Por Estela Ruiz Díaz |
Los partidos políticos armaron una arquitectura perfecta para ejercer el control de todos los poderes del Estado. Así lo plasmaron en la Constitución Nacional. Allí, de manera clara, se establecen los mecanismos para que todas las instituciones de la República estén bajo el mando partidario, desde su nominación hasta su destitución.
El Poder Judicial es uno de ellos. La Corte Suprema de Justicia se conforma tras grandes consensos políticos no precisamente sobre los mejores hombres, sino quiénes son más leales al partido o líder de turno.
El Consejo de la Magistratura (que conforma las ternas de candidatos para la Corte, jueces y fiscales) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que castiga a los miembros del Poder Judicial, están bajo el control partidario.
Así, partidos y organismos de justicia se unen para consolidar la mafia judicial que está matando el país.
Si bien es cierto que la estructura legal está hecha para que los partidos tengan bajo su manto al Poder Judicial, hay acontecimientos que demuestran cómo se están liberando de sus amos.
El primer paso fue cuando la Corte Suprema declaró su independencia con una grosera sentencia de inamovilidad. Entonces, los partidos perdieron cupos para la designación, ya que solamente entran en acción cuando se genera una vacancia. Las otras vías son la jubilación (75 años), inamovilidad o muerte.
Lo mismo está sucediendo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Allí los también ministros inamovibles, el colorado Juan Manuel Morales y el liberal Alberto Ramírez Zambonini, reinan con o sin los partidos políticos. Hay una vacancia que no se llena por la riña partidaria por el cupo.
La Justicia Electoral es un elefante blanco insaciable, que carcome el Estado con su voraz presupuesto. Es la mayor agencia de empleos de los partidos políticos que impune y groseramente llenan las oficinas con sus operadores políticos.
Cuando una fiscala electoral fue pillada in fraganti cobrando salarios ajenos, saltó apenas la punta del iceberg del corrupto sistema del manejo salarial a través de las tarjetas bancarias. Se sabe que un operador maneja varias tarjetas, cobrando el salario de personas que tal vez ni sepan que figuran en la planilla del TSJE. Y esto ni siquiera es clientelismo. Es robo puro.
No se sabe a ciencia cierta cuántos funcionarios contratados existe en la entidad. Unos hablan de 13 mil, otros mencionan 17 mil. Un caos que tiene la protección de los partidos políticos. La herencia colorada y que este Gobierno no logra desactivar es ese Estado prebendario, clientelista y corrupto. El TSJE cumple los tres requisitos.
VUELOS PROPIOS. Más allá de ese matrimonio de conveniencia con los partidos, tanto la Corte como el TSJE han venido mostrando que pueden funcionar sin ellos. Han subido al nivel del corporativismo, donde se protegen ellos mismos de las amenazas externas.
El caso de la suspensión unilateral del conteo rápido que debía hacer la Justicia Electoral en las internas partidarias es un ejemplo.
No se sabe mucho la razón por la que el siempre polémico Juan Manuel Morales rescindió convenio, negando el sistema de la transmisión de resultados preliminares, una herramienta que ha servido a los partidos para tranquilizar los ánimos, ya que refleja quién ganó los comicios.
Hay muchas versiones. Algunos candidatos colorados acusan a Morales de confabularse para favorecer a Arnaldo Samaniego, candidato a intendente de Asunción del neo stablisthment colorado. Otros dicen que forma parte de su estrategia para evitar la concreción del supuesto pacto ANR–Lugo para ubicar a Jorge Rolón Luna en el organismo. Este ya tiene el apoyo del PLRA y Patria Querida para llenar la vacancia; pero Morales quiere a Modesto Monges, del Unace, para seguir con el mismo esquema. Se sabe que Rolón Luna sería un incordio en el TSJE.
La versión señala que el ministro colorado está haciendo demostración de fuerza con los partidos, con anuencia de Lino Oviedo, cuyos operadores tienen muchos privilegios. Otros también señalan que en la ANR están cansados de los desplantes de Morales y que un eventual juicio político a los dos ministros puede entrar en agenda.
EL JUICIO POLÍTICO. La destitución por la vía del enjuiciamiento es la única herramienta que tienen los partidos para mantenerlos a raya. Pero para que ello suceda, hace falta consenso. Los ministros saben que basta con negociar con un sector partidario o algunas individualidades políticas, para evitar la destitución. Reinan con tranquilidad con la atomización. Si no que lo diga Óscar Bajac.
Lo único cierto es que los partidos están perdiendo control absoluto sobre la Corte y el TSJE. Hubiese sido una buena noticia si tal independencia es para implantar la anhelada justicia, lejos de las presiones políticas. Pero sabemos que se están convirtiendo en superpoderes para cometer sus atropellos con mayor impunidad.
"La tasa de desempleo abierto afecta al 6,4% de la población, lo que implica que unas 202.000 personas estaban sin trabajo o buscaron activamente empleo en el periodo que se realizó la encuesta (octubre a diciembre 2009).
(Zulma Sosa, titular de Encuesta y Censos)
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