Cinco instituciones fundamentales del país funcionan ilegalmente, en abierta violación de la Constitución Nacional. Los casos más aberrantes son el de la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato venció en julio de 2008, y de la Corte Suprema de Justicia, que actualmente funciona con apenas siete de los nueve miembros. En ninguno de los casos se avizora solución.
La Constitución Nacional, en sus artículos 258, 269, 275, 276 y 281, establece cómo funcionarán instituciones fundamentales, como la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, en todos esos casos, lo que dice la Carta Magna es letra muerta, teniendo en cuenta que todas estas instituciones mencionadas funcionan, en algunos casos, como mejor les convengan a los otros integrantes, o los otros poderes.
La Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial encargada de impartir justicia, desde julio de 2007 funciona en forma irregular. En aquella oportunidad, el ministro Wildo Rienzi (colorado) se acogió a los beneficios de la jubilación y este es el momento en que no se nombra su reemplazante.
El Consejo de la Magistratura había enviado en octubre de 2007 la terna integrada por Emiliano Rolón, Agustín Lovera Cañete e Irma Alfonso de Bogarín. Sin embargo, la dificultad para elegir a uno de ellos está en que cada sector político, ya sea colorado, PLRA, Unace y el presidente Fernando Lugo, pretende ubicar en la Corte a un leal.
En enero de 2009, el presidente Lugo había convocado a una sesión de la Cámara de Senadores par elegir a Emiliano Rolón, propuesto por el castiglionismo.
En agosto de 2009, el Senado eligió a Agustín Lovera Cañete, pero el Ejecutivo lo vetó, y todo volvió a foja cero. En estos momentos no se tiene muy claro si se volverá a completar la terna o se elegirá de entre los dos que quedan.
Mientras se barajaba el nombre del sucesor de Rienzi, en julio de 2009 venció el mandato de otro integrante de la Corte, José Altamirano, dejando a la máxima instancia con siete miembros.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral también funciona con un miembro menos, desde noviembre de 2008, ante la renuncia de Rafael Dendia. El Consejo de la Magistratura logró integrar la terna con Modesto Monges (Unace), Jorge Rolón Luna (PLRA) y Mirtha González (ANR), pero nunca envió al Senado. En julio pasado, González renunció a su postulación y ahora se tiene que volver a completar la terna.
En la Contraloría, Octavio Airaldi (PLRA) está con mandato vencido. El pasado jueves la Cámara de Diputados intentó nombrar a un interino, pero el oficialismo liberal lo impidió. Para nombrar un sucesor, la Cámara de Senadores deberá integrar una terna y la designación queda a cargo de Diputados. Todo indica que Airaldi seguirá en el cargo, en forma irregular, porque el Senado no ha hecho ninguna diligencia para elegir sucesor.
En la Defensoría del Pueblo, hace dos años venció el mandato de Manuel María Páez Monges, pero este sigue en el cargo. La terna debe definir el Senado. Hasta ahora no lo hizo.
El mandato del fiscal general del Estado también está a punto de fenecer. Rubén Candia Amarilla asumió el 1 de setiembre de 2005. El Consejo de la Magistratura ni siquiera llamó a concurso para su reemplazante.
Para muchos, la Cámara de Senadores también funciona con un miembro que asumió irregularmente la banca. Se trata de Alberto Grillón (PDP), quien sin haber sido proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral reemplazó a Rafael Filizzola.
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