Los políticos que actúan en diferentes esferas del poder tratan de dejar instalada la idea equivocada de que sin “cuoteo” –procedimiento mediante el cual cada grupo recibe su parte– no es posible instalar, renovar o tan solo completar la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia Electoral. En todos los casos en que se menciona la necesidad de un acuerdo entre poderes, los políticos lo interpretan como una repartija de cargos entre todos aquellos sectores políticos que participan en la toma de decisiones. Por ejemplo, la experiencia de más de veinte años de transición de la dictadura a la democracia nos muestra una práctica totalmente distorsionada en cuanto al deber de los líderes políticos de seleccionar a los mejores, especialmente en lo que respecta al desempeño de los más altos cargos judiciales. Con esta forma de proceder, los políticos paraguayos están causando un serio daño a la institucionalidad, colocando a sus incondicionales en cargos de relevancia para hacer cumplir los designios personales o consignas políticas por encima del mandato constitucional.
Los políticos que actúan en diferentes esferas del poder tratan de dejar instalada la idea equivocada de que sin “cuoteo” –procedimiento mediante el cual cada grupo recibe su parte– no es posible instalar, renovar o tan solo completar la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Allí los candidatos surgen de postulaciones ante un también politizado Consejo de la Magistratura, que elabora una terna de aspirantes para que uno de ellos sea seleccionado por el Senado con acuerdo del Poder Ejecutivo.
Existen otros cargos en los que el procedimiento es a la inversa; los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En todos los casos en que se menciona la necesidad de un acuerdo entre poderes, los políticos lo interpretan como una repartija de cargos entre todos aquellos sectores políticos que participan en la toma de decisiones, a lo que se ha puesto el nombre de “cuoteo”. En estos días se habla de un “paquete” de cargos que incluye la Fiscalía General, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, un miembro del TSJE y dos ministros de la Corte, todos ellos próximos a ser sometidos al “cuoteo”.
El acuerdo al que hace alusión la Carta Magna tiene el claro sentido de otorgar confianza de los poderes involucrados a quienes resulten seleccionados para ocupar estos elevados cargos. No tiene el propósito de trabar ni obstaculizar la institucionalidad de la República y mucho menos el reducir los cargos de relevancia a un reparto de cuotas de poder, como se está encarando frecuentemente estas cuestiones.
Naturalmente, el acuerdo constitucional no elude la negociación entre las partes involucradas en el caso hipotético de que la selección del o los candidatos se vuelva complicada, y no encuentre una salida natural por la vía lógica de buscar a los mejores para el desempeño de funciones que necesariamente deben estar al alcance de unos pocos, por la rigurosidad en la competencia de méritos y aptitudes.
El caso es, sin embargo, que la experiencia de más de veinte años de transición de la dictadura a la democracia nos muestra una práctica totalmente distorsionada en cuanto al deber de los líderes políticos de seleccionar a los mejores, especialmente en lo que respecta al desempeño de los más altos cargos judiciales.
A esta práctica viciada inclusive se ha sumado el propio presidente Fernando Lugo con aquel intento de convocar al Senado de la República durante su receso, para tratar de sorprender a sus adversarios con el nombramiento de un candidato ternado para la Corte Suprema de Justicia, con el supuesto beneficio a cambio de contar a partir de ahí con el voto en su favor de parlamentarios de un sector del Partido Colorado.
En aquella oportunidad, en que se trató de forzar el nombramiento del Dr. Emiliano Rolón por parte del Poder Ejecutivo, y en la última, en que el Senado trató de forzar el nombramiento del Dr. Agustín Lovera Cañete, solo estuvo de por medio la conveniencia política coyuntural de uno de los poderes del Estado, no la calidad humana o técnica de los candidatos.
Con este tipo de jugadas deformadas de los itinerarios establecidos constitucionalmente para la instalación de ciertas autoridades en el poder de la República, no solamente se deteriora la institucionalidad de la Nación, sino también se pone en riesgo lo poco que se ha logrado construir de manera correcta.
Valga citar en este caso el desenlace que la designación del Dr. Lovera Cañete, por parte del Senado, tuvo para dos ministros de la Corte que se estaban desempeñando sin mayores cuestionamientos, los doctores José Altamirano y César Garay, el primero de los cuales se vio obligado a abandonar de inmediato el cargo por haber aceptado las reglas del juego político de reconocer al Senado la potestad de confirmarlo o no, y el segundo, obligado a reconocer a la Corte la facultad de declararlo o no inamovible, situación a la cual se había negado inicialmente a recurrir como sus demás colegas, por razones éticas.
Con el rechazo del Poder Ejecutivo a prestar su acuerdo para el nombramiento del Dr. Lovera Cañete se abrió un debate sobre el procedimiento correcto, pero los protagonistas eluden abordar el fondo de la cuestión, que consiste en no insistir en el mismo error de considerar el acuerdo constitucional como un cuoteo político.
Por las dudas, el pacto evidente entre el Partido Colorado y el Partido Unace ya hizo desaparecer el acta de la sesión del Consejo de la Magistratura donde se fue elegida una terna para completar la vacancia dejada por Rafael Dendia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de modo que se pueda repetir ilegalmente el procedimiento de selección de acuerdo con la nueva “orientación política”.
Ante la posibilidad de que el Partido Colorado pierda “su cuota” con el rechazo y la inminente repetición del procedimiento en el caso Lovera Cañete, tratan de hacer lo mismo con la terna del TSJE, donde aparentemente eligieron equivocadamente a un oviedista no apto y no incluyeron a ningún “colorado apto”.
Con esta forma de proceder, los políticos paraguayos están causando un serio daño a la institucionalidad, colocando a sus incondicionales en cargos de relevancia para hacer cumplir los designios personales o consignas políticas por encima del mandato constitucional. Pero al mismo tiempo están contribuyendo a que aceleradamente se desprestigie la función pública, cuyo resultado será aumentar en la ciudadanía la ansiedad por seguir probando cualquier fórmula de poder con tal de que sea distinta a la que manejan los políticos.
Esa experiencia ya la tuvimos con la elección del presidente Lugo, quien prometió una cosa y está haciendo otra totalmente distinta. Si los políticos no adecuan sus actuaciones al marco de la institucionalidad, el país corre el riesgo de que siga experimentando modelos importados que cada vez se parecen más al que ya conocimos durante la larga y oscura noche de la dictadura stronista.
Fuente: Diario ABC Color 04/09/09
Los políticos que actúan en diferentes esferas del poder tratan de dejar instalada la idea equivocada de que sin “cuoteo” –procedimiento mediante el cual cada grupo recibe su parte– no es posible instalar, renovar o tan solo completar la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Allí los candidatos surgen de postulaciones ante un también politizado Consejo de la Magistratura, que elabora una terna de aspirantes para que uno de ellos sea seleccionado por el Senado con acuerdo del Poder Ejecutivo.
Existen otros cargos en los que el procedimiento es a la inversa; los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En todos los casos en que se menciona la necesidad de un acuerdo entre poderes, los políticos lo interpretan como una repartija de cargos entre todos aquellos sectores políticos que participan en la toma de decisiones, a lo que se ha puesto el nombre de “cuoteo”. En estos días se habla de un “paquete” de cargos que incluye la Fiscalía General, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, un miembro del TSJE y dos ministros de la Corte, todos ellos próximos a ser sometidos al “cuoteo”.
El acuerdo al que hace alusión la Carta Magna tiene el claro sentido de otorgar confianza de los poderes involucrados a quienes resulten seleccionados para ocupar estos elevados cargos. No tiene el propósito de trabar ni obstaculizar la institucionalidad de la República y mucho menos el reducir los cargos de relevancia a un reparto de cuotas de poder, como se está encarando frecuentemente estas cuestiones.
Naturalmente, el acuerdo constitucional no elude la negociación entre las partes involucradas en el caso hipotético de que la selección del o los candidatos se vuelva complicada, y no encuentre una salida natural por la vía lógica de buscar a los mejores para el desempeño de funciones que necesariamente deben estar al alcance de unos pocos, por la rigurosidad en la competencia de méritos y aptitudes.
El caso es, sin embargo, que la experiencia de más de veinte años de transición de la dictadura a la democracia nos muestra una práctica totalmente distorsionada en cuanto al deber de los líderes políticos de seleccionar a los mejores, especialmente en lo que respecta al desempeño de los más altos cargos judiciales.
A esta práctica viciada inclusive se ha sumado el propio presidente Fernando Lugo con aquel intento de convocar al Senado de la República durante su receso, para tratar de sorprender a sus adversarios con el nombramiento de un candidato ternado para la Corte Suprema de Justicia, con el supuesto beneficio a cambio de contar a partir de ahí con el voto en su favor de parlamentarios de un sector del Partido Colorado.
En aquella oportunidad, en que se trató de forzar el nombramiento del Dr. Emiliano Rolón por parte del Poder Ejecutivo, y en la última, en que el Senado trató de forzar el nombramiento del Dr. Agustín Lovera Cañete, solo estuvo de por medio la conveniencia política coyuntural de uno de los poderes del Estado, no la calidad humana o técnica de los candidatos.
Con este tipo de jugadas deformadas de los itinerarios establecidos constitucionalmente para la instalación de ciertas autoridades en el poder de la República, no solamente se deteriora la institucionalidad de la Nación, sino también se pone en riesgo lo poco que se ha logrado construir de manera correcta.
Valga citar en este caso el desenlace que la designación del Dr. Lovera Cañete, por parte del Senado, tuvo para dos ministros de la Corte que se estaban desempeñando sin mayores cuestionamientos, los doctores José Altamirano y César Garay, el primero de los cuales se vio obligado a abandonar de inmediato el cargo por haber aceptado las reglas del juego político de reconocer al Senado la potestad de confirmarlo o no, y el segundo, obligado a reconocer a la Corte la facultad de declararlo o no inamovible, situación a la cual se había negado inicialmente a recurrir como sus demás colegas, por razones éticas.
Con el rechazo del Poder Ejecutivo a prestar su acuerdo para el nombramiento del Dr. Lovera Cañete se abrió un debate sobre el procedimiento correcto, pero los protagonistas eluden abordar el fondo de la cuestión, que consiste en no insistir en el mismo error de considerar el acuerdo constitucional como un cuoteo político.
Por las dudas, el pacto evidente entre el Partido Colorado y el Partido Unace ya hizo desaparecer el acta de la sesión del Consejo de la Magistratura donde se fue elegida una terna para completar la vacancia dejada por Rafael Dendia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), de modo que se pueda repetir ilegalmente el procedimiento de selección de acuerdo con la nueva “orientación política”.
Ante la posibilidad de que el Partido Colorado pierda “su cuota” con el rechazo y la inminente repetición del procedimiento en el caso Lovera Cañete, tratan de hacer lo mismo con la terna del TSJE, donde aparentemente eligieron equivocadamente a un oviedista no apto y no incluyeron a ningún “colorado apto”.
Con esta forma de proceder, los políticos paraguayos están causando un serio daño a la institucionalidad, colocando a sus incondicionales en cargos de relevancia para hacer cumplir los designios personales o consignas políticas por encima del mandato constitucional. Pero al mismo tiempo están contribuyendo a que aceleradamente se desprestigie la función pública, cuyo resultado será aumentar en la ciudadanía la ansiedad por seguir probando cualquier fórmula de poder con tal de que sea distinta a la que manejan los políticos.
Esa experiencia ya la tuvimos con la elección del presidente Lugo, quien prometió una cosa y está haciendo otra totalmente distinta. Si los políticos no adecuan sus actuaciones al marco de la institucionalidad, el país corre el riesgo de que siga experimentando modelos importados que cada vez se parecen más al que ya conocimos durante la larga y oscura noche de la dictadura stronista.
Fuente: Diario ABC Color 04/09/09
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