martes, 2 de febrero de 2010
El problema no es la actual Constitución, sino los políticos sinvergüenzas
Ante el triste cuadro en que se halla el Poder Judicial, hay quienes están pidiendo una reforma de la Constitución, alegando que es ella la responsable exclusiva del caos político y moral en el que está adentrado por demás el país. Sin embargo, la deshonestidad no está en la Constitución, sino en los actores sociales y políticos que no la respetan, como tampoco respetarán ninguna otra, a la que también le buscarán la manera de torcerla a su provecho. La cantidad de “vivos”, aprovechadores, mentirosos y hasta de bandidos que han logrado instalarse en el panorama político y que hacen trizas de los principios y normas constitucionales y de todas las demás leyes son los principales responsables de la situación en que se halla la administración de justicia. Con cualquier otra Constitución, este tipo de gente continuará siendo como es, y también seguirá retorciendo la Constitución y las leyes todas las veces que les sean convenientes a sus intereses particulares. Antes que cambiar total o parcialmente la Constitución vigente, ha de procurarse respetar la existente como corresponde, y si aun así no se logra que el gobierno y el país funcionen bien, entonces sí podrá pensarse en cambiarla.
Al organizar el Poder Judicial, los miembros de la Convención Nacional Constituyente de 1992, actuando presumiblemente de buena fe y con la mejor de las intenciones, confiaron en que el sistema de designación de magistrados judiciales que estructuraron serviría para lograr no una buena, sino excelente integración del Poder Judicial.
Los convencionales constituyentes erraron de punta a punta. El sistema que diseñaron, que incluyó la creación de un nuevo organismo estatal, el Consejo de la Magistratura, no sirvió. Tuvieron que pasar más de dos años para que por fin se pudiera integrar la nueva Corte Suprema de Justicia y para ello tuvo que llegarse a un pacto –“de gobernabilidad”, se lo llamó– que hizo que la política fuese la gran electora de los ministros de la Corte Suprema.
En un primer momento, la designación de los ministros de la Corte que efectuó el Senado, a pesar de que no nombró por lo menos a dos de los mejores candidatos y de que se basó fundamentalmente en el “cuoteo político”, todavía fue bastante buena. Sin embargo, desde aquel momento en adelante las cosas fueron empeorando progresivamente.
En el presente, ante el triste cuadro en que se halla el Poder Judicial, hay quienes están pidiendo una reforma de la Constitución, alegando que es ella la responsable exclusiva del caos político y moral en el que está adentrado por demás el país. Sin embargo, la deshonestidad no está en la Constitución, sino en los actores sociales y políticos que no la respetan, como tampoco respetarán ninguna otra a la que también le buscarán la manera de torcerla en su provecho.
La cantidad de “vivos”, aprovechadores, mentirosos y hasta de bandidos que han logrado instalarse en el panorama político y que hacen trizas de los principios y normas constitucionales y de todas las demás leyes, son los principales responsables de la situación en que se halla la administración de justicia. Con cualquier otra Constitución este tipo de gente continuará siendo como es, y también seguirá retorciendo la Constitución y las leyes todas las veces que les sean convenientes a sus intereses particulares.
En el estado en que se halla el país, no es, pues, una nueva Constitución lo que pueda cambiar la situación general o la del Poder Judicial. Lo más probable es que lo único que logre tal cambio es que los políticos pervertidos –de izquierda, de centro o de derecha– quieran ante todo imponer sus candidatos y de inmediato sus pensamientos en cualquier cosa que se haga.
Antes que cambiar total o parcialmente la Constitución vigente, ha de procurarse respetar la existente a pie juntillo como corresponde, y si aun así no se logra que el gobierno y el país funcionen bien, entonces sí podrá pensarse en cambiar la Constitución, pero para ello deberá sanearse previamente el inmundo ambiente inmoral en que se desenvuelve la política en el país.
En lo que hace al Poder Judicial, la Constitución ciertamente es criticable, pero si el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema estuvieran totalmente integrados por gente de bien, el cuadro en que se halla ese poder del Estado podría cambiar enormemente y para bien general de la Nación. Lo cual no será posible mientras las riendas de los principales organismos del país estén en manos de políticos malintencionados, ignorantes y corruptos.
Fuente: ABC Color 11/01/2010
Al organizar el Poder Judicial, los miembros de la Convención Nacional Constituyente de 1992, actuando presumiblemente de buena fe y con la mejor de las intenciones, confiaron en que el sistema de designación de magistrados judiciales que estructuraron serviría para lograr no una buena, sino excelente integración del Poder Judicial.
Los convencionales constituyentes erraron de punta a punta. El sistema que diseñaron, que incluyó la creación de un nuevo organismo estatal, el Consejo de la Magistratura, no sirvió. Tuvieron que pasar más de dos años para que por fin se pudiera integrar la nueva Corte Suprema de Justicia y para ello tuvo que llegarse a un pacto –“de gobernabilidad”, se lo llamó– que hizo que la política fuese la gran electora de los ministros de la Corte Suprema.
En un primer momento, la designación de los ministros de la Corte que efectuó el Senado, a pesar de que no nombró por lo menos a dos de los mejores candidatos y de que se basó fundamentalmente en el “cuoteo político”, todavía fue bastante buena. Sin embargo, desde aquel momento en adelante las cosas fueron empeorando progresivamente.
En el presente, ante el triste cuadro en que se halla el Poder Judicial, hay quienes están pidiendo una reforma de la Constitución, alegando que es ella la responsable exclusiva del caos político y moral en el que está adentrado por demás el país. Sin embargo, la deshonestidad no está en la Constitución, sino en los actores sociales y políticos que no la respetan, como tampoco respetarán ninguna otra a la que también le buscarán la manera de torcerla en su provecho.
La cantidad de “vivos”, aprovechadores, mentirosos y hasta de bandidos que han logrado instalarse en el panorama político y que hacen trizas de los principios y normas constitucionales y de todas las demás leyes, son los principales responsables de la situación en que se halla la administración de justicia. Con cualquier otra Constitución este tipo de gente continuará siendo como es, y también seguirá retorciendo la Constitución y las leyes todas las veces que les sean convenientes a sus intereses particulares.
En el estado en que se halla el país, no es, pues, una nueva Constitución lo que pueda cambiar la situación general o la del Poder Judicial. Lo más probable es que lo único que logre tal cambio es que los políticos pervertidos –de izquierda, de centro o de derecha– quieran ante todo imponer sus candidatos y de inmediato sus pensamientos en cualquier cosa que se haga.
Antes que cambiar total o parcialmente la Constitución vigente, ha de procurarse respetar la existente a pie juntillo como corresponde, y si aun así no se logra que el gobierno y el país funcionen bien, entonces sí podrá pensarse en cambiar la Constitución, pero para ello deberá sanearse previamente el inmundo ambiente inmoral en que se desenvuelve la política en el país.
En lo que hace al Poder Judicial, la Constitución ciertamente es criticable, pero si el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema estuvieran totalmente integrados por gente de bien, el cuadro en que se halla ese poder del Estado podría cambiar enormemente y para bien general de la Nación. Lo cual no será posible mientras las riendas de los principales organismos del país estén en manos de políticos malintencionados, ignorantes y corruptos.
Fuente: ABC Color 11/01/2010
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