Sí al cuoteo

LA IMPROVISACIÓN Y LA IMPULSIVIDAD PRODUCEN DAÑO

Ruido produce la campaña del "no al cuoteo", impulsada por personas de poca solvencia técnica aunque tal vez motivadas por reclamos dignos de atención.

Las deficiencias del sistema adoptado en la Constitución están en la base del problema y poco se habla de ellas. Se proponen remedios peores que la enfermedad, que colisionan con el régimen constitucional y con lo elemental de la doctrina y el derecho comparado.

Todos los sistemas que funcionan bien en el mundo aceptan racionalmente que la integración de las cortes supremas, poderes del Estado, no escapa a las consideraciones, intereses y maniobras de la política del momento. Ello es inevitable. Los reclamos de los contrarios a eso que llaman el "cuoteo", son parte del mismo proceso que llevó a Fernando Lugo a la Presidencia.

Esto acarrea el riesgo de que los integrantes de la Corte estén expuestos a los vaivenes de la política, normales en lo que afectan al Ejecutivo y al Legislativo, de cuya articulación por atribuciones constitucionales, depende la designación de la Corte Suprema.

Los sistemas políticos plasmados en las constituciones de los civilizados han elaborado sofisticados y eficientes contrapesos procesales para compensar lo que es de la naturaleza republicana y democrática. Uno de ellos es encomendar, de manera franca y transparente, la designación del ministro de Corte, al producirse vacancia, al jefe de Estado del momento. Si está en el cargo es porque representa la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.

Se supone que el presidente sabrá escoger una persona afín con los objetivos generales y altos principios políticos de la sociedad que lo eligió. A la vez, para evitar la designación de alguien objetable por honorabilidad o idoneidad, la designación se somete al control del pueblo a través del Senado.

Una vez lograda la designación por ese procedimiento de responsabilidad política y de severo examen, hay que garantizar que el ministro goce de todas las garantías para ejercer su cargo, proveyendo justicia y juzgando hasta al mismo Gobierno que lo nombró y al Senado que lo aprobó.

Para ello se instituye la inamovilidad vitalicia, o hasta cierta edad, en el cargo. Así, el ministro de Corte estará menos expuesto a las miserias de la política y tendrá, hasta un alto punto, blindaje contra presiones y extorsiones, ganando en autonomía, independencia e imparcialidad.

La inamovilidad también tiene como efecto positivo limitar que cada Gobierno de turno o hegemonía política circunstancial "pulverice" cortes para rearmarlas a su conveniencia. Con la inamovilidad los presidentes y senados tienen limitadas posibilidades de incidir en la integración de las cortes. Raramente habrá durante sus cortos mandatos más de una oportunidad para sustituir ministro. Con ello se logra que los cambios impulsados desde la política sean moderados y no afecten los requisitos de continuidad y prudencia con los que debe ejercerse la alta magistratura judicial, lo que hace a la seguridad jurídica de la que tanto se habla y poco se entiende.

Si se mantiene el criterio de que los ministros duran cinco años, jamás tendremos Corte Suprema estable, independiente e imparcial. No es una cuestión "de hombres" como vulgarmente se dice, es cuestión de "sistema". Hay que mirar el mundo, la historia y leer los libros que se pueden bajar gratis por internet.

Entonces, la situación requiere un tratamiento serio.

En primer lugar, hay que pactar políticamente el desempeño del Consejo de la Magistratura, que tiene atribuciones constitucionales antidemocráticas impracticables. En segundo, sin contravenir la Constitución, lo que es posible, hay que establecer la inamovilidad hasta los setenta y cinco años para los ministros de Corte. En tercero, negociar políticamente un calendario que sustente los cambios que se quieran hacer, incluyendo en la negociación a los ministros de la Corte, porque de ellos se trata y tienen autoridad y atribuciones para intervenir en el proceso.

Finalmente, aprender que las cortes no son órganos de "representación", como las cámaras del Congreso, sino "representativos" de sinnúmero de variables que interactúan en la sociedad y reflejan lo político, por mecanismos diferentes a los de los órganos que tienen origen electoral directo.

Si se cambia toda la Corte o gran parte de ella, la designación de los nuevos miembros deberá hacerse en un acuerdo político, basado en la voluntad electoral expresada en las cámaras del Congreso.

Los activistas del "no al cuoteo", al proponer renovaciones que llegan al "que se vayan todos", impulsan un nuevo y más salvaje "cuoteo".

Ojalá entiendan que el desconocimiento, la ignorancia, la improvisación y la impulsividad producen daño, por buenas que se autoproclamen las intenciones.

Por Adolfo Ferreiro - adolfo.ferreiro@gmail.com

Puede Opinar en UH Digital 18/01/09