La crisis institucional desatada por el fallo de la Sala Constitucional y que se inició en las últimas horas del año pasado, finalizó con el rotundo triunfo del Parlamento sobre el Poder Judicial claramente, y sobre el Poder Ejecutivo.
Tres magistrados (Meneleo Insfrán, Pedro Almada y Juan Francisco Recalde) integraron la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia porque los verdaderos miembros se inhibieron (léase, le sacaron la nalga a la jeringa) en el pleito de la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron destituidos por juicio político en el 2003.
El polémico fallo vio la luz el 30 de diciembre y en ese instante empezó a temblar el cimiento del Poder Judicial. La reacción política tuvo tal contundencia que la pirotecnia de fin de año se convirtió en una bomba de tiempo.
El sábado 2, el Congreso se reunió y emitió su declaración de guerra: la Corte o anula el fallo o sus cabezas rodarán. Hubo unanimidad y los partidos demostraron una alianza corporativa sin precedentes. Allí estaban Lino Oviedo (Unace), Lilian Samaniego (ANR), Amanda Núñez (PLRA) y hasta la comedida Patria Querida, con Daniel Codas con las hachas en la mano.
La izquierda intentó despegarse, ya que el presidente Fernando Lugo fue acusado por colorados y oviedistas de ser el "padre de la criatura". Pero los escasos parlamentarios oficialistas no tuvieron otra opción que acatar la posición mayoritaria y hasta aprobar un documento donde se amenazaba al propio presidente.
Era el Congreso defendiendo su arma más letal: el juicio político que en ese momento fue devaluado por el fallo de la Sala Constitucional.
INICIO TORCIDO. La sentencia de la Sala Constitucional, integrada por jueces de rango inferior, tiene más dudas que certezas. La reincorporación de dos ex ministros caía por su propio peso. Hasta entonces, el juicio político era inapelable. Es difícil creer que no hubo una mano negra detrás de esta sentencia suicida. Si fue un Maquiavelo político (ya sea del oficialismo o de la oposición) o si fue un Maquiavelo jurídico (la misma Corte en un nuevo intento por cortar las cadenas del poder político). Si fue este último caso, eligieron un tema equivocado con la reposición de dos ministros de la Corte, que precisamente no gozan de la credibilidad ni "notoria honorabilidad".
Sin dudas, para uno de ellos, el plan fracasó.
Sin entrar en los debates jurídicos, que en calientes momentos políticos no sirven ni para fundamentar los hechos como se vio con la decisión de la Corte que anuló los fallos con una simple resolución, esta situación demostró una vez más que el Parlamento es un superpoder.
La Constitución de 1992 le otorgó al Poder Legislativo una suma de poderes que en la práctica lo ubica en la posición de co-gobierno, a pesar de ser un régimen presidencial.
Pero en el área donde mayor cuña tiene, es en el Poder Judicial a través de organismos de selección y coacción: El Consejo de la Magistratura (que selecciona candidatos para la Corte Suprema y otros jueces) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (que sanciona a jueces y fiscales).
Allí están los representantes de los partidos políticos, a través de sus senadores y diputados, aunque el oviedismo es el que más consolidó su poder en estas instancias.
La trama perfecta para controlar la Justicia funcionó a la perfección, ya que la máxima instancia judicial no tuvo otra opción que emitir una resolución política para anular un sospechoso fallo jurídico. Es que sus cabezas estaban en juego.
El Parlamento (colorados, oviedistas y liberales) hicieron una jugada en la que embretaron al Poder Ejecutivo. Con la amenaza del juicio político a la Corte, Lugo no podía negarse ya que es una de sus banderas de campaña electoral. Y al darse la oportunidad de enjuiciar a todos, no podía negarse. Eran dos poderes contra uno, y además con la fuerza pública del lado de ellos.
La Corte no tuvo otra salida que salir a aquietar la crisis política, cortando la cabeza de sus propios hijos. Como dijeron en un comunicado: "Salimos ante ustedes, ante la ciudadanía; si hubo errores, a corregirlos y, a su vez, reencauzar las cosas que pudieran estar mal. Estamos para cooperar, no para confrontar". Letra y música para maquillar el bochornoso acto de sometimiento al poder político.
El Congreso se consolidó como un superpoder. La propia Corte Suprema sentó jurisprudencia (a criterio de los magistrados), señalando que el juicio político es inapelable y quien sea destituido por esa vía no tiene otra que acatar la sentencia.
Y aunque la Corte encarriló la institucionalidad, quedó con la triste imagen de sometimiento.
La crisis institucional ha terminado con el sabor amargo de la duda: si los buenos o los malos ganaron esta confusa batalla.
Fuente: Última Hora 10/01/2010
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