No hay desarrollo sin justicia

Por Sebastián Acha (*) |

Hay elementos que colaboran con el desarrollo de un país, pero hay algunos que son imprescindibles, y una administración de Justicia confiable es uno de ellos. La administración de Justicia paraguaya está lejos de cumplir su rol a cabalidad. Basta escuchar a los abogados litigantes o a cualquier ciudadano que se haya visto obligado a recurrir a esa instancia para comprobar que se puede obtener casi cualquier cosa, menos justicia.

No sólo el CUOTEO es el responsable de esta situación, pero es la puerta de entrada a todos los vicios que hoy adornan a nuestro Poder Judicial.

Muchos afirman que el cuoteo es inevitable y otros sugieren que debe implementarse un "cuoteo atenuado", con el que sin dejar de repartirse los cargos entre los partidos políticos, se establezca una suerte de sistema de veto recíproco. Algunos creemos que el cuoteo debe terminarse sin disimulos.

El cuoteo causa daño al país no solo por la calidad de las autoridades nombradas discrecionalmente por los partidos políticos, sino también por la sumisa dependencia que genera en los magistrados nombrados, cuyos cargos dependen de sus padrinos. Convierte además el mecanismo constitucional de nombramiento en una simple mascarada, que remeda un procedimiento en el que no se decide nada, ya que las decisiones se toman arbitrariamente en otras instancias.

Ha quedado comprobado que el mecanismo del cuoteo político desemboca inevitablemente en una Administración de Justicia sometida a las influencias políticas de turno y pervierte los principios de autonomía e independencia que deben poseer los magistrados de todas las instancias.

Sabemos que eliminar el cuoteo es una tarea difícil, pero también sabemos que sólo depende de la voluntad de los actores políticos, no depende de nada más. Por eso, proclamar la imposibilidad de eliminarlo es buscar una excusa inaceptable para dejar de hacer lo correcto.

Hace un año y medio, propusimos desde el Partido Patria Querida. A una reforma que en aquel momento y rodeado de muy diferentes circunstancias considerábamos imprescindible.

Propusimos un ACUERDO POLÍTICO -no un simple cuoteo- para reformar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, estableciendo un concurso público de oposición real, donde la valoración de los currículum de los candidatos se haga de manera objetiva, con valoración numérica de los títulos de grados, posgrados, doctorados, publicaciones, servicios a la comunidad y otros elementos mensurables y comprobables, y una segunda etapa donde la valoración de la "notoria honorabilidad" -requisito establecido como sine qua non para los ministros de la Corte en la Constitución- pueda ser ejercida de manera directa y a través de los medios de comunicación, por la ciudadanía toda, organizaciones sociales, gremios, universidad y otros.

La propuesta no contó con el apoyo del Ejecutivo que, en su momento, se jugó por la nominación de un candidato a la Corte en particular y finalmente se terminó dilapidando la oportunidad.

Hoy de nuevo, el Ejecutivo llama "realismo político" a una de las claudicaciones más perniciosas que ha tenido hasta la fecha. Ya no solo NO rechaza el CUOTEO, sino que lidera su implementación y sus discursos de la búsqueda de una Justicia saneada no tienen más remedio que aparecer como cínicos e hipócritas.

CORAJE. No podemos olvidar que existen muchos magistrados y fiscales que honran con coraje su cargo, y es nuestra obligación apoyarlos sin complejos, ya que sin ellos toda esperanza de redención judicial se convertirá en una inalcanzable utopía.

Si el país pretende dejar atrás el subdesarrollo, debe abocarse con coraje a reformar a fondo la administración de Justicia. Si no lo hacemos, seguiremos por mucho tiempo integrando el grupo de los países que espantan a las inversiones y que son incapaces de otorgar un árbitro confiable en las naturales disputas que se producen en toda sociedad.

Para iniciar un proceso de reforma, es necesario lograr un acuerdo entre todos los partidos políticos sobre la base de un objetivo común: buscar la transición de un Poder Judicial sometido al poder político de turno a uno razonablemente independiente del mismo. Pero también es necesario una fuerte presión social y de los medios de prensa. Sin estos, quienes pretenden seguir distribuyéndose los cargos en el Poder Judicial no se sentirán obligados a cambiar sus conductas, ya que no deberán rendir cuentas por las mismas. Se debe terminar con la actitud de resignación social que tolera el cuoteo porque cree que no es posible eliminarlo.

La opción es clara, o elegimos quedarnos en el subdesarrollo con una administración de Justicia deficiente, o intentamos construir una Justicia confiable y un país desarrollado.

(*) Diputado por el Partido Patria Querida.

Ha quedado comprobado que el mecanismo del cuoteo político desemboca inevitablemente en una administración de Justicia sometida a las influencias de turno.

Fuente: Última Hora 4/07/2010