Hace rato que en nuestro país estamos metidos en una crisis institucional. Si no lo advertimos es porque no queremos o porque pretendemos minimizarla. Los poderes del Estado y las instituciones de la democracia funcionan mal o no funcionan.
Tal vez, la cuestión no parece tan grave porque no hay gente en las calles reclamando, pero eso solo indica que la mayoría cree, ingenuamente, que la cuestión no le afecta.
Algunos ejemplos notorios de este mal andamiento institucional son los siguientes:
En el Poder Ejecutivo, el presidente Fernando Lugo dijo ayer que había dado una orden verbal disponiendo cambios en las FF.AA. Si bien lo puede hacer, el detalle es que dicha orden tiene fecha (según se publicó en este diario) de cuando estaba internado en Brasil y en ese momento, la presidencia era ejercida por Federico Franco, con todas sus prerrogativas.
En el Poder Legislativo, el Senado funciona desde hace algunas semanas con 44 integrantes, uno menos del mínimo que establece la Constitución Nacional. Ya ocurrió durante cuatro años, en el anterior periodo y nadie se escandalizó a pesar de que era una evidente, pública y notoria violación de nuestra ley fundamental. Ambas cámaras del Congreso incumplen también, por motivos políticos, desde hace meses obligaciones constitucionales y legales como la de designar defensor del pueblo y contralor general de la República.
En el Poder Judicial, los cuestionamientos a los magistrados y a los mismos ministros de la Corte Suprema son incontables, por fallos de innegable contaminación político-partidaria, pero no parecen producir ningún efecto. Tampoco las denuncias por el nepotismo galopante o el tráfico de influencias. Los miembros de la Corte, que deberían evitar la impunidad, son quienes más gozan de ella.
El Consejo de la Magistratura retiene desde hace meses la designación de un integrante de la terna para llenar una vacancia en la Justicia Electoral. A su vez, la Justicia Electoral –integrada por un personaje sospechado fundadamente de que fue delator durante la dictadura stronista y por otro que plagió una tesis doctoral– es una cueva de operadores políticos, la mayoría de los cuales cobra sueldo sin cumplir ninguna función en ese organismo.
Y así podríamos seguir interminablemente, porque son varias las instituciones que cumplen mal o no cumplen su función. El hecho que nadie se preocupe de lo que ocurre debería preocuparnos a todos. Cuando se relativiza el cumplimiento de las leyes y las obligaciones constitucionales, cuando se “interpretan” las cuestiones judiciales y legales en beneficio de personas particulares o de grupos políticos, cuando se instala de a poco la idea de que con mayorías circunstanciales se puede imponer decisiones o trabar el funcionamiento de las instituciones, vamos cayendo peligrosamente en el descreimiento y el hartazgo generalizado, sentimientos que son casi siempre el caldo de cultivo para regímenes autoritarios cuya actuación en nuestro país trae recuerdos trágicos y cuyo retorno deberíamos evitar, con la sencilla fórmula de cumplir la Constitución y las leyes.
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