lunes, 13 de diciembre de 2010

Jueza rechaza pedido de síndico por ser desventajoso para acreedores

El síndico Juan Figueredo pretendió homologar un acuerdo sobre bienes muebles e inmuebles del BNT, vendidos en G. 1.050 millones. La jueza rechazó el pedido, porque el pago se iba a efectuar en cuotas.

La magistrada en lo civil Mirtha Ozuna de Cazal resolvió no hacer lugar a la solicitud de homologación que presentó Figueredo. La magistrada criticó duramente al síndico por impulsar una operación desventajosa para la masa de acreedores.

“Es importante analizar el acuerdo cuya homologación pregona el agente síndico. En ese sentido, en la cláusula tercera se establece el precio, con una ínfima entrega, que de hecho en nada beneficia a la masa concursal, y cuotas que van hasta 356 meses. En la cláusula cuarta se establece que los mismos bienes quedarán prendados e hipotecados a favor de la fallida, convirtiendo esta en una operación de carácter financiero, no prevista bajo ningún punto de vista en la normativa concursal, que es eminentemente liquidatorio; y que el juicio de quiebras está orientado a realizar y liquidar en un procedimiento único los bienes de una persona natural o jurídica. Conforme a la profusa jurisprudencia en relación con la venta privada de los bienes activos de los fallidos, se tiene que el pago del precio debe ser de contado y en efectivo, en especial, resultando siempre libre de gastos para la masa concursal”, sostuvo en una parte de su resolución Ozuna de Cazal.

Figueredo propuso a la jueza que dé su visto bueno para homologar el acuerdo respecto a la venta de muebles e inmuebles del Banco Nacional de Trabajadores por suma de G. 1.050 millones, pagaderos de la siguiente forma: 1) G. 150 millones al ser homologado el acuerdo; 2) G. 90 millones seis meses después; 3) G. 90 millones doce meses después; 4) 90.000.000 diez y ocho meses después; 5) 90.000.000 veinticuatro meses después; 6) 270.000.000 treinta meses después; 7) 270.000.000 treinta y seis meses después.

“De materializarse la presente homologación de acuerdo celebrado entre el agente síndico, en calidad de enajenante de los bienes activos de su representada y el señor Fernando Traba, importaría una clara transgresión a la norma que impone la correspondiente autorización del juez de la quiebra”, enfatizó la magistrada.

La venta en cuotas, pese a que está prohibida por la ley, sería una práctica común en las quiebras administradas por Figueredo. Esta modalidad, llevada adelante al margen de la ley, produciría beneficios, pero no a la masa de acreedores.

Figueredo es muy criticado, pero pese a ello algunos miembros del Consejo de la Magistratura lo quieren incluir en una terna para juez civil de Asunción.

VENTA FRAUDULENTA

- Figueredo es investigado por la fiscala Silvia Cabrera por la supuesta comisión del hecho punible de favorecimiento al deudor.

- El síndico vendió un crédito de G. 8.000 millones que la quiebra del Banco Unión tenía en la convocatoria de acreedores de Cipasa, en solo G. 2.000 millones.

- La compra la hizo la firma Campos Guaraníes, presidida por Jesús Oscar Eijo.

- La empresa que adquirió el crédito es “fantasma” según informe de Hacienda.

- Eijo es el que aprobó el balance en el pedido de convocatoria de Cipasa, de Roberto Antebi. - Hubo un perjuicio de G. 6.000 millones para la quiebra del Unión.

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