La polémica pública suscitada en torno a la controvertida conducta de un integrante de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Oscar Bajac, devela la profunda crisis moral que sobrelleva la Nación paraguaya. Pero si el proceder del mencionado ministro, que presionó al titular de Aduanas para que designara a un conocido suyo en un alto cargo del aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este –cargo donde se acostumbra “recaudar” mucho–, es lamentable, el intento del titular de la máxima instancia judicial, Raúl Torres Kirmser, por justificar esa acción es deplorable y demostrativa del grado de descomposición ética que afecta a nuestra sociedad.
La postura expresada por el presidente de la Corte el mismo día en que el presidente Fernando Lugo presentaba su informe anual ante el Congreso Nacional demuestra que la inveterada “institución” del compadrazgo aún está plenamente vigente en nuestro país. Su versión moderna se traduce en el tráfico de influencias y el abuso de poder. Para Torres Kirmser, un alto magistrado cuyo compromiso con la vigencia del Estado de Derecho y el apego a la legalidad debiera ser incuestionable, es normal que un integrante del principal tribunal de justicia de la República reclame el nombramiento de sus amigos o allegados, como si de un vulgar seccionalero de la era stronista se tratara.
En realidad, esta forma de proceder es reveladora de toda una manera de concebir la existencia misma del Estado. Sus instituciones son consideradas botines o terrenos acotados de aquellos que ejercen posiciones dominantes. Esta visión patrimonialista les lleva a considerar como algo natural solicitar la colocación de sus ahijados en las entidades públicas. En la realidad este pensamiento configura para ellos un lógico “intercambio de favores” con aquellos que manejan otras parcelas de poder que, en algún momento, podrían verse en la necesidad de acudir a su propia influencia, dando forma así a todo un perverso sistema al servicio del lucro personal.
Lamentablemente, el fenómeno no es nuevo. El compadrazgo constituyó una verdadera “institución” bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Mediante la activación de este nefasto mecanismo, el tirano logró subordinar a los poderes del Estado, primero, y a todos los que los integraban, después, obligándolos de esta manera a someterse a sus solos deseos y caprichos, con lo cual hizo tabla rasa de todo atisbo de democracia e imperio de la ley.
Muy tristemente para nuestra República, esta condenable forma de proceder no se ha visto menguada durante la vigencia del proclamado gobierno del “cambio” del presidente Fernando Lugo. Al contrario, los antiguos vicios se siguen fomentando, seguramente con la misma intención de consolidarse en un poder del que, por lo visto, los luguistas se consideran sus dueños personales.
De no ser así, no se comprende, por ejemplo, cómo el Presidente haya promovido a su abogado personal, Marcos Fariña –precisamente el que litiga contra aquellas indefensas mujeres que le reclaman la paternidad de sus hijos–, como miembro suplente del Consejo de la Magistratura, por no citar sino el caso más reciente en que el Mandatario ha decidido que los asuntos de su vida personal interfieran en aquellos del Estado.
Ello, por lo demás, sin hacer exhaustiva mención a la triste componenda a la que arribó con los politicastros de la nefasta era colorada para repartirse los cargos directivos de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, lo cual, está claro, le permitirá nombrar a tantos otros aliados o amigos en puestos claves de la diplomacia, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el mismísimo Poder Judicial.
Sobre esta compleja situación de decadencia ética que atraviesa la Nación paraguaya advertía en los oscuros años de la dictadura la potente voz de la Iglesia Católica.
En la célebre y recordada carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) denominada “El saneamiento moral de la Nación”, del 12 de junio de 1979, los obispos de nuestro país expresaban que su mayor preocupación en aquel momento era “el grave deterioro moral de nuestra sociedad, la quiebra de los valores morales que pone en peligro la estabilidad misma de la Nación”, atribuido, señalaban, a los “ídolos” de la riqueza, el placer y el poder.
En medio de aquella postración, la Iglesia destacaba que sobresalían “por su gravedad y urgencia la mala administración de la justicia y la excesiva tolerancia observada en casos repetidos de transgresiones públicas y manifiestas y la impunidad de que gozan sus autores”.
El análisis y el texto de aquella referencia histórica durante la época de la dictadura siguen plenamente vigentes hoy, treinta y un años después de su publicación. A tenor de la forma de actuar y los dichos de tres hombres públicos de máximo nivel en la vida pública de nuestro país, Bajac, Torres Kirmser y Lugo, lamentablemente la decadencia moral se ha profundizado y los ciudadanos de bien aún aguardan poder participar en la titánica obra de regeneración que todavía está pendiente.
Fuente: ABC Color 05/07/2010
La postura expresada por el presidente de la Corte el mismo día en que el presidente Fernando Lugo presentaba su informe anual ante el Congreso Nacional demuestra que la inveterada “institución” del compadrazgo aún está plenamente vigente en nuestro país. Su versión moderna se traduce en el tráfico de influencias y el abuso de poder. Para Torres Kirmser, un alto magistrado cuyo compromiso con la vigencia del Estado de Derecho y el apego a la legalidad debiera ser incuestionable, es normal que un integrante del principal tribunal de justicia de la República reclame el nombramiento de sus amigos o allegados, como si de un vulgar seccionalero de la era stronista se tratara.
En realidad, esta forma de proceder es reveladora de toda una manera de concebir la existencia misma del Estado. Sus instituciones son consideradas botines o terrenos acotados de aquellos que ejercen posiciones dominantes. Esta visión patrimonialista les lleva a considerar como algo natural solicitar la colocación de sus ahijados en las entidades públicas. En la realidad este pensamiento configura para ellos un lógico “intercambio de favores” con aquellos que manejan otras parcelas de poder que, en algún momento, podrían verse en la necesidad de acudir a su propia influencia, dando forma así a todo un perverso sistema al servicio del lucro personal.
Lamentablemente, el fenómeno no es nuevo. El compadrazgo constituyó una verdadera “institución” bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Mediante la activación de este nefasto mecanismo, el tirano logró subordinar a los poderes del Estado, primero, y a todos los que los integraban, después, obligándolos de esta manera a someterse a sus solos deseos y caprichos, con lo cual hizo tabla rasa de todo atisbo de democracia e imperio de la ley.
Muy tristemente para nuestra República, esta condenable forma de proceder no se ha visto menguada durante la vigencia del proclamado gobierno del “cambio” del presidente Fernando Lugo. Al contrario, los antiguos vicios se siguen fomentando, seguramente con la misma intención de consolidarse en un poder del que, por lo visto, los luguistas se consideran sus dueños personales.
De no ser así, no se comprende, por ejemplo, cómo el Presidente haya promovido a su abogado personal, Marcos Fariña –precisamente el que litiga contra aquellas indefensas mujeres que le reclaman la paternidad de sus hijos–, como miembro suplente del Consejo de la Magistratura, por no citar sino el caso más reciente en que el Mandatario ha decidido que los asuntos de su vida personal interfieran en aquellos del Estado.
Ello, por lo demás, sin hacer exhaustiva mención a la triste componenda a la que arribó con los politicastros de la nefasta era colorada para repartirse los cargos directivos de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, lo cual, está claro, le permitirá nombrar a tantos otros aliados o amigos en puestos claves de la diplomacia, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y el mismísimo Poder Judicial.
Sobre esta compleja situación de decadencia ética que atraviesa la Nación paraguaya advertía en los oscuros años de la dictadura la potente voz de la Iglesia Católica.
En la célebre y recordada carta pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) denominada “El saneamiento moral de la Nación”, del 12 de junio de 1979, los obispos de nuestro país expresaban que su mayor preocupación en aquel momento era “el grave deterioro moral de nuestra sociedad, la quiebra de los valores morales que pone en peligro la estabilidad misma de la Nación”, atribuido, señalaban, a los “ídolos” de la riqueza, el placer y el poder.
En medio de aquella postración, la Iglesia destacaba que sobresalían “por su gravedad y urgencia la mala administración de la justicia y la excesiva tolerancia observada en casos repetidos de transgresiones públicas y manifiestas y la impunidad de que gozan sus autores”.
El análisis y el texto de aquella referencia histórica durante la época de la dictadura siguen plenamente vigentes hoy, treinta y un años después de su publicación. A tenor de la forma de actuar y los dichos de tres hombres públicos de máximo nivel en la vida pública de nuestro país, Bajac, Torres Kirmser y Lugo, lamentablemente la decadencia moral se ha profundizado y los ciudadanos de bien aún aguardan poder participar en la titánica obra de regeneración que todavía está pendiente.
Fuente: ABC Color 05/07/2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario