Las negociaciones en torno a la conformación de la Corte Suprema de Justicia están dando un giro sustancial, ya que se iniciaron conversaciones "favorables" con todos los sectores del oficialismo, Patria Querida, y hasta con el oviedismo con el objetivo de llevar a juicio político a todos los ministros de la máxima instancia judicial.
Carlos Filizzola, senador luguista, reveló estas movidas y aseguró que el diálogo incluye llevar al archivo el acuerdo otorgado por la Cámara Alta al candidato colorado Agustín Lovera Cañete e iniciar de nuevo el llamado a concurso a través del Consejo de la Magistratura, junto con el resto de las vacancias que generaría el resultado del juicio político.
"Se abre la posibilidad de un acuerdo mayor con otro grupo que podría, más que nada, incluir a los oviedistas, lo cual nos daría la posibilidad de realizar cambios mayores en la Corte", indicó ayer el legislador.
Explicó que el Unace perdió el interés en ratificar a Lovera Cañete porque saben que les conviene el cambio total de la Corte, ya que de esta forma tendrían espacios de poder.
No obstante, Filizzola aseguró que los candidatos que presenten los sectores políticos deben ser aptos, sin antecedentes y con idoneidad para no caer en el cuoteo puro y duro.
Manifestó que la conformación de la máxima instancia judicial no será el resultado de un "cuoteo cualquiera".
Recordó que el Gobierno siempre quiso el cambio total de la Corte, pero nunca logró un acuerdo en el Senado, ya que en esa instancia el oficialismo no tiene mayoría y a la ANR le conviene mantener la actual Corte Suprema.
EN LA MIRA. Los ministros que podrían ser llevados a juicio político por declararse inamovibles son los colorados Alicia Pucheta, Antonio Fretes, Víctor Núñez, Raúl Torres, y los liberales Óscar Bajac y Sindulfo Blanco. César Garay también porque accionó reclamando su inamovilidad.
José Altamirano, quien ingresó por el cupo de PQ, ya renunció a su cargo.
Actualmente la Corte funciona con siete ministros.
SE NECESITA MAYORÍA DE DOS TERCIOS
El artículo 225 de la Constitución Nacional establece que los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación deberá ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios (53).
Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios (30), juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos.
En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la Justicia ordinaria
Fuente: Diario Última Hora 08/09/09
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