En marzo pasado, el fiscal acusador Pedro Cano pidió a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que estudien la sentencia a los miembros del Tribunal de Cuentas Meneleo Insfrán, Francisco Recalde y Florencio Almada.
En la foto de archivo, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento en una de las sesiones del organismo realizadas este año.
Los magistrados enjuiciados y suspendidos en el cargo ordenaron reponer en la Corte a los ex ministros Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea (ya fallecido), removidos por juicio político por el Senado.
Los miembros del Tribunal de Cuentas integraron la Sala Constitucional y ordenaron al Senado, al Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura a que se abstuvieran de elegir al reemplazante de Wildo Rienzi y de ternar el cargo de José Altamirano.
La sentencia provocó una reacción del Congreso, que amenazó con remover a los actuales ministros, quienes en pleno dejaron sin efecto el fallo y suspendieron a los camaristas.
Los ministros dijeron, en forma contundente, que los tres miembros del Tribunal de Cuentas atentaron contra la Constitución y alteraron el equilibrio entre los poderes del Estado.
Pese a esta grave acusación de la Corte, que quedó plasmada en una resolución, el Jurado no se expide sobre el caso.
El fiscal cita como pruebas instrumentales a ser estudiadas por el Jurado la declaración número 1 de la Comisión Permanente del Congreso, de fecha 31 de diciembre de 2009; nota de la Comisión Permanente del Congreso, de fecha 4 de enero de 2010; copia autenticada del Diario de Sesiones correspondiente a la reunión extraordinaria del 12 de diciembre de 2003: nota remitida por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso nacional, nota de la Secretaría Judicial 1 de la Corte Suprema, oficio del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados número 1 de fecha 1 de enero de 2010, dirigido al presidente de la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente de ese órgano.
El Jurado está presidido por el abogado Enrique Bacchetta. La integran además los ministros Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser (quienes se apartaron del caso); los senadores Miguel Angel González Erico y Jorge Oviedo Matto, los diputados César López y Jorge Avalos Mariño.
Se habla de una injerencia política en el caso para “salvar” a los tres magistrados enjuiciados, que según la propia Corte se extralimitaron en sus atribuciones al querer privar al Senado y al Ejecutivo de sus atribuciones constitucionales.
LO QUE AFIRMA LA CORTE
“Igualmente, lo resuelto en los Acuerdos y Sentencias Nº 951/2009 y 952/2009, dictados por los magistrados originarios del Tribunal de Cuentas han vulnerado el armónico funcionamiento del Gobierno, ejercido por los tres poderes dentro del régimen de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Del análisis de la parte resolutiva de las mencionadas decisiones judiciales se advierte con claridad que en ellas existen extralimitaciones fuera de todo orden constitución y legal”, afirmó la Corte en la Resolución número 2382, el 5 de enero pasado, por la cual suspendió a Insfrán, Recalde y Almada, y dejó sin efecto las sentencias que ordenaron la reposición de los ex ministros.
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