Abogados

De ellos depende en gran medida alguna posibilidad de cambio real que se pueda concretar en la justicia ordinaria. ¿En qué sentido? Depende de que ellos asuman con responsabilidad el delicado mandato que les otorga la Constitución de participar en el Consejo de la Magistratura para seleccionar a los candidatos a fiscales, jueces y ministros de la Corte.

Fíjense qué trato privilegiado tienen los abogados en la Constitución, que hasta si se quiere es un contrasentido al principio de que todos somos iguales ante la ley. Finalmente lo que es el Poder Judicial, a partir de la Constitución de 1992, se debe casi exclusivamente a abogados y abogadas.

No solo a los dos representantes de la profesión en el Consejo de la Magistratura, ya que los demás representantes, del Congreso, de la Corte y de las Universidades, siempre son abogados o abogadas. En realidad, tanto el Consejo de la Magistratura, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, vienen a ser como una gran corporación, o mejor tal vez, una casta profesional a cuyos miembros se debe el mal o buen funcionamiento de la justicia ordinaria de nuestro país.

Sin ninguna duda es un privilegio, que debería ser correspondido con altura y dignidad, no con maniobras miserables ni con politiquerías rastreras. Los demás ciudadanos de esta patria, que no somos abogados, no podemos elegir a quienes harán las investigaciones judiciales y menos aún a quienes impartirán justicia. Ni siquiera si tenemos más méritos, más títulos o más trayectoria que los abogados.

La Constitución nos discrimina, porque teóricamente los abogados lo harán mejor por el hecho de ser abogados. Entonces ellos pueden elegir a dos de sus pares, para decidir –también con sus pares– a quienes harán justicia.

Pero es una triste realidad reconocer que nuestra triste justicia es obra de abogados y sólo ellos pueden cambiar esa realidad. ¿Que la justicia ordinaria está politizada y esa realidad no es obra de los abogados? Por favor, se corrompe solo quien se quiere corromper, se deja dominar solo quien lo permite y se deja manipular solo quien encuentra placer o conveniencia en ello.

La politización de la justicia es obra de los políticos, porque ellos encuentran en otras personas las condiciones para corromper. Si encontraran una valla, no lo harían, y esas vallas –bien sabemos– pasan por la dignidad y el decoro de los abogados y abogadas, que si no están de acuerdo deberían denunciar con todas sus fuerzas las ilegalidades, deberían renunciar a las propuestas deshonestas, o deberían enfrentar a los políticos torcidos o a sus colegas pusilánimes.

¿No les da vergüenza a los abogados tener como “representante” ante el Consejo de la Magistratura a personajes como Gustavo Mussi, que se toma atribuciones de déspota en una institución del Estado creada para dar mayor transparencia y pluralidad a la conformación de uno de los poderes del Estado? No envía las actas de una terna elegida en el Consejo sencillamente porque así gana tiempo para que su partido pueda transar un paquete de cargos.

¿No les da vergüenza a los abogados que su colega Enrique Bacchetta, que actúa igual que Mussi en el Consejo, tenga todas las de ganar en las próximas elecciones de abogados para seguir en el cargo?

No, no les molesta ni les da vergüenza. Todo seguirá igual gracias a los abogados que están pendientes de algunos favores de “la rosca”, pero también de los abogados que prefieren permanecer en la comodidad de sus estudios jurídicos haciendo nada para cambiar esta irracionalidad o tan solo para frenar la tilinguería de algunos de sus colegas.


Fuente: Diario ABC Color 14/11/2009