La Corte Suprema de Justicia funciona desde hace cuatro años con un integrante menos del que establece la Constitución Nacional y desde hace ocho meses con dos integrantes menos. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, en tanto, desde hace un año y medio tiene una vacancia. El defensor del Pueblo está con su mandato vencido desde el 30 de julio de 2008.
Evidentemente, a nadie le sorprenden ya este tipo de cosas. Hay un antecedente: desde abril de 1999 hasta julio del 2003 la Cámara de Senadores funcionó con 44 de sus integrantes, a pesar de que la Constitución Nacional establece taxativamente que son 45, y nadie se escandalizó demasiado o, si lo hizo, no tuvo ninguna consecuencia legal para algún responsable (o irresponsable).
Las excusas de parlamentarios, integrantes del Consejo de la Magistratura y políticos en general para explicar esta situación son de toda laya. Algunos inclusive se burlan abiertamente de la ley, como el diputado Gustavo Mussi, presidente del Consejo, quien culpa al Poder Judicial de la farsa que viene montando él mismo para retener la terna de candidatos a llenar la vacancia en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque su partido, Unace, no tiene los votos que necesita su candidato en el Senado.
Son estos mismos parlamentarios los que semana a semana denuncian espantados supuestos ataques a las instituciones, advierten que se falta el respeto a los partidos políticos o se desmayan de indignación porque algún manifestante trasnochado amenaza que va a “barrer” con el Congreso. Cuando son ellos, los legisladores, los que ignoran olímpicamente lo que establecen la Constitución y las leyes no hay ningún problema, parece.
El único inconveniente real que impide normalizar el funcionamiento de estas instituciones con todos sus integrantes es la incapacidad de la mayoría de los políticos de llegar a acuerdos en los que no esté de por medio una abierta repartija de cargos, como se hizo siempre en este país.
El planteo que más se escucha en los pasillos del Parlamento diariamente es el de negociar un “paquete” de cargos para dejar “satisfechos” a todos.
De los partidos con representación parlamentaria, solamente Patria Querida habla de priorizar la idoneidad y la honestidad de los candidatos a estos cargos, sin que importe su pertenencia partidaria. El Poder Ejecutivo también ha expresado esa misma postura. Podrá decirse que justamente son dos de los actores políticos que tienen menor representación en el Congreso y que, por tanto, esta posición es interesada.
Pero, más allá de que eso sea cierto, ¿por qué hay tanto temor de que se pongan como condición para ejercer los cargos la honestidad y la capacidad de los candidatos?
¿Será que la mayoría de los partidos políticos representados en el Parlamento tienen dudas de que existan personas con esas cualidades en sus filas?
Porque eso es lo único que explicaría una negativa tan rotunda a una propuesta que parece tan sensata, obvia y conveniente a los intereses de la ciudadanía.
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