El fallo

La crisis creada con el fallo de la Corte ingresa bruscamente a los escenarios político y judicial y se presenta con su peor rostro, ya que nadie puede prever las reales consecuencias inmediatas, que no sean las que lógicamente se esperan, como la del Congreso, de los partidos políticos y de los referentes prestigiosos de la judicatura.

A raíz del hecho consumado es previsible que se planteen los siguientes escenarios:

1. Que la Corte Suprema de Justicia se atrinchere en su condición de “última instancia” para las cuestiones judiciales partiendo de la base de que todo es judiciable, inclusive las facultades exclusivas de los otros poderes. Para el efecto, pondrá en marcha la inamovilidad de todos los miembros que aún no gocen de tal privilegio y los del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de manera que los beneficiados se vean obligados a actuar solidariamente frente a la “injerencia” de los otros poderes.

El argumento a ser esgrimido será que la independencia del Poder Judicial pasa por la inamovilidad de los magistrados y ministros, con lo cual se evita la injerencia política en la justicia.

2. Que el Congreso se sienta motivado a tomar represalias contra la Corte Suprema o contra algunos de sus miembros, y en sus reacciones cometa similares extralimitaciones a las que tuvo la Corte con respecto a la división de los poderes y la vigencia del Estado de Derecho.

Para el efecto, el Parlamento difícilmente resista la tentación de utilizar sus tentáculos políticos en otros organismos, como por ejemplo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y de paso tal vez desconozca partes del fallo judicial.

3. Que el Poder Ejecutivo aproveche la situación realizando sus propias movidas en el contexto de la crisis para consolidarse o para debilitar instituciones, como el juicio político, por ejemplo, que puede poner en riesgo su continuidad.

Tres elementos llamaron mi atención en este problema planteado.

Uno. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dado curso a una acción planteada por los ex ministros destituidos por juicio político, sin que estos hayan agotado las instancias nacionales. Primero salió (en el exterior) la advertencia de la CIDH de que si no hay un arreglo, el Estado paraguayo tendrá que vérselas con la Comisión Interamericana, y luego salió (en Paraguay) la inconstitucionalidad favorable a los dos ex ministros. O sea, al revés.

Dos. Que las tres personas que hicieron el fallo en nombre de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no son ministros y dieron mucho más de lo que se pidió, lo que ubica a la Corte en una actitud de provocación a los demás poderes del Estado. ¿Es casual?

Tres. Que el Poder Ejecutivo tuvo una tibia reacción frente a este atropello a la Constitución, aún cuando el fallo cercena una de sus facultades, en este caso la de dar acuerdo a los ministros elegidos por el Senado, sobre la terna seleccionada por el Consejo de la Magistratura. ¿Es por conveniencia?

En situaciones como esta lo que se espera es que el conductor de la nación tenga la lucidez y el liderazgo necesarios para reencauzar al país por los senderos de la institucionalidad democrática, por lo que honestamente esperaba mucho más del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, debemos resignarnos a comenzar y terminar este año con turbulencias políticas, ya que a las efervescencias electorales de los comicios municipales se vienen a sumar las disputas de poderes, con los primeros resultados que ya están a la vista, como la libertad de cuestionados personajes, la inamovilidad y quién sabe qué otras perlas. Estimados lectores, que el Año Nuevo les sea leve.


Fuente: ABC Color 02/01/2010