La institucionalidad del Estado se mantiene con serios problemas políticos que erosionan a la República. El Poder Judicial, que debe funcionar con autonomía y neutralidad -para garantizar el Estado de Derecho-, sigue con una Corte incompleta. La anarquía y la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso impiden un acuerdo. Pero para solucionar la diferencia, el Ejecutivo plantea la inconstitucional propuesta de renovar la Corte a través de un debate público. Con ella se ignora el funcionamiento de una República.
Entre los actores públicos y políticos debe saberse que, según la doctrina republicana, el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y control recíproco. Este ordenamiento del Poder Público es universal y lo consagra nuestra Constitución en su Artículo 3.
Además, siguiendo la evolución moderna del derecho, nuestra carta política de 1992 establece explícitamente que "ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual y colectiva, facultades extraordinarias o la suma de los Poderes".
Vale decir que esta es la forma de gobierno que rige en nuestro país.
Pero para la nominación de los ministros de la Corte intervienen los dos poderes políticos del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. Este procedimiento -que da lugar a la intromisión política- responde a los principios de soberanía popular y de legitimidad. Los dos poderes políticos provienen del ejercicio de esa soberanía. En virtud de ello, dan una "legitimidad derivada" para la conformación de la Corte.
Sin embargo, con el fin de otorgar preeminencia a los criterios de idoneidad, probidad e ilustración jurídica, la ingeniería constitucional creó dos extrapoderes para la integración de las ternas respectivas: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Estos órganos, en la práctica, vinieron a ser inservibles, pues igualmente están inficionados del régimen de facto del cuoteo político.
Lo cierto es que el Máximo Tribunal funciona irregularmente sin dos ministros. Y todo porque se pretende el control político de la mayoría. Y no para contribuir a la imparcialidad de la Justicia, sino para subordinarla a intereses partidarios, sectoriales o para asegurar la impunidad.
Pero ahora surge del Ejecutivo una insólita propuesta para renovar la Corte, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Plantea un debate público para llegar a un consenso sobre los cambios. Con ello se demuestra una supina ignorancia acerca del funcionamiento de la República y del sistema establecido en nuestra Constitución.
La responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo jamás puede delegarse a una especie de asamblea popular. La que no está contemplada en nuestra carta política, porque el derecho constitucional solo concede a esos dos poderes la atribución para los nombramientos de rigor. Las razones son porque la conformación de la Justicia tiene carácter estrictamente profesional, y porque la propia prudencia jurídica proscribe toda eventualidad política o pública de un manoseo de los candidatos para el alto tribunal, que de antemano debe gozar de confianza.
De nuevo la improvisación lleva al equívoco. Y como ya no puede continuarse con esta avería institucional, es hora de que el Ejecutivo y el Congreso acuerden, de conformidad a la Constitución, una renovación con vistas a la probidad y neutralidad del Poder Judicial.
Pues el debilitamiento del Poder Judicial es inconstitucional.
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