Poderes del Estado compiten para saber cuál es el peor

Si es verdad que Fernando Lugo tuvo influencia en la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de reincorporar a los dos ex ministros destituidos mediante el juicio político, no podemos más que inclinar la cabeza en señal de respeto por su cinismo indiscutible. Se podrá decir que alguien le sugirió la idea, no importa. Tampoco importa el grado de moral que tenga; lo decisivo es que el primer mandatario habría dado su visto bueno al evidente golpe constitucional que el Poder Judicial cometió. Resulta que no fueron ministros de la Corte quienes firmaron la resolución, sino miembros del Tribunal de Cuentas 1ª Sala; por lo tanto, también se generan dudas de cómo el Congreso podría "corregir" a esos magistrados, ya que están en la jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –institución que, junto al Consejo de la Magistratura, tampoco ha brillado por su actuación a favor de la República–.

El supuesto pacto entre el Ejecutivo y la cúpula máxima del Judicial ya lleva casi un año; recordemos que esta época es la favorita de los "zares" de la Justicia para evacuar sus deposiciones, como las de declararse a sí mismos inamovibles o la dudosa elección de su mesa directiva, primero condenada y luego sospechosamente felicitada por el presidente. Ya se habla del cupo luguista en la Corte, lo que le permitiría mayor juego, debido a la falta de bancas en el Legislativo. Vale recordar que justamente la causal de remoción de Ríos y Fernández ya había sido por una puja de fuerza entre los tres poderes, que data del año 2000, aunque el juicio político se materializó en 2003.

Precisamente eso de no tener respaldo en el Congreso es lo que más llama la atención sobre los hechos ocurridos. Los "sospechosos de siempre", el Partido Colorado y UNACE, se apresuraron en despegarse de lo que a primera vista parecía una maniobra que les favorecería. El PLRA también demostró firmeza en el rechazo. Pero también lo hicieron los del círculo más cercano a FL, salvo él mismo y sus voceros oficiales. Esto implica que los aliados del presidente no estaban enterados, lo supieron después de consumados los hechos; por lo tanto, con el transcurso de los días no nos sorprenderá escuchar contradecirse a muchos que hasta hace unas horas protestaban, que pasarán a argumentar que no se puede interferir con otros poderes, que hay que consensuar, que tuvieron tiempo de analizar con la mente fría y que lo mejor será dejar que se reajuste el orden natural de las cosas –lo que sea que eso signifique–, mientras les haga quedar como menos tontos o traicionados, una vez más, por su propio presidente.

El jefe de Estado expresó su desaprobación a la resolución de los camaristas en funciones de ministros de la Corte; incluso mencionó una acción de nulidad. Es difícil ya creerle. Si no lo hizo inmediatamente es porque sabe algo más que sus adversarios y que sus propios allegados.

Una vez más es el Congreso el que precipitó todo este embrollo; de nada sirvieron sus tentáculos en la Justicia o en el Consejo de la Magistratura; mientras sigan más preocupados los legisladores en asuntos sectarios, más se debilitan y desgastan sus atribuciones constitucionales en beneficio de una Corte y de un presidente que, en circunstancias normales, serían fácilmente constreñidos a ajustarse a la Carta Magna y no a modificarla de facto.


Fuente: Última Hora 03/01/2010