lunes, 14 de diciembre de 2009

Y la impunidad se hizo derecho

Esta ha sido la semana de los Derechos Humanos. Informes de todos los colores se cruzaron para sentenciar más o menos lo mismo: que hay déficit en materia social y que uno de los problemas principales de la ingobernabilidad es el presidente Fernando Lugo por su incapacidad de conseguir apoyo legislativo a sus proyectos.

Este diario publicó también una encuesta sobre los 15 meses de gestión. Pocos aplausos y mucha resignación sería en resumen la calificación para el Gobierno. Los palos más duros fueron para el Congreso y la Justicia, dos poderes que viven a espaldas de la realidad y demasiado lejos de la gente.

PODER JUDICIAL. Así como fue una semana de evaluaciones en materia de DDHH, también fue una semana de informaciones que delatan con cruda realidad la decadencia de la Justicia.

Como el caso de la jueza Nilse Ortiz, quien fue amonestada por el Tribunal de Ética Judicial por plagiar un libro. Pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entendió que no. Y los ministros Antonio Fretes, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco blanquearon a la magistrada y con ello premiaron la piratería. Con razón, Paraguay está siempre en un lugar privilegiado en este indeseable ránking.

Pero una fiscala le dio un toque de glamour al deterioro judicial. Mirtha Ortiz, según investigación de su colega Arnaldo Giuzzio, utilizó sin ningún tipo de pudor parte de G. 9 millones correspondientes a una evidencia para un implante de siliconas. Pero su fechoría no acaba allí, porque además la acusan de apropiarse de una computadora, un lote de joyas, una portentosa camioneta Ford Explorer, que formaban parte de evidencias varias.

Autos, joyas y siliconas son las "armas" de esta fiscala en su búsqueda incansable de la justicia.

La movida judicial finalizó con la absolución a Luis González Macchi, quien se sumó a la lista de ex presidentes beneficiados con el sello de la impunidad. Casualmente, los fiscales y jueces nunca encuentran las pruebas para culpar a los poderosos. En estos casos, el arma más utilizada es la chicana o los "errores de forma". Así por lo menos señala la Corte Suprema en su sentencia en el caso González Macchi. Como si fuera poco, ahora el Estado, o sea todos nosotros, debe pagar las costas (gastos judiciales) que demandó el proceso.

BAJO EL YUGO DE LA POLÍTICA. Los políticos en la Constitución de 1992 tejieron una perfecta trama para tener al Poder Judicial bajo control y así garantizar actuales y futuras impunidades. Por eso se dice que los políticos cuando roban lo hacen en cantidades industriales porque saben que al dejar el calor del poder serán presa fácil de la investigación judicial. Gracias a esa acumulación de dinero, logran distorsionar los procesos y al final quedan impunes. Habrán gastado varios millones de los millones que se robaron, pero jamás pisan la cárcel.

Un caso que muestra el control político de la Justicia es el Consejo de la Magistratura, donde un grupo retiene la terna de candidatos para la Justicia Electoral. Hace tres meses que el organismo eligió la terna, pero por razones partidarias y bajo la batuta del Unace, los candidatos fueron congelados hasta tanto negocien con otras bancadas en el Congreso para forzar el nombramiento del hombre de Lino Oviedo para el TSJE.

DESCONTROL. En este mismo contexto, aparece la figura del no menos controvertido ministro colorado Juan Manuel Morales. Este diario desnudó el perverso esquema del prebendarismo en la Justicia Electoral con la masiva y descontrolada contratación de funcionarios. Tanta es la cantidad, que el TSJE se convirtió en una agencia de empleos que "exporta" funcionarios a otras oficinas del Estado, incluyendo hospitales. Este diario demostró que tales comisionados son planilleros o fantasmas.

Morales, sin el mínimo rubor, admite que el ejército de planilleros son operadores políticos, lavándose las manos.

Los partidos políticos, oficialistas y opositores prefieren ponerse lentes oscuros y mirar para otro lado. Porque ellos son los responsables directos de ese monstruo llamado TSJE, la institución que a pesar de su trabajo impecable en cada elección, simboliza el prebendarismo en estado puro.

El Poder Judicial y el Poder Electoral son dos instituciones de importancia clave para los ciudadanos. El avance de la democracia depende de los políticos, pero sobre todo de jueces íntegros y competentes.

Estos pequeños casos demuestran cómo funciona el aparato judicial y a quiénes privilegia.

Y después se preguntan por qué la gente cada vez que habla de ellos es solo para pedir sus cabezas.

TEXTUAL

"Nos duele que los paraguayos tengamos que encontrarnos en esta situación. Pretender eliminar a un grupo porque es rico o porque es pobre, es un camino equivocado. Por ese camino no podemos seguir andando. Tenemos ejemplos que optaron por la exclusión de unos o de otros, y el resultado es un permanente conflicto, la ausencia de la paz."


Fuente: Última Hora 13/12/2009

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