El Gobierno está a favor de un debate público para la renovación de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Así señaló el secretario general de la Presidencia de la República, Miguel Ángel López Perito, al opinar sobre la propuesta del PLRA de buscar consenso para realizar el cambio total de autoridades en dichas instituciones.
"Nosotros preferimos abrir públicamente una mesa de discusión sobre un tema y llegar a un consenso antes que hacer un acuerdo por debajo de la mesa", expresó López Perito.
El jefe de Gabinete de la Presidencia manifestó que "políticamente es posible hacer los cambios", pero advirtió que hay "mucha gente interesada que frena".
Aclaró que el Ejecutivo "no busca concretar acuerdos por debajo de la mesa" y agregó que "ojalá se discutieran más estos problemas que afectan al país. Lo interesante sería tener un espacio público para discutirlos. Esto es lo que fortalece a la democracia".
NO HAY NOMBRES. López Perito ratificó que hay acuerdo político para que la Fiscalía General del Estado se quede para el oficialismo y la Contraloría General de la República para los colorados.
Sin embargo, dijo que el Poder Ejecutivo aún no manejan los nombres, porque "los candidatos deben presentar sus carpetas en el Consejo de la Magistratura y allí se sabrá quiénes son ellos y quién puede ser del designado. El presidente dirá en su momento", aclaró.
No descartó que uno de los potenciales candidatos a la Fiscalía pueda ser algún agente fiscal que esté haciendo un buen trabajo.
El directorio del PLRA resolvió en la noche del miércoles último plantear a los demás partidos, con representación parlamentaria, la necesidad de llegar a un acuerdo en torno al cuoteo político para la designación de nuevas autoridades en las citadas instituciones.
El titular del PLRA, Blas Llano, informó que no hay otro mecanismo que el cuoteo para los nombramientos. Explicó que existen organismos, como la Corte y el TSJE que están funcionando en forma irregular, sin la totalidad de sus miembros, y otras instituciones cuyos mandatos fenecieron, como la Contraloría y la Fiscalía General.
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