El diálogo para cubrir cargos tiene que priorizar los intereses colectivos

Siguiendo la malsana tradición de imponer criterios que solamente favorezcan a sus intereses, los políticos que llenarán vacancias en la Administración de Justicia intentarán sacar provechos particulares de la coyuntura. Para frenarlos, es necesario que la sociedad civil articule la forma de hacer escuchar su voz y ser tenida en cuenta.

Una de las promesas más atractivas en la campaña electoral de Fernando Lugo, cuando era candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), era la renovación del Poder Judicial. Ya elegido, sin embargo, fue incapaz hasta ahora de establecer conexiones eficaces para alcanzar su objetivo.

Una de las conclusiones más claras de ese fracaso es que sin el consenso de una mayoría en el Parlamento es imposible mover el engranaje operativo del proyecto. Esa constatación implica, en la práctica, negociar con los partidos políticos con representación en las cámaras de Senadores y Diputados y, por lo tanto, hacer concesiones en lo que atañe a la calidad de los candidatos.

Por eso, el Poder Ejecutivo tomó la decisión correcta al establecer un equipo de ministros que inicie el diálogo con los diversos sectores involucrados. De la habilidad para sortear las trabas dependerán los resultados. El hecho de que sean cinco es una determinación acertada, por cuanto que cada uno se moverá de acuerdo a las afinidades, evitando las interferencias que las relaciones de los negociadores puedan tener con legisladores.

Es obvio que el nexo constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, el vicepresidente Federico Franco, no puede ser el puente por la tirantez que existe entre las más altas autoridades del país. Si se utilizara esa vía, la iniciativa nacería ya muerta. Una cosa es lo formal y otra la que dictan las posibilidades de avanzar con una propuesta. Si lo primero es lo que debe ser, lo segundo es lo que puede ser.

Conociendo a la clase política paraguaya que da la espalda a los anhelos más sentidos de los ciudadanos y que disputa para obtener ventajas para su partido o su movimiento, el obstáculo más duro de roer para nombrar nuevos miembros de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE), así como designar a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General de la República, van a ser aquellos que en teoría fueron elegidos para beneficiar al país, no para perjudicarlo.

De acuerdo a esa tradición que pocas veces se rompe, el escenario dentro de corto tiempo será el de un tire y afloje para nombrar a los que responden a los intereses de cada sector en pugna. Como los cargos no alcanzan para satisfacer a todos, es obvio que los marginados querrán sabotear - una vez más- las tratativas.

Aunque no va a estar convidada para hacer escuchar su voz de manera directa, es necesario que la sociedad civil organizada articule los medios para que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta. Lo que está en juego es de tal relevancia que no puede quedar únicamente en manos de los que ya han dado sobradas muestras de pretender imponer solamente lo que convenga a sus intereses.

Fuente: Última Hora 21/05/2010