en torno al Estado de Derecho.
El polémico asunto será analizado por el pleno del Congreso bicameral, de 45 senadores y 80 diputados.
“ Esperamos debatir esto que consideramos como un golpe de Estado ” , afirmó a periodistas el diputado Sebastián Acha, del PPQ, quien sostuvo que “ aquí hay responsabilidades políticas y penales de estos tres jueces que cometieron una aberración jurídica sin precedentes ” .
La Corte dictaminó en el caso con magistrados sustitutos tras la inhibición de sus tres miembros natos, que, sin embargo, integraron la Sala para ordenar hoy la inamovilidad de uno de sus miembros y ayer la de un ministro del tribunal electoral en otros fallos no menos controvertidos.
Sin embargo, un dirigente campesino, Belarmino Balbuena, afín al Gobierno, dijo que la decisión del Supremo deja precedente de que los juicios parlamentarios sin argumentos válidos no prosperan en momentos en que algunos detractores de Lugo insisten en que hay que enjuiciarlo.
Fuente: ABC Color 31/12/2009
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