El 2010 se abre con un doloroso parto institucional

Los días finales de diciembre suelen ser propicios para dar golpes en todos los sentidos. Pero suele ser el Poder Judicial el más prolífico en sus sentencias, aprovechando que la gente está más concentrada en su menú de fin de año que lo que hagan las instituciones.

Así, entre copas y fuegos artificiales, la Corte Suprema de Justicia emitió fallados fallos. Blanqueó al coronel Heriberto Galeano, el ex hombre fuerte de Nicanor Duarte Frutos, acusado de enriquecimiento ilícito. Declaró inamovible a César Garay Zuccolillo, el único de la Corte que tenía pendiente su carnet de ministro perpetuo. Ahora todos ellos dejarán la máxima instancia judicial cuando cumplan 75 años. La otra vía es el juicio político, institución devaluada al mínimo, gracias a otro golpe de fin de año de la misma Corte.

También declaró inamovible al ministro electoral Juan Manuel Morales.

Ambas decisiones salen al paso de intentos de renovación en los dos organismos, los únicos que siguen campantes en tiempos de cambio.

Pero, sin duda, el fallo más polémico y que desató una severa crisis institucional de finales impredecibles es la reincorporación a la Corte de los ex ministros Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea. Ambos fueron destituidos en el 2003 por la vía constitucional del juicio político. Ya habían ganado una primera pulseada cuando lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita sus demandas.

CULPABLES. La crisis institucional instalada hoy y que enfrenta a la Justicia con el Parlamento tiene sus raíces en la irresponsabilidad de los políticos.

Actualmente, en la Corte Suprema hay dos vacancias, cuya indefinición lleva más de dos años por culpa de los partidos con representación parlamentaria. En el Senado hay una terna (de la que quedan solo dos) para cubrir la vacancia de Wildo Rienzi. El Poder Ejecutivo había vetado a Agustín Lovera Cañete (nicanorista) y los senadores no decidieron aún qué camino tomar.

La otra vacancia se generó con la renuncia de José Altamirano.

Esta situación facilitó el golpe judicial. La Corte está integrada por 9 miembros y por la indefinición política hoy funciona con 7. La reincorporación de Ríos y Fernández hubiese sido imposible si la Corte estaba completa, ya que por Constitución no puede aumentar la cantidad. "Justo" hay dos vacancias.

El Poder Ejecutivo tiene razón al apuntar al Congreso en esta eterna indefinición.

La sorpresiva sentencia de tres jueces de rango inferior que integraron la Sala Constitucional puso a Fernando Lugo en la mira. Colorados, oviedistas y liberales franquistas lo acusaron de estar detrás, ya que la anulación de un juicio político lo ubica como "futuro beneficiado". Al sentenciar la Corte que un juicio político es apelable, le saca al Congreso su arma más poderosa de control al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial.

Lugo una vez más perdió la oportunidad de marcar posición en el momento preciso. Reaccionó tarde y con él se vino la sospecha. Eso lo obligó a sentar postura en un mesurado y prudente mensaje, desmarcándose del fallo y poniéndose en consonancia con el Congreso, que considera la resolución como un verdadero golpe de Estado del Poder Judicial.

DECLARACIÓN DE GUERRA. Ayer, el Congreso se reunió en forma urgente y extraordinaria. Hubo holgada mayoría, considerando que es tiempo de vacaciones. Allí hubo unanimidad y más allá de las sospechas y acusaciones mutuas con respecto a "quién es el padre de la criatura", colorados, oviedistas, socialistas luguistas y liberales desconocieron el fallo y amenazaron "a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Poder Judicial que, en caso de admitir la validez de la sentencia, incurrirán en causales de juicio político, además de las responsabilidades penales en las que incurrirán por actuar como cómplices de los firmantes de la sentencia mencionada".

Si el 2009 fue el año del globo sonda de las amenazas de juicio político a Lugo, de la guerra mediática entre la derecha y la izquierda, el 2010 entra con una crisis institucional con el enfrentamiento directo del Congreso contra el Poder Judicial y un Poder Ejecutivo bajo advertencia.

No se vislumbra una solución fácil. Está en manos de la Corte poner en carril nuevamente la institucionalidad. El martes deberá decidir qué hacer con la granada que la Sala Constitucional puso en sus manos. A partir de su decisión se aquietarán las aguas o abrirá las compuertas a un impetuoso torrente que podría llevar sus cabezas.


Fuente: Última Hora 03/01/2010