El procurador José Enrique García no descartó en presentarse a concursar por el cargo de fiscal general del Estado.Aunque señaló que esa es una potestad del Presidente de la República y que nadie habló con él sobre este tema.
Sin embargo, dijo que a nadie podía dejar de interesar el puesto. De esta forma dejó entrever que podría presentarse.
García estuvo ayer cerca del mediodía, en la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, ocasión en la cual, al ser consultado por la prensa, formuló estas declaraciones.
El mandato del actual fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, vence el 31 de agosto.
El actual titular del Ministerio Público anunció que no se presentará a la reelección.
Por un pacto político, se considera que el puesto corresponde al oficialismo, por lo que Lugo, además de su potestad constitucional, tendrá la posibilidad política de nombrar a un fiscal general de su agrado.
Por una resolución del Consejo de la Magistratura, el llamado a concurso para fiscal general del Estado se suspendió.
El Consejo deberá resolver si se llama a concurso antes o después del vencimiento de mandato.
Enrique García, abogado penalista, es considerado uno de los hombres de confianza del presidente Lugo, a tal punto que cuando el fiscal Arnaldo Giuzzio allanó la Secretaría de Emergencia Nacional y la situación se veía comprometida para Camilo Soares, fue García el que acudió a esa oficina, en su carácter de procurador para verificar qué era lo que ocurría, hecho que le valió numerosas críticas.
La visita a fiscales
García conversó ayer, primero con el fiscal Humberto Otazú, luego con el fiscal adjunto Carlos Arregui y finalmente con el fiscal René Fernández.
Al salir de la unidad, el procurador explicó que fue a verificar los casos que afectan al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Indicó que hay una polémica con los jueces de garantía que sostienen que la Procuraduría no puede intervenir en las causas penales, sino solo en las acciones civiles, producto de sentencias condenatorias.
“Es una discusión interesante que viene de la práctica en los pasillos tribunalicios”, refirió el procurador.
Empero, García señaló que a su criterio la Procuraduría de la República tiene la potestad de intervenir en las causas penales, ya que el objetivo es la defensa del patrimonio del Estado paraguayo.
Fuente: ABC Color 05/07/2010
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