En el transcurso del presente año deben realizarse las elecciones de intendentes municipales de toda la República. Esto significa que la Justicia Electoral y en particular el Tribunal Superior de Justicia Electoral deberían estar en las mejores condiciones posibles a fin de asegurar que las elecciones sean libres y limpias. Es el caso, sin embargo, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se encuentra en estado irregular. Uno de sus integrantes renunció tiempo atrás a su cargo, y hasta ahora no se le ha designado sucesor; otro de los miembros está bajo la posibilidad de ser sometido a juicio político, y el tercer miembro no goza de demasiada confianza en los ámbitos de la revuelta política nacional. La República merece que una de las principales instituciones democráticas del país sea integrada de manera formal. La clase política paraguaya debe actuar activando inmediatamente los mecanismos institucionales requeridos para restablecer la confianza de los ciudadanos en una Justicia Electoral realmente creíble y honesta.
En el transcurso del presente año deben realizarse las elecciones de intendentes municipales y de integrantes de las juntas municipales de toda la República.
Esto significa que la Justicia Electoral y en particular su órgano de mayor jerarquía, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, deberían estar en las mejores condiciones posibles a fin de asegurar que las elecciones sean libres y limpias.
Es el caso, sin embargo, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se encuentra en estado irregular. Uno de sus integrantes, el Dr. Rafael Dendia, renunció tiempo atrás a su cargo y hasta ahora no se le ha designado sucesor, lo que obligó al mismo Tribunal a designar como reemplazante interina a Myriam Cristaldo, una magistrada de uno de los tribunales de Apelación del mismo fuero judicial. Otro de los miembros del Tribunal Superior, el abogado Alberto Ramírez Zambonini, está bajo la posibilidad de ser sometido a juicio político, y el tercer integrante, el Dr. Juan Manuel Morales, no goza de demasiada confianza en los ámbitos de la revuelta política nacional del momento.
Para la designación del miembro que ocupe el cargo que dejó vacante el Dr. Dendia, el Consejo de la Magistratura tiempo atrás ya formuló la terna de candidatos de la que el Senado puede designar a su sucesor, pero ocurre que el presidente del Consejo, el diputado -de Unace- Gustavo Mussi, no remite dicha terna al Senado, con toda probabilidad porque el partido Unace entiende que por “cuoteo político” esa vacancia debe ser ocupada por una persona de ese partido.
El Consejo de la Magistratura, introducido al país por la Constitución de 1992, rápidamente se mostró más propicio a actuar políticamente -el “cuoteo”- que a nombrar candidatos a los cargos judiciales a profesionales del derecho que realmente los merecieran. El Senado, a su vez, ya desde un comienzo entró en el mismo juego, y así el sistema del cuoteo político se convirtió en el verdadero mecanismo de designación de los más altos magistrados judiciales y, de hecho, también de los demás.
El resultado de todo esto es una administración de justicia en la que se tiene poca confianza, y en tal sentido destacan los casos de nada menos que la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
De todos modos, la ley tiene que ser cumplida. El Consejo de la Magistratura está en el deber de remitir la terna de candidatos para integrar el Tribunal Superior de Justicia Electoral a fin de que el Senado pueda efectuar la designación correspondiente y el Presidente de la República prestarle -o negarle- su “acuerdo” al designado por el Senado.
La situación de Ramírez Zambonini también debería dilucidarse con rapidez. Es cuestionado por una delicada razón: la de haber plagiado su tesis para alcanzar el título de doctor en Derecho, y así lo reconoció al renunciar al grado profesional así alcanzado.
El problema no termina en el mal estado de cosas en que se encuentran grandes tramos de la administración de justicia en el país. Tal situación se originó en los desvíos morales en que han caído los partidos políticos.
Bajo la dictadura de Stroessner, este era quien en realidad nombraba a los más altos magistrados judiciales. La mayoría automática con que contaba en el Congreso le permitía hacer lo que quisiera.
La Constitución de 1992 intentó cambiar tan lastimoso estado de cosas, pero a las instituciones que creó con ese fin la politiquería local pronto les encontró solución.
Ahora la nación está llegando a unas elecciones municipales que políticamente pueden ser vistas como muy importantes para el futuro democrático del país y no se cuenta con una Justicia Electoral que pueda ser vista como plenamente confiable, en particular el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La República y la ciudadanía merecen que una de las principales instituciones democráticas del país sea integrada de manera formal, cumpliendo todos los requisitos constitucionales que deben seguirse para ello.
La clase política paraguaya debe actuar activando inmediatamente los mecanismos institucionales requeridos para restablecer la confianza de los ciudadanos en una Justicia Electoral realmente creíble y honesta.
Fuente: ABC Color 19/02/2010
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